La investigación por una serie de maniobras intimidatorias y extorsiones para desapoderar de un inmueble y un vehículo a su dueño -un hombre condenado por narcotráfico-, expuso una "trama novedosa". Los hechos involucran a Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos, su esposa y otros familiares; además de Mariana Ortigala -imputada este año por otros hechos de extorsión con el clan- y su pareja, con motivo de recuperar 160 mil dólares por cuya pérdida responsabilizaron a un intermediario -víctima de los ataques- que les presentó a quienes prometieron beneficios como quitarle la tobillera a la pareja de Cantero, presa en domiciliaria. En medio de la audiencia fue requisada la sala donde estaba Cantero, conectado por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, por un escrito que se investigará si configura una amenaza a Ortigala, que estuvo conectada desde la Unidad 5. Siete personas fueron acusadas y hay otra prófuga.
Los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola imputaron al grupo por "haber tomado parte en una maniobra extorsiva tendiente a lograr el cobro de una deuda que le exigían a la víctima". La misma "tuvo origen en una falsa promesa o promesa incumplida de obtener por medio de terceros -supuestamente un abogado bonaerense y vínculos con presuntos servicios de inteligencia de allá- beneficios judiciales para Vanesa Barrios, como quitar el control de la tobillera electrónica, que tiene colocada en cumplimiento de una condena a 12 años de prisión, dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 1, en modalidad domiciliaria".
Según indica la imputación, "el damnificado (en los ataques) habría cobrado, por adelantado, la suma de u$s160.000 a dividir entre diversas personas. Una vez advertido el incumplimiento (por el retiro de la tobillera), la víctima comenzó a sufrir maniobras intimidatorias para la entrega de bienes de su propiedad y de su familia a personas del núcleo familiar de la organización criminal liderada, desde su lugar de detención, por Cantero".
En ese contexto, la fecha en que debía cumplirse lo pactado era el 23 de febrero de 2021, cuando comenzaron las intimidaciones y amenazas por la devolución del dinero y "subsidiariamente la suscripción de una serie de documentos" en relación a los bienes. Los ataques ocurrieron entre julio de 2021 y julio de 2022, "junto con la suscripción de escrituras, boletos de compraventa, contrato de locación, actas y formularios automotores, con la colaboración de Ortigala".
El fiscal Franco Carbone habló de "una trama novedosa". Según indicó, la víctima "vende -a los ahora imputados- un servicio de corrupción en Capital Federal". En ese contexto, se mencionan "supuestos vínculos con altas esferas de los poderes Legislativo y Ejecutivo nacional, y un abogado bonaerense, para que Barrios -que cumplía domiciliaria en Funes en el marco de su condena en la causa Los Patrones-, sea beneficiada quitándole la tobillera electrónica. Ante el incumplimiento de este grupo de personas, comienzan las extorsiones", dijo en relación a unas "siete balaceras y nueve documentos que firmaron -bajo intimidaciones- para desapoderar a la víctima de la propiedad del inmueble de Matienzo y Mendoza y una camioneta", sostuvo. Según se entiende, la víctima fue responsabilizada por los ahora imputados, de la pérdida del dinero.
Carbone indicó además: "Estamos haciendo la denuncia formal por esta maniobra de corrupción que no nos consta, aunque sí hay chats con interlocutores, de que esto que se estaba ofreciendo. Se expone que se sigue trabajando desde la cárcel, que en prisión domiciliaria una de las personas sigue extorsionando, y siempre la figura del principal ejecutor, que es la señora Ortigala, en todo esto".
En tanto, en medio de la audiencia surgió un hecho llamativo: "Al inicio de la misma, en la que los acusados estaban conectados por Zoom, Cantero mostró un cuaderno donde podría haber una amenaza a Ortigala, así que ordené al Servicio Penitenciario Federal -de Marcos Paz- que realice una requisa en la sala donde él estaba y se secuestró el cuaderno. Será materia de investigación", dijo; y prefirió no difundir el mensaje, que según trascendió decía: "Mariana Ortigala esto pasa por tu culpa".
Además de Cantero -preso y condenado en varias causas-, Barrios y Ortigala, fueron imputados Paula Bay (hija de Vanesa), Julieta Martir (media hermana de Vanesa), Ariel Ricardo Dantur (allegado a Barrios), Sebastián Felipe, pareja de Ortigala. El juez Nicolás Foppiani ordenó prisión preventiva para Ortigala, Barrios, Dantur y Felipe; la libertad con restricciones para Martir y Bay.
