El mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 que entra en vigencia a partir de hoy también generó el rechazo de los pueblos originarios de Salta. El reclamo oficial vino de parte de las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que manifestaron que la derogación de la Ley de Tierras N° 26.737 “es directamente un remate del territorio provincial”.

Al momento del relevamiento realizado en 2012, Salta era una de las provincias con mayor porcentaje de tierras (más del 10 por ciento) en manos de extranjeros. Con la Ley que a partir de hoy quedaría derogada, se ponía el límite del 15 por ciento del total de tierras rurales en manos de extranjeros.

El IPPIS sostuvo que con la derogación de esta normativa “están incentivando la venta del territorio del Estado argentino al mejor postor”.

El organismo emitió un comunicado ayer en el que resaltó que “por la deuda histórica que mantiene el Estado con los Pueblos Indígenas, en cuanto a la aprobación de la Ley de Propiedad Comunitaria”, es necesario “que nos garantice la seguridad jurídica de los territorios que poseemos desde tiempos inmemorables (muchos de ellos relevados mediante la Ley N° 26160)”.

El IPPIS sostuvo que la derogación de la Ley de Tierras “implica una invitación a los inversores inmobiliarios extranjeros a hacer negociados con los titulares registrales y por consiguiente afectar las posesiones de nuestros territorios comunitarios. Siendo la provincia de Salta una de las más extranjerizadas del país, esta medida es directamente un remate del territorio provincial”, aseguró.

Concluyó el comunicado con la reafirmación de que “como pueblos ancestrales tenemos el derecho a ser iguales en cuanto la diferencia nos inferiorice, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracterice. Llamamos a todas y todos los hermanos de distintas culturas, de distinto color, pero de un mismo corazón a unirnos en este justo reclamo”.

Quitar derechos a quienes apenas los tienen

Sergio Simplicio, de la organización originaria La Nueva Integridad, de Misión La Loma, conformada por los pueblos Toba (Qom), Wichí y Guaraní de la localidad de Embarcación, en el departamento San Martín, e integrante también de la asociación Mintti, reclamó por el peligro que, entienden, genera el DNU respecto de la propiedad comunitaria ante el avance de una eventual extranjerización de sus territorios, pero también por la criminalización de la protesta social.

Las comunidades indígenas de Salta realizan protestas recurrentemente, por diversas razones, entre ellas por la muerte de niños y niñas a raíz de causas evitables (y que tienen de base la desnutrición), la desatención y atención insuficiente de las personas de las comunidades con discapacidad, la falta de acceso a la salud por falta de facilitadores interculturales o recursos humanos médicos, de recursos para la compra de alimentos, y el avance de medidas indirectas, como la devaluación, que socava los pocos ingresos con que cuentan para sobrevivir.  Todos son motivos que abonan el terreno para que recurran a los cortes de ruta como única herramienta política para obtener respuestas.

El avance de un protocolo de seguridad y la posibilidad de criminalizar aún más los cortes de ruta puso en alerta a las comunidades, dado que sus manifestaciones suelen realizarse en arterias nacionales.

El incremento de los precios como las tarifas del colectivo (un viaje desde Embarcación a la ciudad de Salta pasó de costar poco más de 5 mil a 15 mil pesos), también complica  a las personas que habitan en el norte salteño y deben trasladarse a la capital provincial para todo tipo de trámites o por razones de salud. “Te empieza a faltar (el dinero) porque no manejamos un sueldo fijo. A veces apenas llegamos a los 50 mil pesos y con los beneficios, a 60 mil pesos. Pero al pagar la suba de la mercadería, la luz, el transporte, y los útiles cuando empiecen las clases, nos complicaría un montón”, explicó Simplicio.

Gran parte de la población de esta zona (indígena y criolla) trabaja en fincas, en la cosecha de verduras o máiz. Las más de las veces estos trabajos se realizan en la informalidad, sin registración alguna. En este contexto, la derogación de artículos y leyes que les protegían les deja una situación de mayor vulnerabilidad aún. 

Contra el congelamiento del Potenciar Trabajo

En la Comunidad Misión Salim 2, ubicada en Padre Lozano (paraje del municipio de Embarcación), personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo de las comunidades originarias se manifestaron en contra de su congelamiento y de distintas políticas anunciadas por el gobierno nacional.

Actualmente cobran 76 mil pesos en concepto del programa Potenciar Trabajo, desde 2024 este monto será de 78 mil pesos con un solo bono de 10 mil pesos, insuficientes para atender las necesidades esenciales de una persona, o un grupo familiar.

“Conseguimos los planes a través de la lucha”, dijo el cacique y referente del Polo Obrero, Leonardo Simplicio, tras reiterar las múltiples necesidades por las que atraviesan las comunidades.

Como ejemplo de la afectación que les provocaría el congelamiento, indicó que antes al menos compraban unas 60 tiras de pan con 1500 pesos. “Y ahora con mil pesos solo llegamos a tener 5 o 6 tiras de (pan tipo) Felipe”.

Añadió el histórico problema de la falta de reconocimiento del Estado al trabajo que realizan las comunidades como las artesanías, la carpintería o la producción de carbón. “Nosotros queremos un trabajo pero también un pago digno”, afirmó. Cuestionó que el actual gobierno nacional busque pagar una deuda, lo “que está bien. Pero tendrían que pagarla los que tienen guita, y no gente como nosotros”, sostuvo.

“No hay trabajo” en la zona, y las “changas” se pagan, por jornal, entre 5 y 6 mil pesos en una jornada que va de 8 a 12 y de 14 a 16, con temperaturas que superan los 40 grados, contó.

La situación alimentaria ya entró en emergencia. Pues con el inicio de las vacaciones, los alumnos y las alumnas dejaron de acceder al alimento que se brinda en las instituciones educativas. “Hace tres meses nos suspendieron además la mercadería para comedor y merendero, que antes al menos daba un desayuno y hasta el almuerzo” a las personas de la comunidad, relató el cacique.