La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio de 2024 y la emergencia económica en la provincia. Además, se autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito de 50 millones de dólares y se aprobó la prórroga de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, en el norte salteño. Son medidas que el Ejecutivo provincial envió a la Cámara baja, con el argumento de que son necesarias para "mantener el equilibro fiscal y económico" en Salta, después de conocer las restricciones al gasto público que decidió el gobierno nacional de Javier Milei y que recaen en las provincias.
La encargada de presentar la prórroga del Presupuesto 2023 fue la diputada oficialista por Orán, Patricia Hucena (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien dijo que el Ejecutivo no preparó un nuevo presupuesto debido a la falta de certezas sobre la distribución de recursos desde el Estado nacional a las 24 jurisdicciones del país, tras la asunción de Milei.
La legisladora dijo que hay un contexto de complejidad macroeconómica y de incertidumbre en el país, que se ve acrecentado por el hecho de que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto nacional de este año, lo que implica, de hecho, una restricción de gastos. A ello sumó el impacto que generarían las medidas ya anunciadas por la Nación, como los recortes a la obra pública y en las transferencias de fondos a las provincias. "Nuestra dependencia de recursos tributarios siempre está delegada por el gobierno nacional, transferidos mediante la coparticipación federal y regímenes especiales", recordó Hucena.
Sobre esa base dijo que resultaría "imprudente" discutir un nuevo presupuesto local en un contexto nacional que está caracterizado por "un alto endeudamiento, recesión económica y una elevada inflación". Por eso, alegó que consideran prudente la prórroga del Presupuesto 2023, mientras se espera "que se definan las variables macroeconómicas nacionales y se realice una nueva estimación de los recursos tributarios", lo que recién permitiría contar con "una base más sólida" para la elaboración de un nuevo presupuesto en la provincia.
Desde la oposición local, el diputado por Capital José Gauffin (PRO), insistió en el contexto de crisis económica que afronta el país ante la alta inflación. Aún así, defendió el inconstitucional DNU de Javier Milei, al asegurar que representa la "enorme búsqueda de un cambio profundo" en Argentina, ya que persigue el objetivo de disminuir el gasto público. "Nuestro gobierno provincial también anunció 10 medidas en la disminución de gasto", agregó, pidiendo que esas acciones estén presentes en el proyecto de ley de prórroga.
La presidenta del bloque PRO, Sofía Sierra, cuestionó el envío del proyecto desde el Ejecutivo y afirmó que no tiene "ningún sentido", puesto que la Constitución provincial prevé una prórroga automática se no se envía un nuevo presupuesto. Aún así, quiso diferenciar la prórroga automática de la aprobada por ley asegurando que el pedido de parte del Ejecutivo al Poder Legislativo significaba "firmar un cheque en blanco" al gobernador Gustavo Sáenz, lo que resultaría en "la consolidación de una muy mala costumbre institucional".
En esa línea, dijo que el Gobierno podría haber enviado un nuevo proyecto dado que Sáenz asumió su segundo mandato. "Se puede formular un proyecto adecuado por la crisis" siendo "conservador en todas sus estimaciones", expresó.
En tanto, el legislador Roque Cornejo (del bloque Ahora Patria, adherente al gobierno nacional) adelantó su voto negativo y que eso se debía "a la respuesta y explicación" que primero se le tenía que dar a la ciudadanía salteña que no llega a fin de mes. "Podemos elevar la discusión a un rango constitucional, pero el contribuyente tiene que sacar de donde no tiene para tratar de pagar los impuestos", agregó. "La gente de bien, aún trabajando, es pobre", afirmó. Manifestó que Salta no escapa de ese escenario. "Este proyecto de ley no hace más que ratificar que no hay un plan de gobierno", insistió.
Cornejo, Gauffíin y Sierra junto a la diputada por Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, de Ahora Patria, votaron en contra de la prórroga. Mientras que el diputado conservador por Capital Guillermo Durand Cornejo se abstuvo.
Por el contrario, la presidenta del bloque Salta tiene Futuro, María del Socorro Villamayor, rechazó la postura de quienes votaron en contra al sostener que como legisladores "jamás podemos estar en desacuerdo en cuanto a que no hay que tratar una herramienta indispensable como es el presupuesto". Tras esa diferenciación, hizo referencia al gobierno nacional al asegurar que las primeras medidas anunciadas junto al DNU -que ya tienen planteos judiciales- acrecentan un escenario de incertidumbre.
Villamayor afirmó que "es responsable pensar en una prórroga" cuando "no tenemos certezas, hay una terrible incertidumbre y no hay un presupuesto nacional". También, recordó que el Presupuesto 2023 fue elaborado entre el gobierno provincial, los intendentes y los legisladores.
