El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó puntos clave de una polémica ley que flexibiliza las reglas sobre los pesticidas en el país. "Consultados los ministerios competentes, el presidente decidió vetar algunos dispositivos, para garantizar la adecuada integración entre las necesidades productivas, el cuidado de la salud y el equilibrio ambiental", dijo el Palacio presidencial del Planalto en una nota.
Lula decidió vetar 14 tramos de una decena de artículos de la ley que facilita la aprobación de nuevos agrotóxicos en el país y buscaba otorgar mayores poderes de decisión al ministerio de Agricultura. Luego de más de dos décadas de controversias, el texto fue aprobado en el Senado el 28 de noviembre, con un solo voto en contra.
El agronegocio, uno de los principales motores de la economía brasileña, tiene en el uso intensivo de pesticidas uno de sus pilares. Brasil consumió 719.507 toneladas de pesticidas en 2021, el 20% del total comercializado en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Con el veto, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Ibama, principal agencia ambiental, continuarán ejerciendo un papel decisivo en el escrutinio de los agrotóxicos previo a su liberación, potestad que quedaba reservada a Agricultura bajo la ley.
También será invalidada una regla que permitía al ministerio de Agricultura conceder autorizaciones para agrotóxicos antes de la conclusión del análisis de riesgo del producto.
Además, excluyó una norma que eximía a las empresas de incluir información en los embalajes, algo que podría llevar al reaprovechamiento de agrotóxicos e incentivar la "desinformación" sobre los productos.
El viejo anhelo del agronegocio brasileño
En la agenda de Diputados desde 1999, el proyecto había sido actualizado en 2022 por los legisladores de la bancada ruralista -la más poderosa en el Congreso-, con el apoyo del entonces mandatario brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ferviente defensor del agronegocio.
Calificada como "ley del veneno" por sus detractores, el texto fue objeto de duras negociaciones entre los senadores y la administración de Lula. El gobierno consiguió mantener el término "agrotóxico", que los diputados habían reemplazado por los más neutros "pesticida" y "producto fitosanitario".
Pero no logró impedir un cambio mayor: algunos pesticidas, especialmente los que son comprobadamente cancerígenos o capaces de producir mutaciones, o que provoquen daños ambientales, no serán automáticamente prohibidos.
En adelante, la prohibición abarcará los productos que presenten un "riesgo inaceptable" para el ser humano o el ambiente, un criterio considerado muy vago para los detractores del texto.
Además, con la nueva ley, los pesticidas destinados exclusivamente para exportación podrán ser fabricados en el país sin precisar autorización.