A tres semanas de la asunción de Javier Milei, los anuncios y medidas explicitan un modelo que financia y favorece la concentración económica en un espiral inflacionario que amenaza con arrastrar a sectores medios y populares a la pobreza, la indigencia y el hambre. Atenta también contra la supervivencia de la industria, las pymes, y los pequeños y medianos productores del campo que alimenta.

El precio de los alimentos, entre otros cientos de productos que consumen las familias argentinas, se ve motivado al alza por la falta de controles de precios en una estructura empresaria oligopólica, el aumento del precio relativo de las exportaciones, los servicios públicos y los combustibles.

En paralelo, estas medidas reducen la rentabilidad de pequeños y medianos productores de alimento, ya aquejados por la sequía, el aumento de los insumos, el alquiler y la concentración de tierras, gracias a las ganancias extraordinarias que el capital concentrado del agronegocio viene obteniendo. Y que incrementará con las nuevas políticas, por sus posiciones financieras, oligopólicas y ante una acción desigual del Estado, garantizando sus ganancias e inversiones mientras deja librado al azar el destino de la industria, las pymes, y los pequeños y medianos productores.

Los beneficiarios de siempre

Se van a cumplir 21 años de la nacionalización de la deuda privada de Domingo Cavallo al final del “Proceso de Reorganización Nacional”. Fueron beneficiarios de dicha nacionalización los ahora grandes grupos económicos argentinos, que producen y distribuyen la mayoría de los productos que consumimos, pudiendo establecer de manera unilateral sus precios.

La nacionalización de las deudas privadas de las grandes empresas a través del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) parece replicar esta medida y vuelve a mostrar la intervención del Estado en favor del capital concentrado. Genera, a futuro, una deuda de aproximadamente 30 mil millones de dólares (el doble que la nacionalización de Cavallo y dos tercios de la deuda de Mauricio Macri con el FMI).

Algunos economistas como Claudio Lozano ya estiman que dos tercios de esta deuda corresponde a intercambios entre las propias empresas con sus filiales extranjeras. Este proceso no cuenta con la debida fiscalización y encubren giros de dividendos, sobrefacturación o fuga de divisas, entre otras trampas que no han podido ser atendidas. En paralelo, la fiscalización del Estado cae en las medianas y pequeñas empresas y productores.

El sector de pequeños y medianos productores de alimento (que cubre entre el 60 y el 80 por ciento de las frutas y verduras que se consumen en la mesa de los y las argentinas) se ha visto perjudicado por la acción del Estado en el anterior gobierno. La transferencia extraordinaria a los sectores agroexportadores concentrados a través del dólar soja (con un costo de 590 mil millones de pesos) equivalió al impuesto a las grandes fortunas, u ocho años de la pauta publicitaria del Estado que ahora el ministro Luis Caputo exhibe como un recorte de gasto importante.

Los perjudicados de siempre

En paralelo el nuevo gobierno desfinancia las pocas ayudas que existían para nuestro sector, vacía áreas estratégicas y nos condena como pequeños y medianos productores a ser parte del nuevo ministerio de Capital Humano, con un rejunte de ex-ministerios en manos de personas sin experiencia que solo puede llevar a la inoperancia, y cuya ministra, Sandra Pettovello, hizo su primera aparición pública para sumarse a la represión de la protesta social anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No hay anuncios acerca de cómo se piensa afrontar la crisis humanitaria que el propio gobierno fogonea.

Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), de la cual formamos parte, ya hemos presentado propuestas concretas, el Programa Agrario para el Alimento, para reducir el precio de los alimentos a través del apoyo a pequeños y medianos productores, el acceso a la tierra, la creación de nuevos Mercados de Cercanía y otras políticas que ya venimos implementando desde las propias organizaciones.

Los índices elaborados por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) demuestran que dichas políticas implementadas desde la UTT a través de proyectos productivos y de comercialización, brindan alimento más sano y barato a los consumidores, reduciendo la brecha de los intermediarios. En dichos estudios, que comparan la evolución de la inflación en grandes cadenas de supermercados con la de los locales y ferias de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP), se demuestra, por ejemplo, que tras las PASO, la inflación fue de 20 por ciento en las grandes estructuras oligopólicas, frente al 9 por ciento en nuestros puntos de venta. Una clara demostración del componente especulativo y oligopólico de la inflación en Argentina.

Eso sin comparar la calidad de los alimentos, los beneficios para los productores y las economías regionales. Y el hecho de que, más allá de que para nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía (como debatió nuestro referente Nahuel Levaggi con el vocero del agronegocio Antonio Aracre), nuestro sector incluye miles de productores y comercializadoras que hablan de la competencia necesaria para que funcione “la mano invisible” del mercado. Esa de la que hablan los libros de economía, aún en sus corrientes más ortodoxas.

Un Estado para cierto mercado

Los anuncios de las medidas económicas del nuevo gobierno dan por tierra dos mitos muy recurrentes en los discursos neoliberales en Argentina: que el mercado genera oportunidades por igual para toda la población y que el Estado sirve para moderar estos desequilibrios y no para fomentarlos aún más. No estamos ante un Estado que no interviene, sino uno que precisamente interviene para favorecer a los capitales concentrados que, con la histórica ayuda de ese Estado, han generado reglas desiguales de mercado, aumentando la pobreza, la desigualdad social, el hambre y la primarización de la economía con un fuerte beneficio para los grandes capitales multinacionales (que incluyen grandes empresas argentinas).

Seguiremos organizándonos para mejor la calidad de vida de los y las argentinas, con o sin ayuda del Estado y el mercado. Sin embargo nuestros esfuerzos no son suficientes sin un apoyo de un Estado que lejos está de priorizar el alimento de nuestra población. 

Esta desigualdad del mercado y el Estado claramente se va profundizar con las nuevas políticas económicas, con una brutal licuación de los ingresos de las clases medias y populares y un tipo de cambio, y otras medidas, que favorecen a los sectores agroexportadores sin valor agregado (es decir, sin trabajo).

Hoy las medianas y pequeñas empresas exportadoras con valor agregado (incluso algunas dentro de nuestro sector) perciben un dólar de 730 pesos (descontando las nuevas retenciones) y pagan sus insumos a un dólar de 940 pesos (con el impuesto País). Esta desigualdad afecta la industria, las pymes y pequeños productores, llevando a la Argentina hacia un esquema de economía primarizada y sujeta a los vaivenes de los precios internacionales.

En medio de una crisis económica y social, que lejos de menguar va a tender a incrementarse (junto con las estadísticas de pobreza, indigencia y hambre), desde la UTT y las organizaciones del campo que alimenta redoblaremos la lucha y los esfuerzos para seguir organizando la producción y el consumo para ofrecer a las familias argentinas alimentos sanos y lo más barato que la situación nos permita. Además de sostener comedores populares y otras tareas con una visión de cuidado de la comunidad y la Casa Común. Para nosotras y nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía.

*Coordinación Nacional de la UTT