En caso de incumplir con un Plan de Contingencia Urgente para el río Arenales que deberá estar listo hasta el viernes próximo, el estado municipal y provincial y la empresa Aguas del Norte podrían ser condenados a pagar “astreintes” -sanciones económicas diarias- hasta que cumplan con la orden judicial.
Los abogados de la vecindad que se asienta en zonas aledañas a la ribera del Arenales, que presentaron un amparo en 2011, pidieron que esta multa sea de un millón de pesos diarios.
Así surge del acta de la audiencia judicial que tuvo lugar el jueves de la semana pasada ante el juez de Garantías, Ignacio Colombo, quien actuó en el proceso en reemplazo de la jueza de Minas, Victoria Mossman. Esta magistrada reemplazó a su vez al ex juez y actual ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Domínguez, quien en 2017 ya había resuelto que la empresa Aguas del Norte o COSAYSA junto a la Municipalidad de la ciudad de Salta y el Ejecutivo Provincial presenten “un Plan de Manejo del Río Arenales, un Plan Sanitario de Emergencia, y un Plan de Monitoreo”.
Seis años pasaron desde aquella orden que surgió en respuesta al amparo presentado por vecinas y vecinos en 2011, que tras una inundación fueron afectados por las aguas que destruyeron sus pertenencias y que también les provocaron secuelas debido que están contaminadas y en algunos casos afectaron su salud.
Sin embargo, como se denunció todos estos años, pocas fueron las medidas en cumplimiento de ese fallo: la colocación de carteles con pequeñas impresiones que daban cuenta del riesgo que implicaba para la salud meterse a las aguas del río; y las obras que se anunciaron reiteradamente para mitigar el vuelco de líquidos cloacales. Entre estas acciones se encuentra la ampliación de la Planta Depuradora Sur, obra que se concluirá en 2025. Mientras esto sucede, un 30 por ciento de los líquidos cloacales son vertidos sin tratamiento suficiente sobre las aguas del río Arenales.
El brote de salmonella y las urgencias
Pese a las órdenes judiciales, el río sigue provocando daño a la salud de la población de la ciudad. Finalmente se detectó una de las posibles causas del brote de salmonelosis que se sufre hoy en el departamento Capital: la toma ilegal de aguas contaminadas del Arenales para el riego de hortalizas.
Tras insistentes versiones sobre esta posible conexión se realizaron inspecciones en las márgenes del río. Este monitoreo realizado hace una semana por el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Secretaría de Recursos Hídricos detectó la toma ilegal de las aguas servidas por parte de un finquero. Al ser descubierto, adujo que ante la sequía, el agua de los pozos someros para riego era insuficiente y decidió tomar el agua del río para el riego.
El brote de salmonelosis provicó que el Hospital Materno Infantil deba suspender las cirugías programadas para atender las casos de internación que debían ingresar por salmonella.
En la última semana epidemiológica, la 50, en tanto, se detectaron 90 casos más, según surge del Boletín Epidemiológico semanal. En las semanas 48 y 49 se habían detectado 77 casos en cada una, siendo hasta entonces el mayor índice de casos. En lo que va del año ya se acumulan 1144 casos de la enfermedad.
De esos 90 casos, 75 corresponden a Capital; 5, a Rosario de Lerma; 4, a Cerrillos, y un caso se detectó en Orán, Guachipas, La Caldera, Los Andes y Anta, respectivamente.
La extensión de los controles
En la audiencia, el abogado Julio Chávez, que junto a Pedro Arancibia representa a las vecinas y vecinos, indicó que el control de la ribera del río debería ir desde el barrio Santa Lucía, pasando el vertedero San Javier, “que es la zona objeto de la sentencia”. También solicitó que “se les imponga a las demandadas ante el incumplimiento astreintes de un millón de pesos diarios hasta tanto acredite ante el juzgado el cumplimiento de la medida que se dicte”.
Arancibia, por su parte, pidió que se promuevan acciones penales por el delito de contaminación de aguas, y la colocación de cartelería que advierta a la población sobre el peligro de contagio, y que se coloque en los espacios de recorrido del río hasta los límites del municipio de Cerrillos.
También solicitaron que el Ministerio de Salud y el de Ambiente comuniquen por medios de difusión a la población sobre la situación, con el fin de evitar la propagación de enfermedades. Sumaron la necesidad de que COSAYSA y los estados provincial y municipal clausuren los establecimientos rurales en los que se identifique la utilización de aguas del río para riego, y se solicite al Ministerio de Salud que de información sobre la existencia de un informe realizado por el CONICET en relación a muestreos.
El juez Colombo decidió que de incumplirse el cordón sanitario, la difusión, y la presentación del Plan de Contingencia Urgente para mermar el vertido de los líquidos cloacales al río, se dispondrán astreintes y los demandados, el Estado provincial y municipal y Aguas del Norte, habrán incurrido en desobediencia judicial.
Arancibia explicó que, en caso de haber incumplimiento, el juez deberá decidir cuál es el monto a pagar. De tomar esta postura, sería la primera vez en todos estos años que se impone una sanción económica en el marco de este amparo.
