Rosario también tuvo su marcha contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. Organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon para sumarse a la jornada de protesta nacional con el objetivo de expresar una agenda de reclamos contra el gobierno que también contempla el rechazo a los despidos en el Estado y el protocolo antipiquetes que busca desalentar la protesta social. A diferencia de la movilización central convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en ciudad de Buenos Aires, donde la policía accionó contra los manifestantes y hubo siete detenidos, en Rosario la jornada transcurrió con normalidad. “Este decreto es totalmente inconstitucional, no implica ninguna necesidad ni urgencia”, sostuvo Lorena Almirón, secretaria general de la CTA Autónoma Rosario, en diálogo con Rosario/12. “No tiene nada que ver con recuperar los puestos de trabajo, ni favorecer a ningún trabajador o terminar con la pobreza”, añadió.
La concentración estaba pautada a las 10.30 frente a la Bolsa de Comercio de Rosario. Desde allí, las organizaciones se movilizaron hasta la Plaza San Martín escoltadas por los agentes de tránsito municipales y policías de la provincia de Santa Fe, que fueron cortando la calle en cada esquina para que la columna transitara sin inconvenientes al ritmo de un canto que acaparó la marcha: “Paro general”. El acto no contó con la lectura de un documento consensuado, pero sí hubo micrófono abierto para que los representantes de las organizaciones se expresaran.
La convocatoria tuvo como eje central el rechazo a la decisión del gobierno nacional de modificar y derogar más de 300 leyes por decreto, pero también el repudio a los 7 mil despidos de trabajadores estatales dispuestos por el Ejecutivo nacional, así como también al protocolo antipiquetes elaborado por el Ministerio de Seguridad. La jornada de protesta volvió a reunir a un gran número de organizaciones y gremios en las calles con el objetivo de enviar un mensaje al gobierno nacional. Rosario/12 dialogó con representantes de las distintas organizaciones que se movilizaron este miércoles por el centro rosarino.
Para Lorena Almirón el DNU abarca un paquete de medidas que son perjudiciales para los trabajadores, como las modificaciones en materia laboral, o las desregulaciones económicas que generarán un impacto negativo en distintos sectores. “Perjudica directamente a los trabajadores. No tiene nada que ver con recuperar los puestos de trabajo, ni favorecer a ningún trabajador o terminar con la pobreza. El decreto no dice nada de eso, pero sí va contra derechos constitucionales que nosotros ganamos en las calles”, cuestionó. “Este decreto es totalmente inconstitucional, no implica ninguna necesidad y urgencia”, agregó.
Asimismo, la referente de ATE Rosario y la CTA Autónoma local repudió los despidos de trabajadores estatales que se dieron a conocer esta semana. “Son 7 mil trabajadores del Estado nacional que van a quedar afuera. La verdad que esto recién empieza y creemos que van a profundizar los despidos a medida que pasen los días”, expresó y agregó: “Hoy tenemos 7 mil familias más que no van a poder llevar un plato de comida para fin de año. Por eso desde ATE Nacional hemos presentado amparos y hecho denuncias penales”.
En tanto Jerónimo Ainsuain, secretario general del Siprus, el gremio que nuclea a los profesionales universitarios de la salud, se mostró en contra del decreto que impacta en la esfera de la salud desde distintas aristas. “Creemos que lo que está en juego es un modelo de concentración de riqueza que a los profesionales de la salud, como trabajadores, nos perjudica”, sostuvo. “Algunas medidas del decreto apuntan a que nosotros sigamos cobrando honorarios indignos, de miseria, para que unas pocas grandes empresas y farmacéuticas concentren toda la riqueza”, añadió.
Al mismo tiempo, también manifestó su preocupación por los despidos en el Estado y el planteo de revisión de contratos en la administración pública, que podrían incluir a los trabajadores del sector: “Nosotros continuamos reclamando por la continuidad laboral de más de mil profesionales monotributistas, que hoy están trabajando bajo una contratación precaria y que deberían haber pasado a planta por lo que estipula la última paritaria. Pero eso aún no se ha cumplimentado y lo seguimos exigiendo”.
Para Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario, el gobierno nacional busca recortar en educación y cercenar los derechos de los docentes: “Quieren avanzar en conquistas históricas que nos permiten defender nuestros derechos. Están planteando que los docentes no podamos hacer nunca más una huelga. La verdad que, por donde se mire, la ofensiva es integral. Es gravísimo”.
“Quieren hacer un país mucho más desigual, con más libertad para los empresarios y menos derecho para los que vivimos de un salario o una jubilación”, criticó Casiello. Y agregó: “Hay que poner al descubierto que la ofensiva no es contra la casta, es contra los trabajadores de los sectores populares. Me parece que el camino es, por un lado, debatiendo con los compañeros en cada uno de los lugares de trabajo y, por otro, con la unidad de las organizaciones para garantizar una medida contundente”.
A su vez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en COAD también se sumaron a la movilización. Claudia Lagier, integrante del gremio, sostuvo que el gobierno impulsa “un verdadero ajuste sobre toda la clase trabajadora y los jubilados” de la Argentina. Además, planteó que en el sector reina la incertidumbre respecto a los recursos con los que contarán las universidades nacionales para afrontar el nuevo ciclo lectivo: “El panorama es verdaderamente negro, porque quieren sostener el mismo presupuesto de 2023. Y al no haber un aumento de la partida presupuestaria, no solo no se va a poder sostener con los gastos corrientes, sino que además no está previsto aumento de salario alguno”.
