En un escenario donde las denuncias y la represión marcan el pulso de la situación, el Gobierno Nacional reconoció que sólo pudo identificar a una persona de las 16.000 denuncias recibidas desde la habilitación de la línea 134, el 20 de diciembre, durante la primera manifestación contra el DNU firmado por Javier Milei.
Dias antes de la multitudinaria marcha convocada por la Unidad Piquetera en contra del ajuste anunciado por Javier Milei, el vocero Manuel Adorni había adelantado que quien cortara la calle para protestar, dejaría de cobrar automáticamente los planes sociales. Además se dispuso la línea 134 para que los beneficiarios de los planes denunciaran amenazas de punteros y dirigentes que pudieran extorsionarlos con sacarles el plan en caso de no asistir a la movilización.
"Entendemos que el motivo de la convocatoria es precisamente el temor a que pierdan el negocio. Todas las organizaciones que están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario. Y entendemos que detrás de eso hay un gran negocio", sostuvo en ese momento Adorni.
Tras la movilización, el gobierno señaló que luego de recibir más de 16.000 denuncias vinculadas a distintas causas que van desde el corte de calles hasta presuntas extorsiones se presentó en la Justicia para pedir que se investiguen.
En este marco, comenzaron con una exhaustiva pesquisa, ante cada uno de los reclamos de las personas que se comunicaron al 134, pero el resultado no fue el esperado. Segun reconocieron, de las 16 mil denuncias, sólo se pudo corrobar una.
Los motivos detrás de la escasa identificación de los denunciados radicaron -en la mayor parte de los casos- en la naturaleza de la información proporcionada en los llamados, donde predominaban sobrenombres y números de teléfono sin revelar identidades completas.
Este escenario, sumado a datos erróneos o falsos, llevó a que solo uno de los casos, correspondiente a una denuncia de la Ciudad de Buenos Aires, lograra una identificación clara, señalando a un presunto "puntero" involucrado en extorsiones para asegurar la asistencia a la manifestación.
Ahora, el fiscal a cargo de la investigación, designado por el juez Sebastián Casanello, buscará obtener todos los informes y grabaciones de los llamados. El gobierno quiere que la investigación continúe con los casos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los demás se investigarán en las jurisdicciones correspondientes.
La línea 134, implementada previo a la marcha del 20 de diciembre, pretendía recibir denuncias de posibles amenazas a beneficiarios de planes sociales para que participaran en la manifestación. En un intento de justificar las denuncias y la habilitación de la línea, Adorni destacó la implementación del protocolo de seguridad y las llamadas recibidas. No obstante, los resultados hasta ahora demuestran un insuficiente manejo de la situación por parte del Gobierno.
