En su 35° sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de Salta aprobó ayer de manera definitiva la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 y la emergencia económica en la provincia. Asimismo, se autorizó a que el Ejecutivo provincial tome un préstamo de 50 millones de dólares y se aprobó la prórroga de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. 

Se trata de proyectos que ingresaron desde el Ejecutivo provincial con el argumento de que son necesarios para "mantener el equilibro fiscal y económico" en Salta, después de conocer las restricciones al gasto público que decidió el gobierno nacional de Javier Milei, medida que afecta directamente a las provincias. El martes último la Cámara baja les dio media sanción. 

El senador por Orán Juan Cruz Curá, vicepresidente del bloque Compromiso por Salta, fue el responsable de informar el proyecto de prórroga del Presupuesto General 2023 para el ejercicio presupuestario 2024. El legislador dijo que ante la falta de tratamiento de un nuevo presupuesto nacional, desde el Ejecutivo provincial no se consideró prudente la elaboración de un nuevo presupuesto de ingresos y erogaciones, "ya que se habilitarían partidas de gastos que no estarían respaldadas por una adecuada estimación de recursos". 

También manifestó que la provincia continuará en incertidumbre hasta tanto no se defina en el Congreso Nacional lo que sucederá con el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus, presentada por el gobierno de Milei. 

El senador por Cachi, Walter Wayar (Frente de Todos), recordó que había votado en contra del Presupuesto General 2023, pero dijo que "en un contexto de país distinto e incierto se puede terminar en un grado de conflictividad enorme". Sumó la falta del nuevo proyecto nacional y afirmó que "con las leyes y DNU que están mandando al Congreso, se está viendo que (al gobierno nacional) no le interesa mandar un simple presupuesto". Por lo tanto, adelantó su voto positivo. 

En esa misma línea, el senador por La Caldera, Miguel Calabró (Evita Conducción), también cuestionó la "falta de un presupuesto real desde Nación" para que la provincia recién pueda proyectar sus números. Recordó que el presupuesto provincial destina un 33% en educación; casi un 20%, en salud; 14%, en seguridad; el 4%, en infraestructura, y 14%, en economía. La mayoría de estos fondos llegan desde la Nación por el sistema de coparticipación federal. Salta es "una provincia que depende fundamentalmente de los recursos que nos manda Nación", por lo que "vamos a tener que estar atentos" en la ejecución de los fondos existentes, afirmó. 

En tanto, el legislador por La Viña, Jorge Pablo Soto (Compromiso por Salta), cuestionó al gobierno nacional que "ya demostró que con las medidas adoptadas solamente ha pensado en sectores privados que están mucho mejor que los más empobrecidos". Por ello, dijo que se debía dar un acompañamiento pleno a la prórroga. La aprobación fue de manera unánime. 

Emergencia sociosanitaria

Otro proyecto aprobado fue el de la prórroga de la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia por el plazo de 180 días. Originalmente esta medida se dispuso por la ley provincial 8.185, y prorrogada por la 8.353 y el decreto 309/23 del Ejecutivo Provincial.

El senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler (FdT), fue el miembro informante y recordó la reciente visita al Senado del ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, quien informó sobre un Plan Federal de Salud para "continuar garantizando la atención y asistencia de cada uno de los salteños". Además, el ministro dijo que lograron reducir los índices de mortalidad infantil y materna en el norte salteño.

En ese sentido, el legislador dijo que la prórroga de la emergencia sociosanitaria implicaba continuar con la puesta en marcha de acciones y recursos especiales, sean sociales y de salud pública, para "garantizar el acceso básico de alimentación y atención médica para aquellos que se encuentren en emergencia". "Es nuestro deber como legisladores darle las herramientas al Ejecutivo para lograr este fin y ayudar a nuestros hermanos del norte que venimos sufriendo desde hace muchos años", agregó.

En tanto, el senador Curá agradeció a sus pares por el acompañamiento y destacó las obras sanitarias realizadas desde el dictado de la emergencia. "Vamos a tener las inclemencias del tiempo, si bien queríamos que llueva, sabemos que también ello nos genera mayor riesgo de dengue u otras enfermedades", indicó, justificando la necesidad de fortalecer las políticas de emergencia. 

Por su parte, el senador Wayar sostuvo que el informe que brindó el ministro Mangione puso en evidencia los avances que se dieron desde la aprobación de la emergencia. Aún así, dijo que en el contexto actual -trazado por la inflación y las medidas dispuestas por Milei-, "la emergencia sigue y, sobre todo, esta incertidumbre en Argentina conlleva a decir que este proyecto debe tener vigencia".

