El sistema educativo fue otro de los tantos ejes que se trataron en el cuestionado proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", mejor conocido como "ley ómnibus", que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso. En síntesis, la mayor parte de los artículos elaborados por el Ejecutivo pretenden modificar la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior.
Algunas de las iniciativas incluidas en este documento de 351 hojas son: evaluar a los estudiantes al final de la secundaria, hacerles saber sus resultados y otorgarles una calificación; difundir los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela; y tomar exámenes periódicos a los docentes para medir sus capacidades y conocimientos.
Otro de los puntos que generaron mayor repercusión este miércoles fue la modificación para impartir el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
Es importante señalar que a partir de este viernes, cuando tome vigencia el decreto de necesitad y urgencia (DNU) que publicó el mandatario ultraderechista, la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial, serán considerados servicios esenciales.
En rigor, para la CTERA representa un cambio en la legislación nacional, que considera a la educación un "bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado", y consignan que su único fin es "limitar, prohibir y restringir el derecho a huelga".
Modificaciones en el sistema educativo en la ley ómnibus
- Docentes
A partir del título VI del megaproyecto de leyes que propuso el Ejecutivo Nacional, se proponen modificaciones que atañen al “Súperministerio” de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que coordina áreas sensibles como Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social.
En el apartado que concierne a Educación, al primer sector al que se apunta es al de los docentes. De la Ley de Educación Nacional 26.206, mantiene dos alternativas del artículo 69 para esa carrera, que son el desempeño en el aula y el desempeño de la función directiva y de supervisión. No obstante, a partir de una modificación, se fija que el ascenso dependerá de la formación y de "la evaluación continua".
En este sentido, el megaproyecto de Milei incorpora dos incisos al artículo 76 que regula las obligaciones del Instituto Nacional de Formación Docente: sostienen en el artículo que será obligatorio “evaluar” cada "cinco años" a los docentes que se incorporan a la docencia mediante "un examen que certifique las capacidades y conocimientos adquiridos”.
También explicita que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”, y argumenta que será imprescindible para “revalidar las capacidades y conocimientos”.
Por último, el proyecto sustituye el artículo 78 de la Ley Nacional por otro que establece que los criterios para esa “evaluación y revalidación” serán definidos por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.
- Estudiantes de secundaria
El proyecto de Milei dirige su atención también a la formación estudiantil y la evaluación del sistema educativo. De esta manera, con la propuesta de sustitución del artículo 95 de la Ley Nacional de Educación, el Gobierno plantea evaluar en conceptos como "matemáticas y comprensión lectora" y otras materias que "determine la autoridad de aplicación" a "todos los alumnos" al "finalizar los estudios de educación secundaria".
Se tratará de un "examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan", añaden, y, a diferencia de lo que ocurre con las vigentes pruebas Aprender, remarcan que "el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado".
Por otro lado, se buscará una modificación que permita que se difundan los resultados de estas evaluaciones, resguardando "la identidad de los/as alumnos/as”, pero no de los “docentes e instituciones educativas”, dado que el Gobierno quiere que los padres y docentes puedan "tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.
- Universidades
Entre otros cambios, el artículo 553 del proyecto de La Libertad Avanza busca sustituir el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, pero solo para argentinos "nativos o por opción" y "para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
En ese sentido, define que "las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos". Sin embargo, aclara, esos estudiantes excluídos "podrán ser titulares de becas".
Asimismo, la ley ómnibus modifica un artículo clave de la Ley de Educación Superior, que tiene que ver con el exámen de nivelación y orientación profesional y vocacional.
Lo que mantiene es lo siguiente: "todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. (...) Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador".
La novedad, en este caso, es este párrafo, que podría interpretarse como el "fin" del Ciclo Cásico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por nombrar un ejemplo: "Alternativamente, las instituciones de educación superior deberán implementar un examen que permita al estudiante ingresar directamente sin complementar el proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional mencionado. El estudiante podrá optar entre el mencionado proceso o un examen de ingreso directo.”
