El proyecto titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que el presidente Javier Milei envió al Congreso este miércoles –mejor conocida como “ley ómnibus”– propone una reforma total del Estado mediante la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta diciembre de 2025. De aprobarse, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado para asumir facultades legislativas. El documento entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el ministro del Interior, Guillermo Francos, contiene 664 artículos y entre las numerosas áreas afectadas figura la industria del libro.

El artículo n° 60 establece: “Derógase la Ley N° 25.542 de precio uniforme de venta al público de libros”. La norma conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera está inspirada en la Ley Lang sancionada en Francia en 1981 y, en esencia, busca proteger a pequeñas y medianas librerías frente a las lógicas comerciales de los grandes actores como cadenas o supermercados. Según esta normativa, editores, importadores y representantes de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP); esto significa que los ejemplares tienen el mismo precio en cualquier punto de venta. Existe un consenso a nivel mundial sobre la necesidad de proteger a los comercios pequeños y medianos del rubro: países como España, Italia, Alemania, Noruega, Japón, México o Corea del Sur coinciden en la promoción del libro como un bien cultural esencial.

¿Por qué es necesaria la regulación en una industria como la del libro? La norma que Milei pretende derogar revierte las asimetrías que aparecen cuando el mercado queda librado a las leyes de oferta y demanda. Las pequeñas y medianas librerías suelen tener a disposición de sus clientes catálogos con numerosos títulos: no todos ellos son best sellers y muchos pueden llegar a pasar años en sus estanterías. Los grandes actores, en cambio, tienen la capacidad de obtener importantes descuentos por comprar grandes volúmenes de aquellos títulos que lideran los rankings de ventas y luego los ofrecen a un precio muy bajo. El resultado de esa operación es una caída drástica de ventas en los locales especializados que marcan la diferencia por su atención al público, recomendaciones personalizadas y una curaduría atenta de sus catálogos.

La ley vigente concibe a las librerías como espacios fundamentales en el ecosistema cultural argentino y un actor esencial en la cadena de valor del libro. En virtud de esos principios, impide que los grandes actores puedan hacer rebajas desleales y consolida la bibliodiversidad para que todos los lectores puedan acceder a sus libros de preferencia aún cuando no sean best sellers. Una de las grandes falacias en torno a esta cuestión es que si se elimina el PVP, los precios de venta al público bajan. Esto ya se implementó en varios países y no resultó de ese modo, ya que la desregulación funciona como un instrumento para que los grandes jugadores de la industria puedan incrementar su cuota de mercado y achicar la de los eslabones más débiles hasta hacerlos desaparecer. Las ofertas se registran al inicio porque las editoriales ofrecen descuentos si se compra un volumen mayor, pero una vez que los actores con poderío económico logran deshacerse de la competencia y monopolizar el mercado, retiran esos descuentos y pueden fijar el precio que más les convenga porque son los únicos.

Las repercusiones en el sector empezaron a circular de inmediato. La Fundación El Libro lanzó un comunicado que rechazó enfáticamente el proyecto de derogación que abarca las leyes de Protección de la Actividad Librera, de la creación del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro: “La Fundación El Libro, institución integrada por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Sociedad Argentina de Escritores; la Cámara de Librerías, Papeleras y Afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas, manifiesta su total y absoluto rechazo a los proyectos de derogaciones de leyes fundamentales para el funcionamiento del valioso y admirado sistema cultural argentino”. El texto explica que el proyecto pone en riesgo la bibliodiversidad y sostiene que la derogación de la ley "haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.

Víctor Malumian, editor en Godot y co-fundador de la Feria de Editores (FED), explicó a Télam que “uno de los malentendidos más comunes es que si se elimina la ley de precio único (PVP) el promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona”. 

Mónica Dinerstein, presidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, advierte: “Lo que va a pasar, más allá del impacto concreto sobre las librerías, es que esta disposición va a matar al consumidor. No solamente porque los precios van a subir, sino porque esto viene acompañado de la liberación de comisiones y punitorios por incumplimientos sobre las tarjetas de crédito”.

Otro actor perjudicado serán las editoriales independientes que, si pierden puntos de venta como las pequeñas librerías, también corren el riesgo de desaparecer. “La derogación de la Ley del Libro pone en peligro a librerías y editores, pequeños, y no tan pequeños también. Favorece abiertamente a las grandes cadenas y a los pulpos. Es un ataque obsceno a la cultura, el trabajo y las pymes del sector”, expresaron en X desde la cuenta de Editorial Cactus. Y desde Blatt & Ríos escribieron: “Milei manda proyecto en el que deroga la Ley de PVP de libros. La Ley 25.542. Con esto las grandes superficies, supermercados, cadenas, van a atentar contra las librerías independientes y contra todo el sector. Y el primero que diga lo contrario es un ignorante”. 

Las bibliotecas populares también se verán afectadas por la derogación del Fondo Especial que creaba la Ley 23.351; la medida impactará bajo al forma del desfinanciamiento de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip).