Ante la decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el presupuesto de este año, las universidades nacionales ven con incertidumbre el inicio de 2024. Con un panorama inflacionario que empeora a partir de la desregulación de los precios y el aumento de tarifas, el congelamiento de los recursos operará como un contundente ajuste a la educación superior.
En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) envió a la Secretaría de Educación un presupuesto de 2,5 billones de pesos, que representa cerca de un 300 por ciento de aumento en relación con la partida inicial que recibieron las casas de estudios para 2023. De no aprobarse, rectores y gremios docentes advierten que se comprometería el funcionamiento de las universidades a partir de abril: afrontar 2024 con el ingreso nominal de enero 2023 se volvería inviable, en especial si se tiene en cuenta que este año terminará con una inflación cercana al 180 por ciento.
Las nuevas autoridades de Educación —exministerio degradado e incorporado a la cartera de Capital Humano— se presentaron formalmente ante el Comité Ejecutivo del CIN el martes pasado. Al día siguiente hubo un segundo encuentro, en el que tanto el titular de la secretaría, Carlos Torrendell, como Alejandro Álvarez, quien será subsecretario de Políticas Universitarias, se comprometieron a estudiar las demandas más urgentes de los rectores en materia operativa. "Actualmente las cuestiones de corto plazo que nos ocupan son el pago de salarios de diciembre que se realiza en enero y el abono de las resoluciones firmadas por el gobierno anterior", dijo a Página|12 el vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo. Las resoluciones adeudadas son asignaciones de fondos que fueron comprometidas por la gestión anterior y están pendientes de pago.
Pero la principal cuestión a resolver de cara al año entrante es el crédito con el que contarán las casas de estudios superiores al abrir sus puertas. Desde el CIN —el organismo integrado por los rectores de todas las universidades nacionales— reclaman una actualización del presupuesto de 2023, que fue de 752 mil millones de pesos, para encarar el próximo año con 2,5 billones de pesos. El aumento de más del 300 por ciento surge de considerar lo mínimo que estiman necesario para funcionar durante 2024, sostienen los rectores.
Las autoridades universitarias ven con preocupación que se reitere el valor otorgado en 2023, con una inflación que algunas consultoras sitúan cercana al 180 por ciento para el cierre del año y con subas de precios y liberación de tarifas que afectarán notablemente la estructura de gastos de las universidades. "Lo que pedimos no es un presupuesto aspiracional, ni apuntamos a que con esto las universidades vayan a desarrollarse y crecer, sino que es el mínimo para abrir las puertas, porque vamos a tener un problema muy grande cuando haya inconvenientes con las tarifas, los comedores universitarios, las becas o los insumos para investigación", sostuvo Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis. En ese sentido, aseguró que en caso de reiterarse el presupuesto 2023 "nos va a alcanzar para cuatro meses".
Para Moriñigo, las reuniones con el Gobierno han sido positivas, ya que "no se habló de la palabra voucher, privatización, ajuste ni cierre". Sin embargo, aseguró que cada institución está realizando una planificación financiera para afrontar el recorte presupuestario, aun si se aprobara lo pretendido por el CIN. "En mi universidad ya hemos establecido prioridades. Lo académico de grado y posgrado y de nuestra escuela secundaria, la investigación en ciencia y tecnología y el sostenimiento de las becas son los puntos que vamos a priorizar. Afuera queda el relacionamiento con la sociedad puntana que no vamos a poder continuar", lamentó.
En la misma línea se manifestó Enrique Mammarella, rector de la Universidad del Litoral, quien ilustró las dificultades que enfrentarán las universidades en caso de prorrogarse el presupuesto de este año: "Es como que te dijeran que con el salario que cobraste en enero del 2023 vas a tener que vivir todo el 2024". Por su parte, el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, anticipó un trabajo conjunto con el gobierno provincial para afrontar la merma en recursos nacionales.
Profesores en alerta
Los docentes universitarios vislumbran un ajuste generalizado sobre los trabajadores, que recaerá con fuerza en el sector de la enseñanza superior. Desde los sindicatos afirman que la dinámica de negociación salarial con el gobierno anterior les permitió seguir de cerca la inflación durante el último año. "Vemos con preocupación cómo están aumentando los precios. Vamos a tener la reapertura de nuestra paritaria en febrero del año próximo. Y lo que vamos a pedirle al Gobierno es recuperar lo que estamos perdiendo por inflación, que va a ser muchísimo", dijo a este diario Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). La paritaria del sector cerró un 10 por ciento de aumento para febrero, cuando esperan retomar las negociaciones, pero Ricci advierte que "no va a alcanzar para cubrir la inflación de diciembre y enero. Estimamos que vamos a quedar 40 o 50 puntos debajo de la inflación".
"Todas
las medidas que está tomando Milei son en contra de
los trabajadores en general. El tema universitario queda subsumido en muchos otros problemas, como la derogación de la ley de alquileres que afecta a muchos docentes inquilinos, la desregulación de las prepagas, las tarifas y el precio de los alimentos, lo que se traduce en una brutal transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los grupos económicos concentrados", sostuvo Ricci, quien participó de la última reunión del Consejo Directivo de la CGT para preparar la declaración de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei. El miércoles
marcharán a tribunales para presentarlo.
También la Conadu convocó a la movilización. "Milei está llevando adelante una guerra en distintos frentes. En el marco del desfinanciamiento de las políticas públicas, el congelamiento del presupuesto universitario significa que las universidades van a ver paralizado su funcionamiento", dijo Federico Montero, secretario de organización de esa federación. Advirtió que esta situación puede profundizar la licuación de los salarios. "Durante el gobierno de Macri perdimos cerca del 20 o 25 por ciento de poder adquisitivo, que es lo que podríamos perder en un mes con Milei si se espiraliza la inflación, y va a ser muy difícil que lo podamos recuperar".
Asimismo, Montero señaló que el DNU se monta en ese dispositivo de ajuste al cercenar el derecho de los docentes a realizar medidas de fuerza. "El decreto criminaliza la protesta social al declarar como esenciales las actividades educativas con el objetivo de restringir las posibilidades de huelga. Nos recortan el presupuesto, nos congelan los salarios y nos limitan la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta. El sector universitario se va a ver fuertemente castigado en el marco de esta ofensiva que el gobierno de Milei lleva adelante contra un modelo de Estado y de sociedad".
