La noche en que el presidente Javier Milei dio a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia quedará grabada en la memoria colectiva. No habían pasado ni 60 minutos para que el ruido de las cacerolas se empezara a sentir en los diferentes barrios porteños: Boedo, Caballito, San Cristóbal, La Boca, San Telmo, Barracas, Colegiales, Palermo, Saavedra, Congreso. Pero también se escucharon en distintas plazas de ciudades del país. Y es que, además de ser inconstitucional, el DNU y la Ley Ómnibus modifican de un plumazo derechos adquiridos por décadas de lucha colectiva.
“En Comodoro Rivadavia no sabemos cómo hacer las 4 ó 5 ollas del mes, los precios de la mercadería para comprar son demasiado elevados. Este año fue muy triste para los vecinos del barrio porque no recibimos las cajas navideñas. Gracias a las personas que nos donan siempre pudimos realizar un almuerzo navideño. Además, estamos como todos los veranos con cortes de agua muy seguido”, dice María Esther de la Garganta Poderosa. Francisca vive en el barrio Constitución de San Rafael, Mendoza, hace 5 años que está a cargo de 5 nietes: “solo cuento con la AUH y mi pensión, que es la mínima. No nos alcanza para comer, vestirnos y pagar impuestos. Mi nieta Guillermina toma leche y hace 2 semanas que ya no consume porque es imposible comprarla. Compramos menudos de pollo para hacer un arroz o guiso, para que rinda, pero solo almorzamos (no alcanza para cenar). No quiero ni pensar en los útiles el próximo año. Mi nieta más grande, Brisa, está en 4º año de la secundaria y ayer me decía, abuela, yo no puedo seguir estudiando, no nos va alcanzar, voy a tener que buscar trabajo para ayudarte con mis hermanos”. La situación se repite en Santiago del Estero: Marta vive en el barrio John Kennedy, tiene 6 hijos, gasta 8200 para hacer un guiso que apenas alcanza para ellos. Ya no le alcanza para la garrafa y tienen que cocinar con carbón.
“Al lobo feroz del mercado es al que soltaron con necesidad y urgencia para que se siga comiendo al pueblo que ya venía golpeado pero armando estrategias de supervivencia, ahora ese lobo tiene la cara de las empresas que desde siempre formaron los precios de los alimentos ahora desregulados por el decreto infame del gobierno: se pueden comer lo que quieren y cuando quieren a los sectores de bajos recursos y de los medios también. Esa es la necesidad y la urgencia de este gobierno nacional”, dice Claudia Albornoz, coordinadora de La Garganta Poderosa en Santa Fe y cocinera comunitaria. “El gobierno de Milei le sirvió en bandeja al mercado para que se termine de comer a los sectores más empobrecidos y vulnerados del país, y sigue construyendo un enemigo común junto a las empresas de medios concentradas para que no tengamos resistencia, por eso los movimientos sociales estamos en el ojo de la discusión pública y no están las grandes empresas que se vienen enriquecimiento a costa del pueblo”, reflexiona Albornoz.
La situación de la salud también es alarmante. “Ríos de tinta han corrido en los periódicos y los portales hablando de los aumentos en la medicina prepaga. El conglomerado de empresas del sector (poco más de seiscientas) brinda cobertura a 5 millones de argentinos, el 10% de la población. El 90% de los argentinos no tiene prepaga”, dice a Las 12 Fernanda Boriotti, presidenta de la Fesprosa, federación conformada por los y las trabajadoras de la salud de todo el país. Boriotti explica además que más de veinte millones tiene cobertura pública exclusiva (CPE) en los 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias. El 80% de la financiación del sistema público está a cargo de las provincias y los municipios (65% y 15%, respectivamente), por lo tanto, detalla Fernanda, el efecto de la restricción de los recursos coparticipables será devastador. Pero aún hay más: el 20% que aporta el Ministerio de Salud de la Nación tendrá, según los anuncios del gobierno, el presupuesto congelado en los niveles de 2023. “Es decir, devaluados en un 140%. Esto afecta a los programas de vacunación, salud reproductiva, SIDA, tuberculosis, oncológicos y otros. Previsiblemente, el descreme programado de la cartera de las obras sociales, junto a la caída del salario real, impactará de lleno en el nivel prestacional de la seguridad social, lo que significará que la rueda de auxilio, que siempre fue el sector público, deberá funcionar al doble pero sin recursos”, especifica Boriotti. Y quienes ganan, se pregunta: “Belocopitt y Fraomeni absorberán a los usuarios de salarios altos y deglutirán a las prepagas pequeñas, concentrando aún más el mercado. Roemmers y Bagó se llenarán los bolsillos con los precios liberados. El complejo médico industrial financiador y prestador será el gran ganador. Los usuarios del sector público, la mayoría de los trabajadores en blanco de ingresos medios y bajos y los jubilados, serán los perdedores. Y, por supuesto, el medio millón de trabajadores y trabajadoras de la salud pública, a quienes el nuevo monarca pretende arrancar el derecho de huelga, violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Estas son las condiciones de un plan que cristaliza una salud rica para pocos y una salud totalmente pobre para el 90% de los argentinos y argentinas”.
