La titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, denunció que desde el organismo de Derechos Humanos recibieron una importante cantidad de denuncias por requisaciones en colectivos donde se trasladaban personas que asistían a la marcha de la CGT en reclamo contra el Gobierno por el megaDNU firmado por el presidente Javier Milei.

La revelación de Verdú fue luego de un trabajo que que realizaron desde la Correpi junto con otros organismos de Derechos Humanos para monitorear la marcha y disponer de teléfonos de contacto ante casos de emergencia.

“La situación en Plaza Lavalle estuvo en orden y tranquila. Pero esto es gracias a que las organizaciones y sus militantes están tomando todos los recaudos para que no haya ninguna provocación que funcione”, aseguró en declaraciones a la AM750.

Críticas al protocolo antipiquete de Bullrich

Verdú fue muy crítica del llamado “protocolo antipiquete” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y advirtió que “si fuera un protocolo antipquete no tendría por qué preocuparnos, porque no son piquetes en la puerta de una fábrica o interrumpiendo el tránsito en un acceso a la Ciudad”.

Así lo dejó en claro al hablar de las otras dos marchas que precedieron a la de este miércoles: “El 20 de diciembre era una marcha con un acto de Plaza de Mayo, marcha que se hace todos los años en homenaje a los 39 caídos en todo el país por la represión. El 22 fueron actividades dispersas organizadas por distintos espacios”.

“Hoy es un acto en Plaza Lavalle. El tránsito está interrumpido porque la Policía puso vallas. Tendríamos que hablar de un protocolo anti-protestas, anti-derecho de expresión. Porque abarca todas estas circunstancias”, comentó.

En tanto, sumó nuevas graves denuncias de miembros de las fuerzas de seguridad que, tal como pasó el 20 de diciembre, este miércoles se subieron a transportes públicos, le pidieron documentación a los pasajeros y bajaron a aquellos que se dirigían a la protesta en el centro porteño.

“Hay una condena contra el Estado argentino, que no es reciente, del 2003, me estoy refiriendo al caso Bulacio, cuando llegó a la CIDH, y el punto más importante de esa sentencia, desde nuestro punto de vista, fue que se pronunció durante el sistema de detenciones arbitrarias”, recordó Verdú. Sobre este punto, precisó: “Esa sentencia condena al Estado argentino a eliminar este sistema de detenciones arbitrarias que permite que cualquier persona sea detenida en cualquier lugar y momento porque a un Policía le parece que tiene pinta de sospechoso”.

Por eso, aseguró que las requisas promovidas por Bullrich “son completamente ilegales”. Y finalizó: “Ahora estamos infinitamente peor que en 2003, porque es el Ministerio de Seguridad de la Nación la que te manda gendarmes a subir a los micros y preguntarte si vas a una movilización”.