El titular de la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, realizó un trabajo pormenorizado de cómo afectará en el plano del acceso a la energía la implementación del decretazo N° 70/2023 por el que Javier Milei pretende desregular fuertemente la economía. La eliminación del barril criollo y la falta de obra pública en el transporte de la energía eléctrica podrían hacer trepar rápidamente los precios de los combustibles y de la tarifa de la luz, alterando seriamente la cotidianeidad de los bonaerenses.

“En términos internacionales, hoy el precio de la nafta debería ser de mil pesos por litro”, advierte en primera instancia. Aclara que no está diciendo nada que no se sepa, pero sí que es el ejemplo del camino de la desregulación. “La liberación de importaciones y exportaciones de hidrocarburos hace que la prioridad esté sobre importar y exportar y no en el abastecimiento interno”, señala a Buenos Aires/12.

La referencia del funcionario del gobierno de Axel Kicillof es al artículo N° 142 del DNU firmado por el presidente de la Nación por el cual se sustituye el artículo N° 609 de la Ley Nacional N° 22.415 que establece el Código Aduanero. Tal cual lo indica el informe elaborado por Ghioni, el nuevo texto dictaminado por Milei determina que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos” y que sólo se podrán realizar por Ley.

El nuevo artículo aclara que las prohibiciones son económicas cuando se trate de “asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación”, estabilizar los precios, cuidar al consumidor, o “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales”, entre otros.

Para Ghioni, la gravedad del hecho tiene uno de sus principales sustentos en la volatilidad del valor del barril de petróleo. “Limitás tu crecimiento porque el petróleo es un producto sensible a cuestiones internacionales, puede subir o bajar abruptamente un 50 por ciento, cuando en Argentina el costo de producción es el mismo”, explica en relación al rol de los pozos petroleros nacionales.

“¿Quién va a pagar el costo de un incremento por el que nadie en el mercado pagaría?”, se pregunta el subsecretario.

Es por esto que pone sobre la mesa el peso de la función del barril criollo, la denominación que recibe el establecimiento de pisos y techos para el valor del petróleo crudo que evita un desplome o un alza exacerbada del precio del combustible. “Cuando en 2014 se cayó el precio del barril, surgió esta herramienta para mantener el precio por encima del valor internacional para cubrir los costos mínimos para venderlo”, recuerda Ghioni sobre cómo se protegió a los productores. 

Obviamente, las refinerías plantearon su queja porque querían importar. Pero ahí es donde Ghioni resalta el valor del Estado por tener una mirada “integral” de la economía y una perspectiva de desarrollo. “Si uno deja el precio libre, cuando no convenga las empresas no van a extraer petróleo porque será más caro que importar, o las refinerías traerán el gasoil grado 3 refinado porque les va a salir más barato”, agrega el subsecretario, en alusión a las condiciones que generarían una posible suba de precios o un desabastecimiento.

Todo este escenario, donde puede caer la producción o se trabaje menos en refinar, trae aparejado una merma en la necesidad de mano de obra. “Por eso muchos países tienen separado mercado local de internacional”, aclaro. “No dejas lo local liberado a los avatares del precio internacional, porque eso implica que aumente el transporte, los servicios de energía, el costo de producción de las empresas, entre otras cuestiones”, advierte.

En las últimas horas, y a partir de la suba en los precios del combustible y las advertencias del Gobierno Nacional, las empresas de transportes de pasajeros redujeron los servicios de colectivos en un 50 por ciento para el AMBA, lo cual altera profundamente la cotidianidad de los trabajadores del conurbano que podrían pasar de pagar un promedio de 55 pesos por pasaje a pagar un de 400.

Soberanía energética

En lo que respecta al abastecimiento y la regulación de los precios, Ghioni remarca que YPF tiene un lugar central en la ecuación. “Es un actor clave por ser quien mas peso tiene en el mercado local, por lo que si se privatiza perdés esa soberanía”, advierte.

Además, cuestiona que el principal argumento sea la falta de rentabilidad de la empresa, un hecho que no es real, pero que “sí lo era durante el macrismo”. De todas maneras, la venta de YPF no es una tarea sencilla para el PEN tal cual lo explicó a este medio semanas atrás el ex director del Ente Nacional Regulador de la Energía, Marcos Rebasa. 

Este “horizonte de privatizaciones” que plantea Milei también pone en tela de juicio la importancia del Estado en la potencia nuclear eléctrica, donde a través de Nucleoeléctrica Argentina controla el 100 por ciento de la producción nuclear de electricidad. Si a esta firma se le suma la posibilidad de perder el tercio de presencia estatal sobre la producción hídrica de electricidad, los parques renovables y térmicos, así como la participación en la industria petroquímica a partir de YPF, “empresas con roles estratégicos para el abastecimiento del sistema energético serán privatizadas”.

La situación se agrava con el artículo N° 174 del DNU, donde se deroga la Ley Nacional N° 25.822 que establece el Plan Federal de Transporte Eléctrico. “Con este plan se llevan adelante obras de alta tensión que es el punto más crítico del sistema”, explica Ghioni. A su vez, recuerda que durante la presidencia de Mauricio Macri se decidió trazar una política similar y dejar en manos del formato Participación Público Privada (PPP) este tipo de obras. “No se hizo ninguna”, recuerda el subsecretario.

La falta de inversiones en transporte, indica, generará un fuerte empeoramiento del servicio que puede incluir una suba de tarifas "muy significativa y sostenida en el tiempo si se pretende que los privados realicen este tipo de obras".

“Lo otro que toca las tarifaria es el tema de los subsidios, pero en el DNU no se establece demasiado cómo será el mecanismo del famoso traslado del subsidio a la demanda”, detalla.

En el Artículo N° 177 del Mega DNU, se establece que la Secretaría de Energía de la Nación “redeterminará” la estructura de subsidios tendrá una nueva reglamentación considerando “principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo familiar en forma individual o conjunta”, señala el texto.

Más decisiones contra el abastecimiento

Ghioni advierte que en el Artículo N° 177 del Mega DNU, Milei deroga el Decreto N° 1060/00 que establece las condiciones para los contratos entre las petroleras y las estaciones de servicio. De esta manera, “se quitan limitaciones y se liberaliza el vínculo entre proveedoras y expendedoras de combustible, lo que puede generar un fuerte proceso de concentración favorable a las refinerías, abuso de posición dominante e incremento en los precios en el surtidor”.

Sucede que el decreto derogado marca los plazos de los contratos de abastecimiento, así como el porcentaje de participación de las compañías petroleras como propietarias u operadora del total de la red de estaciones de servicios que comercializan marcas que sean de su propiedad.

En otro apartado, quita los incentivos promocionales a la Generación Distribuida de energía. “Tiran el fondo de financiamiento, dejando atrás lo que teníamos que impulsar como país a partir del compromiso de transición energética hacia energías más limpias”, señala Ghioni. Esto lo hace mediante el Artículo N° 177, derogando los artículos que van desde el 16 hasta el 37 de la Ley Nacional N° 27.424 eliminando el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS).

“No deja de ser algo que siempre dijo en campaña el presidente y su descreimiento del cambio climático, así que de esta forma se acaban los incentivos para invertir en energías renovables”, afirma.

 

Como tema no menor en importancia, el DNU declara “servicio esencial” en materia laboral al sector energético. Esto implica que, por ejemplo, en caso de un conflicto salarial o de otra índole, no se podrá tener una cobertura menor al 75 por ciento de la prestación normal por parte de los trabajadores.