En esa línea, habló el ex intendente de Aguas Blancas, ahora diputado por Orán, Sergio Oliva (JGSC), quien defendió la prórroga y sostuvo que como ex jefe comunal (que llegó desde un partido opositor a Sáenz) pudo comprobar que el gobernador "tiene un carácter federal y tuvo esa convicción en ser equitativo en cuanto a municipios".
Sigue la emergencia sociosanitaria
La diputada por Capital Laura Cartuccia (JGSC) fue la responsable de informar sobre el proyecto que prorroga por 180 días la emergencia sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la ley provincial 8185 después que se conocieran las muertes de niños y niñas indígenas por desnutrición o causas vinculadas a ella. Desde su sanción en 2020, el Ejecutivo decretó consecutivas prórrogas.
Cartuccia dijo que la prórroga responde puntualmente a las condiciones socio económicas y sanitarias de los departamentos del norte de la provincia, donde gran parte de las familias indígenas viven en condiciones altamente vulnerables. Sostuvo que el pedido del Ejecutivo refiere a la necesidad permanente de parte del gobierno provincial de adoptar "medidas excepcionales para abordar las complejidades de la situación sanitaria que no puede desatender". A ello sumó la realidad actual marcada por el gobierno nacional que indica que "la situación sanitaria aún demanda de una atención prioritaria que históricamente se han desatendido" en las localidades fuera de la capital salteña.
Si bien las declaraciones de emergencia usualmente son aprobadas con la mayoría de los votos, desde hace varias sesiones los bloques del PRO y Ahora Patria vienen argumentando que son ineficientes y que no se ven acciones de cambio tras sus sanciones. Sofía Sierra volvió a insistir en ello al expresar que se trata de realidades estructurales que pueden ser transformadas únicamente con tiempo, esfuerzo y planificación. Además exigió que se informe sobre la ejecución presupuestaria en las emergencias. El proyecto de ley fue aprobado, con los votos negativos de Cornejo, Galleguillos, Gauffin y Sierra.
Hay emergencia económica en la provincia
Patricia Hucena sostuvo que la prórroga por un año de la emergencia económica, sancionada en la ley nacional 7125, así como sus respectivas prórrogas, y de la ley provincial 6583, es necesaria en un contexto en el que "el país atraviesa una verdadera crisis y enfrenta estos cambios profundos, acompañados de recortes, caídas de la actividad económica y de la recaudación". La legisladora oranense afirmó que esta prórroga es una herramienta necesaria para elaborar medidas para mitigar "estos impactos severos y adversos".
En cambio, Gauffin manifestó que si después de 33 años de la sanción de la emergencia económica en la provincia (ley 6583) se vuelve a pedir una prórroga, lo que se está efectuando es una "declaración de incapacidad" de parte de los gobiernos justicialistas que ejercieron su gestión en la provincia en las últimas décadas. "No vamos a participar más de una extensión de emergencia económica", agregó, adelantando su voto negativo. También votaron en contra Cornejo, Galleguillos, Sierra, Durand Cornejo y la diputada de la UCR Soledad Farfán.
Por su parte, el presidente de bloque JGSCy representante del departamento General Güemes, Germán Rallé, aseguró que la prórroga de la emergencia económica permite "preparar al Estado provincial ante cualquier sorpresa que puedan surgir por distintas situaciones que la provincia podría tener", como obras en las que se rescinden las licitaciones o demandas al propio Estado.
Nuevo crédito
El Ejecutivo Provincial también envió un proyecto de ley para acceder a un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 50 millones de dólares para la ejecución del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la provincia de Salta. Socorro Villamayor volvió a insistir en la incertidumbre que generan las medidas del gobierno nacional y puso el foco en la falta de independencia económica de las provincias, consecuentemente de las administraciones municipales, ya que están "supedita(das) siempre a las decisiones nacionales".
La diputada recordó que sólo el 23% del presupuesto de la provincia proviene de recursos propios, mientras que el 77% restante llega de la Nación. Por eso el préstamo tiene el objetivo de generar una reactivación económica "buscando también la independencia económica" y revertir "esta dependencia permanente de los fondos nacionales, más aún, cuando un gobierno (nacional) está diciendo que se van a frenar las transferencias no automáticas" a las provincias.
Sumó que el BID aprobó el programa que busca mejorar la competitividad e internacionalización de empresas de los sectores prioritarios, a través de la inversión en infraestructura y financiamiento. El plazo de amortización sería de 23 años y medio contados a partir de la suscripción del contrato, las amortizaciones serán semestrales consecutivas y en lo posible iguales, con siete años de gracia. Mientras que el plazo de desembolso está pautado en seis años.
Cornejo cuestionó también esta iniciativa. Dijo que es necesario saber "cuánta plata" habrá que devolver y señaló que "no está en concreto individualizado hacia dónde va a ir este dinero". El Ejecutivo indicó que el préstamo irá a la construcción de dos polos tecnológicos, uno en la ciudad de Salta y otro en San Antonio de los Cobres.
