Uno de los 664 artículos de la ley "ómnibus" que envío el presidente Javier Milei al Congreso llamó la atención en el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona. Se trata de la incorporación de un inciso en la Ley 25.233, que rige la Oficina Anticorrupción, en la que dice que ese organismo podrá ser querellante en causas en las que "se encuentre afectado el patrimonio del Estado", algo que va en contra de la posición de Libarona, quien considera que la OA y la Unidad Información Financiera (UIF) no deben ser entes de persecución.
Al frente de la OA estará Alejandro Melik, un ex socio y hombre cercano al ministro de Justicia, quien estuvo a cargo de la defensa Guillermo Coppola en la causa del “jarrón”. Por lo pronto, no se puede presumir un cortocircuito entre ellos sino un error en la redacción del proyecto enviado por la Casa Rosada al Congreso.
Desde el Ministerio de Justicia esperan que el error sea subsanado en el corto plazo para su debate en el Congreso. Es que Libaron viene sosteniendo que "los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos".
El ministro se manifestó así en una entrevista con Infobae, a principio de semana, y completó: "Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado".
El inciso en cuestión es el "M" del artículo 25 del proyecto de ley ómnibus que propone incorporar el "artículo 13 ter" a la Ley 25.233, en el que describe las funciones de la OA. En el "M", sostiene: "Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia."
La función de persecución fue una premisa en la gestión de Mauricio Macri, cuando nombró al frente de la OA a Laura Alonso, quien impulsó causas contra la gestión kirchnerista, pero ninguna contra el macrismo. Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, se le dio mayor autonomía a la OA, que dejó de estar bajo órdenes del Poder Ejecutivo, con Félix Crous al frente del organismo y se retiró del impulso de querellas, entre ellas, el expediente de la causa Hotesur-Los Sauces contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, por considerar que era potestad de la UIF.
La reforma del organigrama del Poder Ejecutivo con Milei vuelve a poner a la OA bajo dirección política, ahora del Ministerio de Justicia. Liberona espera que mediante otro DNU se repare el inciso "M", con el que no está de acuerdo.
