Desde Río de Janeiro

En sus olímpicos esfuerzos para mantenerse en el sillón presidencial alcanzado a raíz de un golpe institucional, Michel Temer da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.

En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de bando criminal y obstrucción de la Justicia, Temer una vez más transformó su despacho en un balcón de negocios. Recibe a diputados, oye sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destino inicial), la distribución de cargos y puestos, así como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.

Este lunes, de manera inesperada, Michel Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: aprobó medidas que dificultarán, cuando no imposibiliten, la fiscalización y la punición de los responsables por trabajo esclavo o en situación análoga a la esclavitud. Con eso espera asegurarse los votos favorables de la llamada “bancada ruralista”, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios rurales) y de todo el sector del agro negocio.

Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. El más contundente partió de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño. 

Para OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que ahora fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que “jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes” configuran situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización solo podrá sancionar al empleador cuando haya “restricción de libertad”. No aclara qué sería “restricción de libertad”, o sea, prevalecerá el criterio del empleador. 

Antes, impedir que alguien abandone determinado lugar en que es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, solo será esclavitud cuando se emplee el uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local. 

La legislación anterior determinada la divulgación, a cualquier momento, de una “lista sucia” con los nombres de los sancionados por emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, divulgarla pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quienes la integran. 

Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.

Todo eso llevó la OIT a otro alerta: sin que se divulgue el catastro de quien somete en el país trabajadores a esclavitud, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. Abandonar el criterio estrictamente técnico en la elaboración y divulgación de la lista para adoptar criterios meramente políticos seguramente generará desconfianza de compradores por todo el mundo. El sistema brasileño de la “lista sucia” era considerado referencia internacional.

Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los “ruralistas” no hicieron más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió una drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año.

Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse y también preservar los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la Justicia, retrocedió y eliminó conquistas de décadas.

A tal punto impactó el retroceso, que tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada.

Ya el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soja transgénica, dijo que “solo tenemos que celebrar” la decisión de Michel Temer. 

Nada podría ser más aclarador.