La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) salió a cuestionar de soslayo la política represiva de Javier Milei sobre las protestas sociales. Remarcó que el Estado argentino “debe respetar” las manifestaciones y le pidió “garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión”.
El planteo fue hecho a través de un escueto mensaje publicado en las redes sociales del organismo regional. No fue lanzado de manera casual. Lo hizo luego de los anuncios hechos por el gobierno ultraderechista que advierte sobre castigos económicos sobre aquellas personas y organizaciones que se movilicen contra sus políticas de ajuste.
También alude a la medida incluida en la denominada Ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que en uno de sus puntos restringe la posibilidad de que tres o más personas se reúnan en espacios públicos sin permisos previos.
“La protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar”, indicó la CIDH en un mensaje conjunto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Ambos organismos subrayaron la necesidad de “proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
Se trata del primer organismo internacional que salió a rechazar los dispositivos represivos del gobierno de LLA. Hasta el momento, los organismos que encendieron las alertas sobre esa política fueron nacionales, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que envió sus advertencias tanto a la CIDH como a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Si bien el mensaje no cita ninguna medida en particular, alude directamente a las últimas decisiones que la administración de La Libertad Avanza (LLA) hizo recaer sobre los movimientos sociales y gremios que se expresaron contra el ajuste.
Particularmente desde la puesta en marcha del Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que -bajo el slogan “el que corta no cobra”- se estrenó el mismo día que el Gobierno amenazó con quitarle los planes sociales a todo aquel que participara de un piquete.
También refiere a la iniciativa para poner en jaque los cortes y manifestaciones incluida en el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.
Uno de los puntos de esa iniciativa restringe la posibilidad de que tres o más personas se reúnan para cortar el tránsito y advierte que quienes "organicen o coordinen una reunión o manifestación" serán “reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".
