El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (foto), sancionó con algunos vetos clave la ley que regula el uso de pesticidas en Brasil, potencia agrícola y primer consumidor mundial de estos productos, fuertemente criticada por los ambientalistas. La ley fue sancionada con vetos "para garantizar una protección adecuada de los derechos a la vida y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado", señaló un comunicado de la presidencia.
Con los vetos la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y el Ibama, principal agencia ambiental, seguirán ejerciendo un papel decisivo en el escrutinio de los agrotóxicos, previo a su liberación, potestad que quedaba reservada al ministerio de Agricultura bajo la ley. También será invalidada una regla que permitía al ministerio otorgar autorizaciones para agrotóxicos antes de la conclusión del análisis de riesgo del producto.
Lula también retiró un ítem que eximía a las empresas de incluir información en los embalajes, algo que podría llevar al reaprovechamiento de agrotóxicos e incentivar la "desinformación" sobre los productos. Sin embargo no logró impedir un cambio mayor: algunos pesticidas, especialmente los que son comprobadamente cancerígenos o capaces de producir mutaciones, o que provoquen daños ambientales, no serán automáticamente prohibidos. La prohibición abarcará los productos que presenten un "riesgo inaceptable" para el ser humano o el ambiente, un criterio considerado muy difuso para los detractores del texto.
Suely Araujo, expresidenta de Ibama, dijo que "lo que valdrá ahora es un análisis de riesgos, sin explicar quién hará eso y de qué forma", mientras que Karen Friedrich, toxicóloga y miembro de la Asociación brasileña de salud colectiva, evaluó que la "ley viene a facilitar el registro de productos más tóxicos". Con la nueva norma los pesticidas destinados exclusivamente para exportación podrán ser fabricados en el país sin precisar autorización.
Los vetos del presidente podrán ser analizados nuevamente por el Congreso, que había aprobado el texto inicial de la ley después de una negociación con la llamada "bancada ruralista", integrada por legisladores opositores al gobierno. El texto inicial, que tenía previsto reducir los tiempos para el registro de nuevos pesticidas, fue objeto de duras críticas por más de 140 organizaciones de la sociedad civil, que veían en él un alto potencial de perjudicar la salud humana y animal y los biomas.
