En el último día hábil, sobre el cierre del año judicial y el comienzo del receso de enero, la Fiscalía de Delitos Económicos cerró nomás dos años de investigación penal sobre el directorio de Vicentin SAIC y pidió la elevación a juicio, con fuertes penas de prisión, de entre 7 y 17 años de cárcel para una docena de ejecutivos y tres síndicos del concurso de acreedores. Empieza la hora de justicia para los responsables del mayor pagadiós de la historia local. Un fraude estimado en 1.500 millones de dólares que salió a la luz en diciembre de 2019, cuando el gigante agroexportador se declaró en cesación de pagos. Pero la trama había arrancado un par de años antes.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja entregaron ayer a la Oficina de Gestión Judicial un paquete de 532 páginas con su investigación. Lo hicieron sobre el filo de la feria judicial, luego de que la fiscal regional María Eugenia Iribarren los instruyera para la conclusión de la instrucción de la causa y pasar a la etapa de juicio, tal como Rosario/12 anticipó el martes.
Es la investigación penal que avanzó en paralelo al controvertido concurso preventivo de acreedores que todavía dirige el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Como conclusión de lo actuado, los fiscales fijaron un pedido de penas, a saber: para Daniel Buyatti 16 años de prisión; para Alberto Macua, 16; para Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel, 14; para Máximo Padoan, 12 años; para Cristian Padoan, 10; para Martín Colombo, 13; para Sergio Roberto Vicentin; 10 años; para Pedro Germán Vicentin, 10 años; para Yanina Boschi, 10; para Javier Gazze, 8 años, para Miguel Vallaza, 8 años; para Eduardo Harnan, 7 años.
Asimismo, también piden 3 años de cárcel para los síndicos del concurso de acreedores: Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut. Entienden los fiscales que estos encubrieron la maniobra fraudulenta del directorio y no informaron al concurso preventivo las irregularidades contables que iban surgiendo en la investigación penal.
La acusación se montó sobre 44 casos de estafa que alcanzan a varios bancos internacionales y también locales. Y una estela de acopios cerealeros de pueblo, proveedores, productores, etc.
La empresa alegó en el momento de anunciar su default que el problema fue un "estrés financiero" propiciado por el contexto económico del país. La fiscalía cree poder demostrar que no, que hubo un plan ilegal para tomar activos, acrecentar el endeudamiento y vaciar el grueso del patrimonio hasta convertir al mayor grupo agroexportador argentino en una cáscara vacía.
Los fiscales endilgan al directorio: "Haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en la ocultación del verdadero pasivo de la empresa. Como así también haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales informes trimestrales (entre enero 2017 y julio 2019) firmados por Roberto Alejandro Gazze con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresas, que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentín SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas".
Los créditos otorgados tenían el fin específico de prefinanciar exportaciones del grupo empresario, tanto de commodities como de aceite, harina de soja u otros derivados.
Esos bancos internacionales que denunciaron la estafa son IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).
Abundan en el expediente constancias de los desembolsos millonarios de estas entidades y terceras empresas en favor de Vicentin. Préstamos de 26 u 85 millones de dólares eran moneda corriente en esos escritorios, como lo prueba el caso testigo de la Corporación Financiera Internacional (IFC), perjudicada en USD 294,5 millones en contratos firmados por Yanina Boschi y Javier Gazze, por citar solo uno.
El grupo con origen y base en Avellaneda, norte santafesino, se mostró en sus informes desde noviembre de 2016 hasta julio de 2019 como una empresa "sólida y confiable", con utilidades de 1.000 millones de dólares en los últimos dos semestres.
Sin embargo, para el informe de octubre 2019 mostró una notoria caída. En ese lapso de 3 meses registró una pérdida patrimonial de 909,9 millones de dólares. Los fiscales hallaron que hubo una premeditada "caída de inventarios de materia prima", "aumento de deudas comerciales", sobre todo a sus proveedores de materia prima, es decir, los acopios cerealeros, cooperativas agrícolas y grandes productores de la pampa sojera.
Quedó comprobado para Fiscalía que Vicentin debía en octubre de 2018 unos 32,4 millones de dólares a sus proveedores de granos, los que le entregaban materia prima con precio a fijar en el momento de decidir la venta final. Para octubre de 2019, esa deuda ascendía ya a 571,1 millones. La contabilidad de Vicentin omitió esa evolución de cuentas a pagar.
La imputación se conformó en dos etapas. Una en octubre 2021 por fraude y estafas, cuando los directivos Scarel (presidente), Buyatti, Macua, los Gazze y Valazza, entre otros, esquivaron la prisión preventiva a cambio de una caución de 10 millones de dólares. En mayo pasado, Moreno y Narvaja ampliaron la acusación al agregar "asociación ilícita" entre los delitos cometidos por entender que hubo "pluralidad de delitos" de manera planificada, prolongada en el tiempo y con roles asignados entre los acusados. Y Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel fueron señalados como los jefes de esa organización.
El mayor reproche penal recae sobre Roberto Gazze: pideron 17 años de prisión para este ejecutivo reconquistense domiciliado en una mansión de Funes y de histórico reconocimiento y reverencias en la Bolsa de Comercio en los tiempos que la presidía Alberto Padoan, hombre del grupo, y otros ámbitos empresariales. Los fiscales repararon en que, además de lo hecho, luego del anuncio del default "cometió maniobras de disipación de activos: transferencias de cuantiosas sumas de dinero realizadas a bancos extranjeros como así también transferencias de acciones y creación de empresas en cabeza de sus hijos, a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados", remarcaron.
Luego de detallar la responsabilidad de cada imputado que justifica el pedido de prisión, los fiscales pidieron decomisos patrimoniales: 790.000 dólares depositados en un banco suizo, 35 inmuebles en Reconquista y alrededores, 3 inmuebles en Ciudad de Buenos Aires, 2 inmuebles en Uruguay, 20 vehículos, 8 embarcaciones y la participación accionaria de varios directivos en otras empresas conexas.
Ahora esta mega causa aguarda el inicio del juicio oral, para el cual todavía no hay fecha.
Querellas
Por su parte el abogado querellante Gustavo Feldman, representantes de Commodities SA, acreedor comercial de Vicentin, adelantó que en febrero harán los propio, tras los pasos de la fiscalía. Conocida la acusación, elogió el trabajo del fiscal Miguel Moreno y su equipo: "Es la investigación penal más ardua e importante de la historia judicial de la provincia de Santa Fe, una muestra de profesionalismo y de vocación de servicio público".
"En febrero la querella que represento seguirá los pasos de la Fiscalía y concretaremos nuestra acusación y seguiremos bregando para el juicio y la condena".
