La lucha del ecologismo y la sociedad civil para frenar la crisis climática ha tomado un rumbo distinto. De la vía de la protesta y las grandes manifestaciones, algunos colectivos han pasado a la vía judicial y los litigios climáticos se han convertido en un modus operandi cada vez más habitual en 2023, permitiendo que las organizaciones conservacionistas puedan sortear el pesimismo para lograr victorias y arrebatar a los grandes contaminantes la impunidad.
En 2021, la Justicia de Países Bajos emitía una sentencia histórica: la petrolera Shell era considerada responsable directa de la crisis climática. Los magistrados concluyeron que la compañía, al elevar sus emisiones de efecto invernadero, estaba desoyendo los acuerdos climáticos internacionales y contribuyendo a calentar el planeta, por lo que la obligaba a cambiar sus políticas empresariales y reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030.
La decisión, que llegó tras una demanda de Amigos de la Tierra y que está aún en fase de apelación, abrió el camino a una forma de actuar para otras organizaciones sociales y afectados por la crisis climática. Desde jóvenes que temen por un futuro hostil y demandan a gobiernos a campesinos que demandan a compañías energéticas por ver su sustento económico damnificado.
Por los derechos de la infancia
El derecho de las generaciones más jóvenes a un medio ambiente seguro y saludable está cada vez más en entredicho. Con el termómetro del planeta al alza y las emisiones de efecto invernadero disparadas, son varios los casos en todo el mundo en el que grupos de jóvenes acuden a los tribunales para pedir responsabilidades políticas y empresariales. En 2023, de hecho, se dio la primera sentencia histórica en ese sentido. Un grupo de menores denunció al Gobierno federal de Montana, en EEUU, por no garantizar un futuro digno con sus políticas ambientales y, finalmente, los tribunales han dado la razón a los jóvenes.
En Europa, seis jóvenes portugueses se plantaron en septiembre ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para iniciar un litigio climático sin precedentes. Este grupo ha denunciado a los 33 países y sus gobiernos, entre ellos España, por incumplir el Acuerdo de París y no frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que los magistrados emitan su sentencia en 2024.
También ha sido histórica la posición del Comité Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur, que este 2023 dio la razón a un grupo de jóvenes que denunció al Gobierno por vulnerar su derecho a un medio ambiente seguro y saludable. Aunque este dictamen no es vinculante, se trata de la primera vez que un organismo gubernamental afirma que el Estado tiene la obligación de mitigar el cambio climático que las respuestas que se están dando son insuficientes.
Victorias y derrotas
El ecologismo ha cosechado victorias impensables años atrás y han obligado a Gobiernos a actuar con más contundencia en sus políticas climáticas. Este año, mientras la COP28 se desarrollaba en Dubái, el colectivo belga Klimaatzaak consiguió que el Tribunal de Apelación de Bruselas condenase definitivamente a Bélgica y a las regiones de Flandes y Bruselas por dejadez en la lucha contra la crisis climática. Los magistrados han ordenado al Gobierno a reducir las emisiones de CO2 del país en un 55% para 2030.
En paralelo, los colectivos ecologistas obtuvieron una derrota inesperada este mismo año. Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Greenpeace, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo demandaron al Estado español en 2020 por inacción ante la crisis climática y en julio de 2023 el Tribunal Superior rechazó el recurso de las organizaciones tras considerar que las políticas del Gobierno sí eran válidas para reducir las emisiones de efecto invernadero.
Un 2024 con sentencias cruciales
Se espera que durante 2024 los tribunales sigan posicionándose en casos que siguen abiertos. De hecho, los tribunales de Países Bajos volverán a revisar el caso mencionado de Shell, después de que la petrolera haya presentado alegaciones y se espera que haya una vista del caso en abril y una sentencia que cierre por completo el proceso judicial.
En Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunciará varios veredictos de casos como el de Las Abuelas de Suiza (KlimaSeniorinnen), un colectivo que denunció en 2016 al Gobierno suizo al considerar que estaba poniendo en riesgo sus vidas y su salud por las olas de calor derivadas de la crisis climática. Los magistrados también emitirán una sentencia en 2024 sobre el ya mencionado caso de los jóvenes portugueses frente a 33 países europeos y también cerrarán la denuncia de Daniel Carême, un político francés que denunció al Gobierno central por incapacidad de frenar la emergencia climática.
En Alemania, 2024 será un año clave para uno de los litigios climáticos más mediáticos: Saul Luciano Lliuya contra RWE. Este agricultor peruano demandó en 2015 a la compañía energética alemana, a quien culpa de causar el cambio climático y provocar inundaciones que anegan sus cultivos. Se espera que el Tribunal Regional Superior de Hamm se pronuncie a mediados de año.
