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Javier Milei insistirá con el decretazo aunque el Congreso lo rechace. Tampoco pretende dar marcha atrás si lo frena el Poder Judicial, en respuesta a la catarata de amparos que ya se presentaron más los que vendrán. Nada, ni las movilizaciones callejeras —como la que planea la CGT para este miércoles, o los cacerolazos de los últimos días— parecen desalentar la obstinación del Presidente con el DNU a través del cual derogó por su propia urgencia y necesidad más de 300 leyes, entre ellas las que garantizan el piso de derechos laborales y del consumidor y que protegen a las empresas del Estado de su eventual privatización.
Este martes amenazó con convocar a un plebiscito “para que decida la gente” en caso de que, como es previsible, su voluntad encuentre resistencia social e institucional. Lo hará, dijo, incluso a pesar del choque que propone con ambas dimensiones en simultáneo. La intransigencia, justificó, se debe a que su propuesta consiste en “un shock liberador, anticasta” y en un “cambio cultural” para que Argentina “deje de estar enferma de socialismo”.
Para Milei, los que se le oponen son corruptos
Para el Presidente, quienes se oponen al mega-decreto con el que dio inicio a su gestión “no tienen conciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman”, según le dijo anoche en LN+ a Luis Majul, uno de sus interlocutores mediáticos favoritos. También los llamó, de alguna forma, esclavos: “Hay algunos que no quieren salir de la caverna”, les espetó
. En esa lista incluyó a diputados y senadores, jueces y dirigentes sindicales y sociales por igual. Respecto del Congreso, Milei fue más allá y sostuvo que los legisladores que a priori votarían en contra de la iniciativa —empezando por los miembros de la Bicameral de DNU— “son todos corruptos”. “Ojo con lo que se ponen a discutir la coma, porque están buscando coimas”, disparó en dirección a los radicales, peronistas federales y hasta miembros del PRO que señalaron la inconstitucionalidad de la iniciativa.
“Hay muchos vivos dando vuelta, que están esperando su oportunidad para vender los votos”, aseguró. Ese tramo fue en respuesta a la consulta de Majul respecto de la posición específica del radicalismo, que la semana pasada le propuso al titular del Ejecutivo que reemplace el decreto con una suerte de “ley espejo” que permita su tratamiento artículo por artículo, con la idea incluso dándole la posibilidad de aprobar algunos —como, por caso, la derogación de la Ley de Alquileres—. "Parte de la lentitud es que están buscando coimas", sostuvo el presidente en relación a las quejas de todos los sectores opositores.
Más allá de las diferencias respecto del abultado contenido del DNU, los espacios políticos de la oposición coincidieron en el cuestionamiento de que la decisión le daba la espalda al poder legislativo. En esa crítica se encontraron, con distinto tono, referentes del peronismo, la UCR, la Coalición Cívica e incluso del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta. “Que dejen de mentirle a la gente”, contestó Milei al respecto. “Macri y Cristina firmaron muchos DNU, pero si los mando yo, no puedo. Hay una doble vara”, se atajó. “Con este mecanismo —siguió respecto del DNU— no pueden morder, eso es lo que más les molesta, porque el que viene (en referencia a él mismo) le da libertad a la gente y le corta el curro a los políticos”.
En la Rosada entienden que la oposición podría lograr un acuerdo en la Comisión de Revisión de DNU, y luego en ambas cámaras, para rechazar la iniciativa, lo que le imprimiría un duro golpe al Gobierno. Tampoco descartan que la justicia también lo haga, y con plazos mucho más expeditivos. Al respecto se pronunció más temprano el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. "Un juez puede declarar que algún punto carece de valor", reconoció el funcionario, "pero no todo el decreto", dijo.
Respecto del Congreso, Barra dejó una curiosa interpretación en diálogo con Radio con Vos: dijo que "no se lo saltea", sino que "lo obliga a intervenir". "En las condiciones normales el Congreso podría tratar esto en cinco años, y en estas condiciones el Congreso se ve obligado a tratarlo ya", argumentó.
La viabilidad del plebiscito, dudosa
“El megadecreto tiene un 75 por ciento de aprobación, que me digan por qué el Congreso se opone a un cambio que le hace bien a la gente”, se defendió Milei, dando por sentado que su eventual convocatoria a una consulta popular sería acompañada por la mayoría de los votantes. Además de que nunca dijo de dónde sacó semejante cifra, no hay ninguna encuesta conocida en esos números, lo que quedó sin explicación es cómo se hará para implementar esa consulta.
La Constitución, paradójicamente para él, prevé que sólo el Congreso puede convocar a una consulta popular vinculante. El Poder Ejecutivo, en cambio, sólo puede llamar a una consulta no vinculante, es decir, que aún si lo gana, no se traduce en normativa concreta, no se aplica. Durante la campaña, Milei ya había propuesto ese mismo mecanismo para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la cual se oponía. En su momento, varios constitucionalistas ya le habían marcado que iba a encontrarse con un límite claro.
Además, la carta magna sostiene que el Ejecutivo puede llamar a una consulta solo en el marco de sus atribuciones. Allí se abre otra discusión, porque el DNU de Milei modifica más de 300 leyes que fueron sancionadas en su momento por el propio Congreso, por lo tanto es dudoso que pueda convocarlo. Además, las leyes sancionadas por mayorías especiales (dos tercios de ambas cámaras) y con cámara designada de origen (como la coparticipación) no pueden modificarse por consulta popular. Habrá que ver cómo se traduce en lo concreto el discurso presidencial.
Marcha de la CGT: mismo menú represivo
Frente a la masiva movilización que prepara la CGT para este miércoles, el Gobierno amenazó con desplegar el mismo menú de herramientas que ya utilizó la semana pasada durante las primeras protestas callejeras de la era Milei: protocolo antipiquetes, operativo policial desmedido y quita de derechos. Así lo expresó temprano el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien advirtió que se implementarán "todas las medidas de disuasión" ideadas por el Ejecutivo para intentar restringir la marcha de la central obrera. "Serán las mismas para cualquier marcha que pueda existir", especificó enseguida.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió más tarde con una de las frases de cabecera hasta ahora de la administración libertaria: “El que corta, no cobra”, dijo. Al menos en el plano discursivo, la respuesta oficial ante cualquiera que se salga a la calle no ofrece distinción entre las organizaciones sociales de izquierda, los gremios o los cacerolazos espontáneos. Al respecto, el propio Presidente volvió a englobarlos a todos bajo el mismo epíteto: “Defienden el modelo empobrecedor de la argentina”, dijo.
Consultado sobre el derecho a manifestarse, que entró en contradicción con el protocolo de Bullrich, Milei dijo: "En 16 días de gobierno ya serán tres las marchas. ¿No pueden aceptar que perdieron? La sociedad eligió otra cosa, que gobierne otro con otras ideas, con otra visión del mundo".
La “tasa Kicillof” para los buitres
El Presidente se hizo un tiempo para chicanear al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que también presentó su amparo ante la justicia para frenar el DNU. En diálogo con Majul, anunció que impulsará un impuesto para pagar el juicio realizado contra el país con sentencia por USD 16.000 millones que impusló el fondo Burford Capital por la reestatización de YPF. “La plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar", dijo Milei.
"Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’, que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares", justificó.
