Mientras en el Gobierno dan por hecho que el mega DNU de Javier Milei que elimina y modifica 300 leyes entrará en vigencia el sábado, algunos de los demandantes creen que eso ocurrirá este viernes. Hay 25 amparos en el fuero contencioso administrativo de Capital Federal y uno en el de La Plata (que se declaró incompetente), más dos en el fuero laboral, a los que podrían sumarse otros. La presentaciones piden la suspensión del decreto para que luego se dicte su inconstitucionalidad. Dado que hasta ahora ningún juzgado otorgó una medida cautelar hubo quienes presentaron "precautelares". El juez Esteban Furnari, que tiene una acción colectiva, respondió que esperen a que se haga efectivo el DNU. El lunes ya empieza la feria judicial. Habrá quienes presenten pedidos para que se habilite para resolver este asunto.

La entrada en vigencia del DNU implica vía libre para la desregulación de la economía, la derogación de leyes (de alquileres, de góndolas, de tierras, de promoción industrial, entre otras), la puesta en marcha de un régimen que recorta derechos laborales y sindicales, para sentar las bases de la privatización de las empresas públicas, derogar el Código Aduanero y modificar el Civil y Comercial, desregular los servicios de internet satelital, entre tantas cosas. Aún sin haber adquirido vigor, el DNU 70/2023 ya empezó a surtir efectos en los precios y anuncios -como los de las prepagas- de aumentos. 

La maraña de amparos

Entre las pocas decisiones judiciales que se conocieron hasta ahora, este jueves el juez de La Plata Alberto Recondo rechazó el amparo de la provincia de Buenos Aires por considerar que él es incompetente y que debería juntarse el planteo con el proceso colectivo en manos de Furnari. La jueza laboral Alicia Pucciarelli negó el amparo a la CTA, pero abrió la puerta abierta a la apelación. En el caso de la presentación de la CGT, el juez laboral Ignacio Ramonet desestimó una "cautelar interina" y esgrimió que no veía "razones graves y objetivamente impostergables" porque el decreto no entró en vigencia. De todos modos se declaró competente y comenzó con el trámite de pedir al Estado el informe de rigor en este tipo de expedientes. Ambas centrales obreras hicieron hincapié en la pérdida de derechos de los trabajadores/as. La CGT ya apeló y la CTA estaba camino a hacerlo. 

Lo que se ve hasta ahora son algunos mecanismos dilatorios que llevan a la falta de definiciones, más allá incluso del argumento de la vigencia del decreto. Por ejemplo, en el amparo presentado por la abogada Betina Stein, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre se declaró competente, pidió información en el Registro Público de Procesos Colectivos para saber si hay algún proceso en trámite. Hasta que no tenga esa respuesta se niega a avanzar, lo que Stein cuestionó. Es sabido que allí, en ese registro, fue inscripto el amparo que tiene Furnari, presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Claudio Lozano (Unidad Popular) y Hugo Godoy por la CTA y ATE. La gran especulación es que todos los planteos terminen unidos en esa acción colectiva. 

"Es la hora de los jueces. Veamos si los magistrados reaccionan e imparten justicia poniendo a la Constitución Nacional en al cima de la pirámide jerárquica y hacen respetar la República", planteó Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, quien también presentó un amparo radicado en el juzgado de Walter Lara Correa. Allí también está la acción declarativa de inconstitucionalidad pedida por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien reforzó su planteo con  un pedido de medida "precautelar". El abogado señaló, además, que con la Ley Ómnibus presentada por Milei, que incluye un artículo para ratificar el DNU, queda claro que el propio Poder Ejecutivo reconoce que no hay circunstancias que impidan que trabaje el Congreso, y que justifiquen la necesidad y la urgencia del decreto. Sostiene que lo que se busca con el DNU es una "reforma constitucional encubierta". "Para sustituir integralmente la función legislativa", incurrió en el "abuso del derecho público y el desvío de poder", decía su presentación. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, niega que se haya salteado al Congreso sino que, por el contrario, lo puso a trabajar. 

Entre las últimas presentaciones, hay una del CELS que pidió se declare "inconstitucional el DNU 70/2023" porque "viola la división de poderes y suprime o restringe derechos y garantías individuales y colectivas". "El Ejecutivo altera las reglas constitucionales asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso", agrega. "Las reformas que introduce el DNU empeoran las condiciones básicas que se requieren para trabajar, alquilar, pagar con tarjeta de crédito, o comprar remedios. Como contracara, tiene modificaciones que benefician directa y explícitamente a grupos empresarios", dice y recuerda que todo queda librado al mercado y que se afectan los derechos laborales y sindicales", "la huelga o la manifestación". 

Los intendentes de la Federación Argentina de Municipios, que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunciaron que también presentarán un amparo y un pedido de cautelar. "Argentina no está en venta, dijo Espinoza después de una reunión con pares de todo el país. Dijo que la decisión fue tomada entre 500 intendentes. "Los vecinos nos piden que hagamos algo", "vamos a proteger a nuestros abuelos, empresarios comerciantes, trabajadores..." 

El debate por la vigencia

El Código Civil y Comercial dice en su artículo 5º: "Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen". El DNU 70 fue publicado el 21 de diciembre. En el Gobierno y algunos abogados/as cuentan ocho días desde el posterior a la publicación. De ahí que señalen que estará vigente tras el primer minuto del sábado 30. Según la otra interpretación, se cuenta el día de la publicación, por eso la vigencia sería desde este viernes 29. Habrá que ver si algún juez o jueza define algo en las próxima horas o si vienen nuevos planteos para que se habilite la feria y se trate la cuestión. El Congreso, por lo pronto y pese al inicio de las sesiones extraordinarias, todavía no conformó al Comisión Bicameral que revisa los DNU.