El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza para que se declare inconstitucional el DNU 70/23 con que el presidente Javier Milei intenta desregular la economía y eliminar decenas de derechos laborales conseguidos durante décadas.
La presentación es la primera de su tipo que se hace directamente al máximo tribunal e incluye un pedido de “suspensión total” de ese decreto, a fin de que el Poder Ejecutivo no pueda aplicar ninguna de esas disposiciones que, según el escrito, “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
El mandatario provincial informó que el planteo judicial fue hecho con el patrocinio de Eugenio Zaffaroni, exintegrante de la CSJ y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y del consititucionalista Raúl Gustavo Ferreyra.
El anuncio de la presentación fue hecho por Quintela a través de la red social X donde sostiene que la vigencia del cuestionado decreto de necesidad y urgencia “lesiona gravemente” el federalismo y la institucionalidad de la república. Además, “coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.
Los argumentos para que se declare inconstitucional al DNU de Milei van en línea con los planteos anteriores que hicieron particulares, gremios, organizaciones sociales y distintos dirigentes de la oposición ante tribunales menores.
"Perjuicios irreparables"
El escrito sostiene que el objeto de la acción declarativa es “hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 70/2023” que “produce perjuicios irreparables” a por lo menos una decena de artículos de la Carta magna.
“Produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice el texto, según informó el mandatario en su posteo.
Por la gravedad que reviste cada una de esos “perjuicios”, Quintela pidió también que se dicte una medida cautelar “que disponga la suspensión total de efectos del decreto”, a fin de que no se pueda aplicar “ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.
El gobernador subrayó que ese reclamo “que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”.
