“Rechazamos total y absolutamente el ‘protocolo’ de Patricia Bullrich y el DNU del presidente Milei, porque son un claro retroceso económico, político y social a tiempos dictatoriales y por las especiales y graves consecuencias para los más pobres y la clase media”, sostiene un documento que lleva la firma de católicas y católicos y de organizaciones sociales y religiosas de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, mayoritariamente. El texto se ubica en la misma línea de la declaración difundida ayer bajo el título “La democracia está en peligro”, elaborada por Cristianos para el Tercer Milenio y el Colectivo Kevin O’Neill.
Entre los firmantes del nuevo documento se cuentan Adriana Cella (CABA), Ana Cristina Pimentel, Jorge Muñoz, David Lugones y José Mulatero (Neuquén), María Adela Barrasa (Córdoba) y René H. Flores (Buenos Aires). En la lista de adhesiones se suman, también entre otras organizaciones, APDH La Matanza, Espacio Interreligioso Patrick Rice, Fraternidad Laica Carlos de Foucauld y Centro Comunitario Integral Nuestra Señora de Luján (Mar del Plata).
“Asistimos en este Adviento y Navidad a una repetición de la historia de abuso de poder con un Protocolo Antipiquetes y un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia con 366 artículos) emanados por el nuevo gobierno, y en donde se vulneran libertades y se desprotege a las personas, pasando por encima atribuciones del Congreso y donde los grandes beneficiarios son las empresas que ya dieron su conformidad”, se afirma en abierta oposición a los primeros pasos dados por el gobierno de Javier Milei.
El texto, de algo más de dos páginas, se inicia citando un párrafo de la renuncia presentada por el obispo de Neuquén Jaime De Nevares (1915-1995) a la banca que ocupaba en la Asamblea Constituyente de Santa Fe en 1994. "No debo dejar de expresar, sin embargo, mi alarma ante la desmesurada extensión de los poderes presidenciales, que hacen muy tenue la ya tenue división de poderes. Por eso digo, señor presidente y señores convencionales, parafraseando a un personaje argentino que mucho admiro, no quiero asistir a los funerales de la República", sostuvo el entonces obispo, quien fuera una destacada figura de la lucha en defensa de los derechos humanos en el país.
Siguiendo las enseñanzas del obispo y para honrar su memoria, quienes respaldan el pronunciamiento afirman que “nos sentimos en la obligación de pronunciarnos públicamente y jamás ser cómplices con nuestro silencio”
“Parece que la historia vuelve a repetirse”, dicen los católicos recordando que “entre los artículos encontramos por ejemplo la derogación de la Ley de Góndolas y de la Ley de Abastecimiento, que protegía el acceso a alimentos, o la derogación de la Ley de Tierras que en su momento se proponía como marco regulatorio para frenar la compra de tierras por parte los extranjeros de mucho poder económico, como pasó con el británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton”. Y denuncian que “la derogación de esta legislación daría vía libre a la comercialización irrestricta de estos dominios”.
Recuerdan además -siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II- que “al Estado toca impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común”.
Después de hacer una enumeración de cuestiones abordadas por el decreto presidencial se señala que “como cristianos consideramos tanto este Protocolo (antipiquetes) como el DNU como una cesión de libertades, porque no sólo afecta el acceso a la alimentación (que ya estaba endeble por los niveles de indigencia y pobreza que según el Indec tenemos), sino al trabajo de la población y al patrimonio del Estado”. Para subrayar de inmediato que “esta historia ya la vivimos en los 90 al retirarse el Estado como regulador y ende como protector en aras del mercado libre”.
Citando otro documento de la Iglesia (Puebla, 47), el texto señala que “la economía de mercado libre, en su expresión más rígida, aún vigente como sistema en nuestro continente y legitimada por ciertas ideologías liberales, ha acrecentado la distancia entre ricos y pobres por anteponer el capital al trabajo, lo económico a lo social” y como consecuencia de ello “grupos minoritarios nacionales, asociados a veces con intereses foráneos, se han aprovechado de las oportunidades que le abren estas viejas formas de libre mercado, para medrar en su provecho y a expensas de los intereses de los sectores populares mayoritarios”.
Siguiendo ese razonamiento se sostiene que “por esta economía de mercado sólo se benefician los más fuertes, los que tienen el monopolio de alimentos que ahora podrían fijar cualquier precio, a los empresarios que podrán contratar de cualquier forma o a los multimillonarios que podrán comprar miles de hectáreas mientras nuestros pueblos originarios esperan y siguen postergados que se les haga justicia”.
En consecuencia, dicen las católicas y católicos firmantes, “vemos entonces que La Libertad enunciada y publicitada no condice real y concretamente con mejoras en las condiciones de igualdad y de cuidado irrestricto de la Vida”.
