El presidente Javier Milei dio otro paso en el marco de su plan de ajuste: prorrogó el Presupuesto 2023 a partir del 1° de enero del año próximo. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Estado, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, implica que durante el 2024 las partidas presupuestarias serán las mismas que para el año a punto de concluir. En otras palabras no es otra cosa que la licuación del presupuesto por vía de la inflación.
Las autoridades nacionales recordaron que "a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024". En ese marco, y bajo el paraguas del el artículo 27 de la ley de Administración Financiera, dispusieron la prórroga del Presupuesto que estuvo vigente el año anterior.
El Decreto 88/2023 contempla que el e al Jefe de Gabinete puede adecuar el presupuesto que se prorroga siempre y cuando se respete el principio de "obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado", fijado en la Ley de Administración Financiera.
A diferencia del mega DNU de resregulación del Estado --en el cuál no figuró en el articulado la fecha desde la cuál entra en vigencia-- en el Decreto que prorroga el Presupuesto nacional sí esta establecido que entra en vigencia este miércoles 27 de diciembre.
El exministro de Economía Sergio Massa había enviado al Congreso el Presupuesto 2024 el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, el entonces candidato a presidente Javier Milei había pedido que se postergue la presentación de la ley de leyes para después de las elecciones.
Desde el Gobierno consideraron que el pedido fue "razonable" y acordaron que el tratamiento en el recinto se iba a dar cuándo se conozca el resultado de los comicios.
Algunos de los puntos centrales planteados en el Presupuesto 2023 --que hoy están muy lejos de cumplirse-- fueron un crecimiento de la economía del 2%, una inflación del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 % y la incorporación del blanqueo de capitales para la compra de viviendas usadas.
