Antes de que se cumplieran los dos años de la aparición de un video que mostraba cómo funcionarios provinciales de Cambiemos, jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios concertaban cómo meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, la justicia federal benefició con una falta de mérito a todos los implicados.
El 27 de diciembre de 2021, la entonces interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había hallado un video de una reunión que se había llevado a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. En esa grabación se veía cómo se armaba un dispositivo para encarcelar a Medina, dirigente de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). En la grabación se escuchaba también a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, entusiasmarse con tener una “Gestapo” para embestir contra los sindicatos.
La causa tramitó inicialmente en los tribunales de La Plata, donde el juez federal Ernesto Kreplak procesó a todos los funcionarios. Sin embargo, cuando el expediente pasó a Comodoro Py, la Sala II de la Cámara Federal revocó esos procesamientos.
La decisión de dictar una falta de mérito para los implicados se tomó el 15 de diciembre, pero recién trascendió este martes. Los beneficiados son Villegas, el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsecretario de Justicia Adrián Grassi, el exintendente de Julio Garro, el exsenador Juan Pablo Allan –que suena como funcionario del gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad– y los exjerarcas de la AFI macrista Darío Biorci (gabinete), Juan Sebastián de Stefano (Jurídicos) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
También se llevaron una falta de mérito los empresarios Marcelo Jaworski, Ricardo José Alconada Magliano, Bernardo Luis Zaslascky, Jorge Oscar Del Río, Guillermo Federico Moretto y Fabián Rolando Cusini.
El juzgado, además, decidió requerirle información a la AFI sobre el contexto del hallazgo del video –lo que daría cuenta de una intención de investigar a los denunciantes y no a los denunciados. El organismo –actualmente a cargo de Silvestre Sívori– deberá informar si hay algún protocolo que ordene registrar reuniones, quién dio la orden de grabar ese encuentro, en qué fecha y quién clasificó esa información –es decir, le dio entidad de secreta.
El fiscal de la causa, Franco Picardi, recurrió las faltas de mérito que favorecieron a los exfuncionarios y empresarios. Serán los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal –Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah– quienes deberán revisar la decisión de la primera instancia.
Tanto Llorens como Bertuzzi tienen en su historial la caída de varias causas sobre el espionaje durante el macrismo: los dos le dictaron el sobreseimiento de Mauricio Macri por la vigilancia ilegal sobre las familias del ARA San Juan y dijeron que los Súper Mario Bros –los policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI– eran “cuentapropistas” y no obedecían a un plan sistemático de espionaje.