Wayar trajo a colación una de las medidas de recorte que adoptó el gobierno provincial, de no hacer nuevas contrataciones en la administración pública. El senador expresó que debe haber excepciones cuando se habla de salud, pues "donde el servicio de salud necesite trabajadores, es necesario que corra el decreto de la emergencia sociosanitaria" por encima de otras legislaciones o decretos, aseguró.

Si bien, se acompañó de manera unánime la prórroga, hubo senadores, como Walter Cruz (Iruya) y Luis Altamirano (Santa Victoria), que insistieron en que se debía dictar la emergencia en todo el territorio provincial. Sobre todo, por la falta de personal médico en las localidades fuera de la capital salteña. 

La economía en emergencia

En la sesión también se aprobó la prórroga por un año de la emergencia económica, sancionada en la ley nacional 7125, así como sus respectivas prórrogas, y de la ley provincial 6583. En esta última se modificaron los artículos 16 y 19, que establecen que durante el período a prorrogar no se podrán efectuar contrataciones o designaciones que incrementen el número de personal previsto en la planta ocupada al 31 de diciembre de 2023. 

"Los actos que así lo dispongan serán nulos y no producirán efecto alguno", sostiene el proyecto. Además, establece que las vacantes sólo podrán cubrirse por razones de estricta necesidad y estas designaciones deberán efectuarse por acto administrativo expreso, individual para cada caso y fundado en la determinación objetiva de su necesidad.

El senador Walter Cruz afirmó que la situación actual de la provincia y el país lleva a que la Cámara alta tenga que dar su aprobación a esta prórroga para su sanción definitiva. "Hoy (por ayer) sabíamos que íbamos a tratar leyes que harían de prevención en algunas cosas que se nos van a venir. Sabemos que en este contexto y cómo vienen las cosas, va a estar complicado", dijo en referencia a las acciones del Ejecutivo nacional. 

Crédito a favor

También se autorizó al Ejecutivo provincial a acceder a un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 50 millones de dólares, para la ejecución del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la provincia de Salta. El plazo de amortización será de 23 años y medio contados a partir de la suscripción del contrato, las amortizaciones serán semestrales consecutivas y en lo posible iguales, con siete años de gracia. Mientras que el plazo de desembolso está pautado en seis años.

Wayar afirmó que la provincia necesita de herramientas que garanticen la productividad e industrialización y entendió que la toma de este nuevo crédito se debía aprobar ante las medidas nacionales que -en el corto o mediano plazo- obligarían a las provincias a buscar financiamiento propio. "¿Por qué demorarlo entonces?", se preguntó. 

Aún así, cuestionó la toma de otros créditos por parte de la provincia y su falta de rendición, como el Fondo de Reparación Histórica, de 2011, bajo el mandato de Juan Manuel Urtubey. Dicho fondo consistió en unos 200 millones de dólares que iban a ser invertidos para solucionar el histórico problema de la falta de agua en el norte salteño. "Está en un pozo negro ese crédito", manifestó Wayar. Por eso pidió a sus pares que en las primeras sesiones posteriores al receso "construyamos y formulemos una ley que audite el credito", más allá de que la Constitución provincial así lo dispone. "Le damos un status y un método de control", argumentó. 

En tanto, el senador por Los Andres, Leopoldo Salva, presidente del bloque Evita Conducción, dijo que el crédito del BID beneficiaría directamente a su departamento puesto que allí se diseñó la construcción de uno de los polos tecnológicos del programa. "Nos hace falta este tipo de infraestructura en la zona", sostuvo.

El crédito involucra un programa con tres componentes. La infraestructura y su financiamiento, para lo cual está prevista la construcción de dos polos tecnológicos, uno en la zona norte de la ciudad de Salta y el otro, orientado a la minería, en San Antonio de los Cobres (Los Andes). Se aclaró que el polo de la capital provincial contendrá una biofábrica, instalaciones para la producción audiovisual, un instituto de idioma, entre otras cuestiones.

El segundo componente está referido a la capacitación, que surgirá principalmente de las necesidades productivas que tenga la provincia, para fortalecer y garantizar el aprendizaje de salteños y salteñas en esas áreas, oficios o profesiones. Mientras que, el tercer componente refiere a la internalización de la provincia, fortaleciendo la capacidad exportadora no solo en lo referido a productos agrarios o manufacturados, sino también de conocimiento.