Según la última “Encuesta de Consumos Culturales”, que data de 2022, el 28 por ciento de las librerías argentinas son bonaerenses, el 51 por ciento de los argentinos leyó al menos un libro durante ese año, más que el 44 por ciento de 2017, pero todavía menos que el 57 por ciento de 2013. De ese 51, la mitad leyó al menos a un autor argentino.

Juan Carlos “Coco” Manoukian pasó los últimos 33 años, casi la mitad de su vida al frente de la Editorial Ciccus, que en realidad es la sigla de Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. 

Consultado por Buenos Aires/12 sobre las implicancias que tendría para el sector la ley ómnibus enviada por el presidente, de ser aprobada por el congreso, Manoukian destaca “la bibliodiversidad del sistema cultural argentino, que se ve ahora amenazada”, por el intento de derogar la ley 25542, “de defensa de la actividad librera”. 

--¿Cómo funciona hoy la industria del libro?

--Está regida por la ley del libro, que data de 2001 y se aprobó gracias a un enorme trabajo interinstitucional de toda la cadena. El libro va del autor al lector, pero en el medio hay infinidad de eslabones, profesiones, oficios e industrias. Primero está el escritor, luego el corrector, el diseñador y el corrector que articula todo eso, que le da personalidad a las colecciones, a las tapas, invierte en papel, manda a imprimir, ahí ya movió dos industrias más. Luego de encuadernado, viene la distribución y comercialización, que pueden ser librerías individuales o cadenas, hay cadenas de tres o cuatro y otras como Yenny que tiene más de sesenta. Ese libro llega a la mesa de venta y el lector elige entre miles de opciones. La ley del libro, que costó tanto esfuerzo, principalmente le otorga al editor la facultad de definir el precio de tapa en cualquier punto de venta. Para nosotros, el mejor lugar para comprar libros es en la librería y mejor aún en una pequeña, donde el librero, que muchas veces es un profesional de las letras, nos asesora. Las librerías son pequeños centros culturales de hecho. 

--¿Cuál es el escenario si lo que propone el gobierno nacional se aprueba?

--Es la sentencia de muerte para miles de pequeñas librerías, librerías de barrio y, a mediano plazo, el fin de la bibliodiversidad. El precio de tapa es un concepto que pone a todas las librerías en situación de igualdad e impide que el pez grande se coma al pez chico. Al derogarse, habilita y legaliza el dumping, que es una práctica internacionalmente condenada. Nosotros calculamos unas mil quinientas librerías de estas características  a nivel país y quinientas en la provincia de Buenos Aires.

--¿Como las grandes cadenas de hipermercados y los almacenes de barrio?

--Claro, pero con un agravante. Los libreros de barrio establecen generalmente relaciones personales y duraderas con sus clientes: charlan de literatura, conocen los gustos, hacen recomendaciones. Todo ese maravilloso intercambio,  se va a perder, si desaparece la figura del librero tradicional. 

--¿Y después?

--Después la venta quedaría concentrada en un par de grandes cadenas, que finalmente tendrían el poder de decidir qué libro llega al mercado y qué libro no (N de la R: en la actualidad estas son Cúspide, de grupo Clarín, y Yenny, de la familia Gruneisen). Es el fin de la bibliodiversidad. Sólo habrá acceso garantizado a lo masivo, a lo que ellos definan. En las grande superficies se priorizan los best sellers y los libros de cocina y autoayuda, en detrimento de la poesía, el ensayo, la filosofía y la historia. De manera que esto afecta primero a las librerías, luego a las editoriales y finalmente al lector.

--¿Cuál piensa que debería ser la respuesta del sector?

--Ya hay un comunicado, estamos en estado de alerta y en consulta permanente. Hay un nivel de acuerdo y unidad en contra de esta medida. Las librerías son trincheras que defienden la bibliodiversidad y la actividad intelectual. Esta ley fue un logro importante, países de la región como México y Chile intentan copiarla. Inglaterra tenía una ley similar, la derogó y en dos años perdió un tercio de sus librerías. No podemos reeditar esa experiencia.

La editorial

El núcleo duro que parió ese espacio era un conjunto de militantes e intelectuales bonaerenses vinculados a la renovación peronista que conducía el entonces gobernador de la provincia, Antonio Cafiero. Tras la victoria de Carlos Menem, fueron convocados a la secretaría de Cultura de la nación, entonces en cabeza de Julio Bárbaro. Manoukian recuerda de ese paso a personajes como Jorge Coscia, Martín García y Víctor Laplace, entre muchos otros.

Concluida esa etapa, de vuelta en el llano, se propusieron perseguir los mismos objetivos que desde el estado, pero desde una “organización libre del pueblo”, vinculada a la cultura. Así nació esta editorial, que nunca se detuvo, ni en pandemia.

En tiempos recientes ha publicado trabajos de máxima vigencia como “Falacias Libertarias” de Máximo Agostinelli o “El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión”, del recientemente retirado embajador de Nicaragua en Argentina, Carlos Midence.

También destacados dirigentes del peronismo suelen elegir el sello Ciccus para publicar sus trabajos. Es el caso de “Objetivo Cristina”, compilado por el diputado nacional Eduardo Valdés, de “Nuevos Escenarios, nuevas respuestas” de Jorge “el Turco” Rachid y de “Plutocracia infame”, la cronología de los cuatro años de macrismo firmada por el dirigente de trabajadores gráficos Héctor “Gringo” Amichetti.

El comunicado

“Las instituciones que conformamos la cadena de valor del libro nos manifestamos en conjunto para expresar nuestra firme oposición a la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nro. 25.542”, reza el título del comunicado enviado, que lleva la firma de toda la cadena de valor del libro: Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, Cámara Argentina de Librerías del Chaco, Cámara Argentina de Librerías Independientes, Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República, Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata, Cámara de Libreros y Editores Independientes, Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Fundación El Libro, Unión de Escritoras y Escritores de Argentina y Sociedad Argentina de Escritores.

Sostiene que la mencionada ley “dispone que los editores deben definir el precio de los libros que publican y que ese precio debe respetarse por todos los vendedores, ya sean librerías pequeñas, medianas, cadenas y grandes superficies". Y agrega: "Se trata además de una iniciativa que acordó y acompañó al sector del libro en su conjunto, hasta su promulgación en 2001. El espíritu de esta ley entiende que el libro no es solo una mercancía, sino un bien cultural a través del cual se propagan las ideas, y el conocimiento, se genera cultura e identidad, por lo que resulta indispensable para el desarrollo social e individual de un país. En este sentido, el precio fijo favorece el fortalecimiento de una industria editorial nacional sustentable y diversa”.

Finalmente, concluye diciendo que “excelentes obras y artistas perderán la posibilidad de que su trabajo sea conocido por el público, generando que la industria editorial argentina como tal se vea reducida a una mera expresión comercial”.