La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que había ordenado la equiparación salarial de los y las enfermeras con el resto de los profesionales de la salud. Ahora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tendrá un plazo de 90 días para fijar un esquema de igualación de los salarios, un histórico reclamo de la enfermería. Aunque no establece los parámetros para el reconocimiento del sector en la Ley de Profesionales de la Salud, de la que fue excluido por el oficialismo porteño, el fallo sí reconoce que existe una "discriminación inaceptable" y un "agravio" a la garantía constitucional de igualdad entre los enfermeros y enfermeras y los demás profesionales.
A días de entrar en feria judicial y más de un año después del fallo de primera instancia, la Sala N°II en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad emitió su resolución sobre la apelación presentada a fines de 2022 por el GCBA. Para Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín, los tres camaristas que integran la sala, "no resiste el test de razonabilidad e igualdad" el hecho de que "los licenciados en enfermería reciban una retribución menor por la sola circunstancia de estar incorporados en otro escalafón mientras compartan las condiciones para estar incluidos en el régimen general de los profesionales de salud".
El origen de esa desigualdad normativa data del año 2018, cuando el oficialismo porteño aprobó en la Legislatura la Ley N°6035, que establece quiénes son y quiénes no son reconocidos como profesionales de la salud en la Ciudad. Esa norma incluye a 25 carreras, desde odontólogos, obstetras, médicos y farmacéuticos hasta licenciados en Ciencias de la Educación o Sociología, pero excluye explícitamente a la enfermería, por lo que ATE-Capital presentó entonces una acción de amparo para pedir la inclusión de las licenciaturas en enfermería, bioimágenes y psicomotricidad. En su fallo de primera instancia, la jueza Patricia López Vergara había advertido que el salario inicial de esos rubros es un 36 por ciento más bajo del que percibirían de ser reconocidos dentro de la ley.
Ahora, los jueces de Cámara ratificaron la parte del fallo de origen que ordena la equiparación salarial al considerar que se encuentra "verificada la desigualdad de trato denunciada". Así, dispusieron "el cese de las conductas que importan un agravio concreto, manifiesto y directo a la garantía de igualdad consagrada constitucionalmente". Para los camaristas, "las diferencias salariales reseñadas, que resultan acentuadas por una mayor carga horario establecida para el frente actor, dan cuenta de una diversidad que desnuda una discriminación a todas luces inaceptable".
En este sentido, ordenaron a las autoridades porteñas que emprendan "de manera urgente" la adecuación de la "regulación relativa a la actuación de los profesionales que conforman el frente actor a la indiscutida circunstancia de que se trata, efectivamente, de profesionales de la salud". Sin embargo, a diferencia del fallo de López Vergara, y aunque reconocieron la "evidente necesidad de examinar el funcionamiento del sistema en su conjunto", los jueces no establecieron ahora los mecanismos a seguir para el reconocimiento de la carrera, como la inclusión en la 6035, algo que la propia ley establece como potestad del jefe de Gobierno, a propuesta del Ministerio de Salud y en acuerdo con los sindicatos del sector.
Lo que sí ordena el fallo de la Sala N°II es la "urgente" igualación de los salarios por parte del Gobierno porteño. Para eso, establece que "en el término de 90 días se adopten las medidas necesarias para el cese de las diferencias salariales existentes", y estipula que, con ese objetivo, debe "fijarse un esquema de equiparación salarial que atienda a la situación escalafonaria de los licenciados del frente actor, considerando el salario básico de los profesionales incorporados a la carrera de la salud y todo suplemento que sea incluido en la remuneración habitual".
"Si bien el fallo no plantea la incorporación a la 6035, porque entiende que no es materia de la Justicia diseñar política públicas, sí brinda un plazo perentorio para que el GCBA lo cumpla", remarcó en diálogo con Página 12, Agustina Panissa, secretaria adjunta de ATE-Capital. "Ya van dos instancias en que la Justicia reconoce nuestro planteo: que les licenciades de enfermería, bioimágenes y psicomotricidad son profesionales de la salud. Por eso esperamos que el GCBA no apele nuevamente y cumpla con la sentencia. Deben convocar a los diferentes gremios involucrados para poder diseñar esta herramienta de equiparación y subsanar la discriminación que ya es histórica", agregó.
Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), en tanto, calificaron al fallo de la Sala N°II como una "excelente noticia". "El fallo es contundente, toma nuestros argumentos, y es categórico con el CGBA: le da 90 días de plazo para ejecutar la medida. Después de tantas movilizaciones, acampes, marchas de antorchas, festivales y protestas de todo tipo, va quedando claro que no hay más excusas", subrayó Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación, quien coincidió en el reclamo para que el gobierno porteño no vuelva a apelar el fallo y acate la sentencia ahora ratificada por Cámara.
