“Hoy vemos que no hay una política pública explícita para la ciencia y técnica pero podemos inferirla a partir del proceso de desfinanciamiento y desmantelamiento del sector. Hay retrocesos muy fuertes en la producción pública de medicamentos, en los satélites geoestacionarios, la agricultura familiar y el sector nuclear, entre otros. Hay ruptura de equipos de trabajo y expulsión de ingenieros”, describió Diego Hurtado, físico e historiador de la ciencia y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de CyT en el MINCyT. El especialista participó en un panel sobre “el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico” en el marco del cuarto Congreso de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad de Quilmes (UNQ). Hurtado, junto a otros expertos, analizaron el impacto de la innovación tecnológica sobre la creación de empleo, la falta de interés del Gobierno por el sector científico-tecnológico, el rol del Estado en las economías con alto grado de innovación, el mito del emprendedurismo y el caso testigo de Arsat.

“Desde un comienzo, la teoría económica ponderó la relevancia del sector del conocimiento y la innovación para el desarrollo y el bienestar. En cambio, los neoclásicos sugieren comprar tecnología. No es que los neoclásicos sean locos, es que según su plan productivo no hace falta conocimiento de punta. Lo que se necesita de ciencia se puede comprar afuera. Es decir, en un país que elige producir commodities, hacer ciencia no tiene mucho sentido”, comenzó Gustavo Lugones, profesor Emérito e Investigador de la UNQ.

El doctor en ingeniería del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Eduardo Dvorkin, advirtió que “incluso siendo países neoliberales, Alemania o Francia no destruyeron su sistema de ciencia y técnica ni a sus pymes. Por eso nosotros estamos ubicados en el neoliberalismo periférico. Con el Gobierno de Cambiemos pasamos de una lógica de incubación industrial a la lógica comercial de maximizar la utilidad. Obviamente, incubar una industria no maximiza la utilidad de corto plazo sino que maximiza el futuro de la empresa”.

Dvorkin subrayó el rol que el Estado tiene en la complejización de la matriz productiva. “Esto no sólo ocurre en nuestro país. En Estados Unidos, la industria de la aviación, los motores jet, microchips, el desarrollo de las computadoras, Internet, GPS, la energía nuclear y la biotecnología no son monumentos al emprendedurismo privado sino al emprendedurismo del Estado. En el caso de Apple, todas las tecnologías del iPod, iPad y el iPhone fueron creadas por agencias gubernamentales. De hecho, Steve Jobs admitió que Apple se ocupó de la estética, el ensamble y el marketing. Es decir, la tecnología fue un desarrollo por parte del Estado norteamericano”, indicó.

Hurtado puso el foco sobre la conducta empresarial y la política pública. “Vemos un Gobierno que está obsesionado en identificar la mejora de la competitividad con la baja de salarios. Para evaluar esto voy a citar a Alice Amsden, una historiadora de la economía. Amsden estudió la competitividad de las empresas argentinas en los ´90 y encontró que el problema no pasa por el salario sino por las propias empresas. Amsden plantea que las empresas argentinas no tienen profesionalizada su capacidad de gerenciamiento, pocas cuentan con cadenas de mando definidas y su inversión de innovación y desarrollo (I+D) es insignificante. Eso implica que los que trabajadores calificados no son empleados en sectores tecnológicos”, planteó.

“Es decir, uno puede entender que los empresarios peleen por la baja de los salarios, pero no se entiende que sólo hablen de eso. Esto habla de la cultura empresaria. No es lo mismo la cultura empresaria de Invap que la de Techint, Arcor, Pescarmona u otras empresas de la `patria contratista`. Y eso que Invap, a pesar de ser una empresa estatal, recibió en los últimos treinta años menor cantidad de fondos que la patria contratista”, siguió.

Por su parte, Lugones aclaró que “tenemos comprobado estadísticamente que los trabajadores de las empresas innovadoras más virtuosas perciben mejores salarios y tienen mejores condiciones laborales que los de las empresas que no innovan. Esto sirve para destruir el mito de que las empresas innovadoras desplazan trabajadores. Sucede todo lo contrario”. Sin embargo, advirtió que “sólo el 7 por ciento de las empresas en el país tienen esta conducta innovativa”.

En cuanto a la política científica de Cambiemos, Hurtado recordó que “en términos de financiamiento, el peso de la función ciencia y técnica sobre el presupuesto total pasó del 1,53 por ciento en 2016 a 1,4 por ciento en 2017 y 1,22 por ciento en 2018. Aunque nuestro ministro de Ciencia y Tecnología niegue el recorte, las evidencias son muy claras”. “Pero además hay falta de gestión: el Ministerio de Ciencia y Tecnología continúa llevando adelante un programa que comenzó en 2013 de financiamiento a las empresas del cluster eólico. Sin embargo, el año pasado el Gobierno lanzó una licitación para parques eólicos en donde se impide en los hecho la participación nacional”.

Marisa Herrera, investigadora del Conicet que participó en la redacción del nuevo Código Civil y en normas como las de matrimonio igualitario y fertilización asistida, advirtió que el sueldo anual de los 500 investigadores que no ingresaron el año pasado al Conicet representan apenas un día del pago de intereses del BCRA a los tenedores de Lebac. En cuanto a Arsat, el especialista en tecnología espacial, Guillermo Rus, dijo que “la política pública de apoyo al sector fue drásticamente interrumpida y la ley de desarrollo de la industria satelital está en completo incumplimiento. Dentro de diez años, el mundo de la tecnología espacial va a ser vital. Por este rumbo, vamos a ser solo consumidores y habremos perdido el terreno ganado, porque Argentina había empezado a meter un pie en esta industria estratégica”.