En ese mismo sentido se expresa Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica que reúne a los y las docentes universitarias de todo el país: “que el presupuesto 2024 sea el mismo que el de 2023, tal como lo expresó el Consejo de Rectores y Rectoras, va a alcanzar solo para los primeros 4 meses del año. Frente a una inflación calculada en 180 para finales de este año pero que seguirá en aumento durante 2024, seguir funcionando con un presupuesto congelado va a ser imposible. Por eso desde los distintos sectores y federaciones universitarias y el consejo de rectores y rectoras exigimos que se considere un aumento presupuestario acorde a las necesidades que las universidades tienen para su funcionamiento básico: poder pagar los servicios esenciales como la luz, el agua, el gas, las becas”. Staiti se refiere además a la urgencia para que se garantice el tema salarial y se reabran las paritarias antes de febrero “para que nuestros salarios no queden por debajo de la inflación un 40 o un 50%”.
Leonor Cruz, secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma también explica que la inflación y la devaluación afectan directamente la soberanía alimentaria de cada familia: “no basta con dar 50% de aumento en la tarjeta alimentar o en la asignación universal porque los precios se remarcan a cada momento. Las mujeres ya hacen malabares para poder tener un plato de comida en sus casas; la primera violencia que recibimos las mujeres y las diversidades es la pobreza, que Milei acrecienta no sólo con el DNU sino con el paquete de medidas que ya Caputo está implementando. Hay 1 millón 200 mil mujeres solas que son jefas de familia y que hoy ven su economía derrumbarse. Por otra lado, la amenaza a las compañeras que llevan sus hijes a las movilizaciones para volver a decir que el hambre es un crimen, es inhumano”.
Desde su barrio en San Miguel de Tucumán, Cruz afirma que además de lo material las estigmatizaciones sobre el transfeminismo van en aumento: “el cierre del Ministerio de Mujeres y diversidades es parte no sólo del desguace del Estado sino del retroceso de las políticas de géneros y diversidades que nos ponen en una vulnerabilidad aun mayor”.
La organización contra el DNU es transversal y nacional: la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (FATPREN) también rechaza enfáticamente el DNU. Mariana Mandakovic, secretaria de Organización de la Federación, explica que “el decreto modifica la Ley de Contrato de Trabajo afectando indemnizaciones, período de prueba, la presunción de relación de dependencia en caso de prestación de servicios, entre otros puntos que subvierten el principio protectorio del derecho de trabajo y en relación al derecho colectivo, restringe severamente el derecho de huelga”. Por otra parte, dice Mariana, se convierten en Sociedad Anónima las empresas del Estado, entre las cuales se encuentran los medios públicos, como paso previo a su privatización. Pero también se modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, suprimiendo, entre otros puntos, el límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional, favoreciendo la concentración mediática, en contra de la democratización de voces e intereses populares.
“Más del 50% de las y los trabajadores del Estado son mujeres por lo que estamos en alerta por las demandas y necesidades de las compañeras de los distintos sectores que pueden verse afectadas al no renovarse sus contratos”, suma su voz Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional.
“Instamos a los y las representantes en el Congreso
para que rechacen este DNU que implica una clara embestida contra el pueblo
trabajador. Avasalla derechos constitucionales elementales, como a la salud y a
la educación, a la vivienda, a la huelga y a la organización sindical, avanza
sobre la desregulación de medicamentos y vacunas, congela presupuestos y
salarios y propone vender empresas y sociedades del Estado y hasta la tierra
con todos sus recursos y nuestros bienes comunes. Sabemos que este ajustazo
sólo cierra con represión, por ello también lanzaron el protocolo de Patricia
Bullrich con el que pretenden amedrentarnos”, asegura desde Santa Fe, Claudia
Baigorria, secretaria general de la CTA Autónoma sant
