Guillermo Michel, ex titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), criticó este jueves la modificación propuesta al Impuesto sobre los Bienes Personales en la ley enviada al Congreso, por considerar que “consolida una matriz impositiva regresiva”, al tiempo que pidió modificar algunos puntos de la iniciativa de blanqueo.

El proyecto presentado bajo el título de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, propone una modificación del tributo y la creación de un régimen especial con beneficios para los adherentes.

En el régimen se podrá tributar el impuesto correspondiente a los períodos fiscales 2023 a 2027 en forma unificada garantizando, a cambio, estabilidad fiscal hasta 2038 en términos de impuestos patrimoniales. Además, fija una baja general de alícuotas en los próximos años: las tasas, que hoy van desde 0,50 a 1,50 por ciento, pasarían a ser en 2024 de 0,50 a 1,30 por ciento; en 2025 de 0,50 a 1,10 por ciento; en 2026 de 0,50 a 1 por ciento y, en 2027, con una alícuota única de 0,50 por ciento.

“(La ley) establece una rebaja de impuestos para los patrimonios en el exterior que implica una pérdida de recaudación de cerca del 0,19 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para beneficiar a cerca de 130.000 contribuyentes de alta capacidad económica”, explicó Michel a través de un hilo en su cuenta de X (ex Twitter).

Para el ex funcionario, esta modificación “consolida una matriz impositiva regresiva” pues, al mismo tiempo, se “volverá a aplicar (el Impuesto a las) Ganancias a un millón de trabajadores”.

Michel también se refirió al “blanqueo” impositivo en el cual los contribuyentes, de adherir en los primeros 90 días, tendrían una condonación de 50 por ciento de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión.

Para el extitular de la Aduana, su implementación es una herramienta necesaria que permitirá “complementar la entrada de datos a nivel masivo de cuentas de argentinos en Estados Unidos sin declarar por el acuerdo FATCA firmado en 2022”. No obstante, consideró que el proyecto debe ser revisado para un mejor funcionamiento operativo.

El texto –evaluó- permite que “las personas humanas que hubieran sido residentes y que al 30 de noviembre último hubiesen perdido la residencia, puedan ingresar al régimen tal como si fueran sujetos residentes en Argentina con los mismos beneficios”. Para Michel, esto “es totalmente inconsistente y no tiene antecedentes en nuestra legislación”.

“Dar un 'beneficio fiscal' tan amplio como es un blanqueo a un no residente que decidió no pagar impuestos en nuestro país y permitirle volver a alocar su patrimonio en Argentina pagando una única tasa de ´penalidad´, es ponerlo en condiciones más beneficiosas respecto al residente no sólo por la diferencia de tasa de blanqueo sino por lo tributado en los años fiscales anteriores”, explicó.

Por otra parte, pidió extremar los requisitos para el banqueo de dinero en efectivo –en el cual sólo se exige su depósito en cuenta bancaria- exigiendo “un análisis de capacidad económica financiera del contribuyente o la intervención explicita de la UIF”. Michel también recomendó establecer “una tasa o penalidad adicional (o directamente excluirlos) a aquellos involucrados en maniobras de sobre-sub facturación de operaciones de comercio exterior”. “De lo contrario, aquellos que le ´robaron´ sus dólares al Estado por operaciones ficticias pueden ahora blanquear esos dólares a un costo muy bajo”, indicó, y recordó que, a este mes, la Aduana tenía denuncias de esta naturaleza por 2.780 millones de dólares. Por último, se mostró contrario a “legalizar la figura del testaferro”, al permitir la figura del blanqueo de bienes a favor de terceros.