El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, salió al cruce de las versiones que hablan de "aumentos desmedidos" en materia impositiva de parte del gobierno de Axel Kicillof para el 2024. A las recientes desmentidas sobre el tamaño del Estado bonaerense y la realidad contable y proporcional de los fondos que gira la Nación, López echó por tierra los cuestionamientos sobre un incremento que, en algunos casos, oscilará el 300 por ciento.

En la red X, el ministro trazó con claridad la proyección del 2024 en materia impositiva partiendo de una base: el último aumento se estableció en diciembre de 2022 y los que se estipulan estarán en su amplia mayoría por debajo de la inflación estimada.

De aquel diciembre a la fecha, la inflación alcanzó el 210 por ciento, explicó López. Pero cuando se empiecen a pagar los impuestos presupuestados, que será entre febrero y marzo del próximo año, la inflación estimada por consultoras privadas es superior al 300 por ciento. Por ende, los aumentos estarían anclados en la inflación del 2023, y sólo el 8 por ciento de las partidas tendrían aumentos del 300 por ciento.

Los números de López

“Que quede claro: en términos reales lo que paga y pagará un bonaerense sigue debajo de 2019”, afirmó López, y agregó que “sólo el 8 por ciento de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación”.

Lo que el ministro toma como bandera es que, a lo largo de los cuatro años de gestión de Kicillof, los impuestos nunca estuvieron por encima de la inflación anual. Además, aseguró que el aumento promedio tanto del impuesto inmobiliarios rural y así como del urbano será de 200 por ciento, teniendo en cuenta las distintas escalas.

Con este marco de aumentos por debajo de la inflación, López hizo hincapié en los montos reales de los incrementos para no quedar sujeto del valor de los porcentajes que pueden ser leídos de una manera más negativa. Según el propio ministro, el 31,6 por ciento de las de las partidas del impuesto urbano anual no supera los 5 mil pesos, por lo que hoy en día son cuotas que están por debajo de los mil pesos.

“El 49,1 por ciento de las partidas no superará los 10 mil pesos anuales, es decir, cuotas de menos de 2 mil pesos”, remarca el ministro a la vez que agrega que solo un 15 por ciento tendrá que pagar un valor anual mayor a 50 mil pesos.

Además, la Provincia no contará, en primera instancia, con un presupuesto nuevo y prorrogará el de 2023 producto de la decisión del Gobierno Nacional de ajustar en materia económica y no enviar una nueva Ley de Presupuesto al Congreso de la Nación.

La provincia más golpeada

Días atrás, el ministro López hizo públicas dos notas en este medio sobre dos ejes o “mitos” que se establecieron sobre la provincia de Buenos Aires: el “despilfarro” de fondos y la idea de que es un Estado “elefantiásico”. Ambas fueron refutadas por el ministro, al igual que la teoría de que los aumentos en los impuestos son desmedidos y que buscan paliar los fondos que perdería de parte de la Nación.

Para las anteriores dos desmentidas partió de una premisa incuestionable: la provincia de Buenos Aires concentra el 38 por ciento de la población del país y el 44 por ciento de la totalidad de las personas por debajo de la línea de la pobreza de todo a nivel nacional. Pero al mismo tiempo, es la que más produce, con un 50 por ciento de aporte en materia industrial, es la que más exporta, y es la que provee a la Nación del 40 por ciento de los fondos coparticipables. Pero sucede que es la que, proporcionalmente, menos recibe en recursos: sólo un 24 por ciento de los fondos que se reparten con el resto de las 23 provincias y la Capital Federal.

Precisamente, López remarcó que, más allá del perjuicio en el que está envuelta la provincia, durante los últimos cuatro años la Nación sólo le giró el 40 por ciento de las transferencias no automáticas. Es decir, lo que le correspondería si se tomara como condición la cantidad de habitantes, algo que no sucede con la coparticipación, donde el sistema de distribución está regido por un coeficiente producto de una ley de 1987.

Según el propio ministro, la cuenta es clara: entre fondos automáticos y no automáticos, la provincia de Buenos Aires recibió entre 24 y 25 pesos por cada 100 que distribuyó la Nación. Volviendo al eje población, se descubre la desventaja.

Esta desproporcionalidad también está presente al momento de dilapidar el argumento de que el Estado provincia es “elefantiásico” o que debería ajustarse. López expuso que la provincia de Buenos Aires es la que menos fondos destina por habitante al momento de satisfacer todas sus necesidades en comparación a lo que hacen el resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, Buenos Aires es la segunda provincia con menos empleados públicos cada mil habitantes, sólo por debajo de Córdoba. Actualmente, el gobierno de Kicillof tiene 34,6 trabajadores estatales por cada mil bonaerenses, más de 30 por debajo del promedio general del país que está por encima de los 66 trabajadores cada mil habitantes.

La baja coparticipación y la ausencia de recursos que compensen esta situación fueron llevando, tal como indica el ministro, a un deterioro en su infraestructura que pone en clara desventaja al gobierno de turno. 

Por tomar un ejemplo, no cuenta con todas las escuelas que necesita para dar las correspondientes condiciones de estudio al segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica con más de 5 millones de chicos y chicas escolarizas. Una situación ni siquiera puede solaparse con el récord de más de 200 instituciones educativas inauguradas.

La discusión parlamentaria 

La postura de López se da en el medio de las negociaciones con la oposición para conseguir su aprobación en la Legislatura bonaerense. Este jueves fueron citadas a sesionar ambas Cámaras con la intención de aprobar la Ley Fiscal Impositiva 2024, el proyecto de endeudamiento enviado por el gobernador pidiendo autorización para tomar deuda por un equivalente a los 1.800 millones de dólares, así como la emergencia económica. 

Desde la oposición aún hay tonos de incertidumbre. La fiscal impositiva ingresará por el Senado, convocado a sesionar a las 15 horas. Allí, el oficialismo cuenta con 21 bancas, y la oposición, entre PRO, radicalismo, libertarios y algunos sueltos, tiene 25. Fuentes del macrismo en la Cámara Alta le dijeron a Buenos Aires/12 que aún “no hay novedades” sobre su postura. Este martes hubo una reunión entre intendentes del espacio para analizar el proyecto y se esperan algunas definiciones para este miércoles.

Por el lado del radicalismo, aseguraron que “aún tenemos que definir nuestra postura interna”. Consultados sobre la posibilidad de congeniar una posición unficada con quienes supieron ser Juntos por el Cambio, el legislador abrió una ventana a la duda: “Veremos”.