Mientras intenta coordinar la actividad oficial para volver a poner a la ciudad en marcha luego del temporal que la azotó el 16 de diciembre, al intendente Federico Susbielles se le abre un nuevo foco de preocupación en el distrito en el que asumió hace menos de un mes. Este sábado tuvo que salir al cruce de la empresa Oiltanking Ebytem S.A, por un importante derrame de petróleo cuyas consecuencias aún se desconocen.

Según informó el intendente, en la tarde del 26 de diciembre se produjo un derrame de petróleo en el estuario, proveniente de la monoboya operada por esa firma en Puerto Rosales. “Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM (Plan de contingencia) para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad. Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista”, tuiteó el mandatario este sábado, cuatro días después de producido el accidente.

Por ese retraso, Susbielles remitió notas a Oiltanking, y a Prefectura Naval buscando “información precisa y fidedigna del suceso en el corto plazo”. “Me consta que el Ministerio de Ambiente de la Provincia inició las actuaciones e investigaciones correspondientes”, anunció el intendente respecto al trabajo de la cartera que conduce Daniela Vilar.

“En base a la información que recibamos, definiremos el rumbo de acción a seguir”, afirmó el intendente que agregó que “la seguridad en materia de operatoria en el estuario no admite fallas, ni falta de diligencia alguna” y cerró su comunicado al asegurar que “la reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde es uno de los tesoros más preciados de la ciudad”. “Y como tal –dijo- la protegeremos”.

Oiltanking es una filial del holding alemán Marquard & Bahls AG, que también tiene actividad en Brasil, México, Colombia, Perú y Panamá, y actualmente opera un oleoducto que transporta petróleo crudo Puerto Rosales (Punta Alta) hasta Bahía Blanca.

Aunque se desconocen las cantidades de petróleo derramado y los impactos que eso generaría, hay organizaciones locales que ya dan cuenta de una afección a “sectores sensibles para muchas especies vulnerables de la fauna marina de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde”.

En una entrevista brindada a Radio Nacional, el director de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo, Pablo Petracci, dio a entender que la presunción es que el derramo “fue más de lo que dijeron” y que “la empresa no actuó a tiempo y, por esa razón, la Prefectura tampoco”.

Sobre ese escenario, Petracci también dijo que el daño que se pueda haber generado “permanece 250 años en la fauna marina”. “Estamos esperando que empiecen a aparecer las aves empetroladas que son las primeras que sufren las consecuencias de esta situación”, aseguró adelantando un panorama que se sumará a la ya difícil situación que se vive en Bahía Blanca.

El pedido de Susbielles para avanzar en la búsqueda de información que permita dar con un panorama un poco más claro de la situación, fue acompañado por algunas organizaciones sociales y políticas, como la CTA local, que demandó “que se investigue en detalle este hecho brindando las evidencias recopiladas y que, en caso de demostrarse su responsabilidad, sea sancionada y se haga cargo de la mitigación de daños”. 

Reactivación

El derrame en la ría bahiense se sucede en medio del proceso de reconstrucción que la comunidad local en su conjunto lleva adelante luego del temporal que azotó la ciudad hace quince días. 

En ese marco, a finales de esta semana, la Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó a las empresas prestatarias de los servicios de luz, internet y televisión la eximición del pago por tres meses para los usuarios de Bahía Blanca.

El pedido, efectuado por el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, fue solicitado para la empresa de energía EDES, las prestadoras de televisión BVC, Cablevisión, Direct TV y a las de cable BVNet, Personal Flow (Fibertel) y Eternet, entre otras.

Según un comunicado, el requerimiento "tiene como objeto poder paliar las graves consecuencias personales y económicas que sufrieron miles de familias de la zona, donde incluso se registró la muerte de 13 personas".

"En este contexto devastador que se vivió recientemente, creemos importante que las empresas puedan eximir del pago a las vecinas y vecinos, para que en este difícil momento donde se registraron grandes pérdidas materiales y humanas, puedan aliviar la situación económica durante al menos unos meses”, expresó Lorenzino.

Además, el organismo indicó que "si bien las empresas siguen trabajando para normalizar los servicios, aún existen zonas que se encuentran sin luz, cable o internet, por lo que también la Defensoría solicita el pronto restablecimiento".