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El conglomerado siderúrgico, energético y de construcción Techint, el unicornio líder de Economía del conocimiento Globant, la compañía productora de alimentos y energía Adecoagro, y la firma Lares Corporation de energía eólica de Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, tienen algo en común. La sede de la empresa y de los beneficiarios (principales accionistas) está radicada en el Gran Ducado de Luxemburgo.
La ONG internacional Tax Justice Network ubica a Luxemburgo en el quinto país más opaco en términos de secreto financiero y se ubica en el sexto lugar entre las guaridas fiscales para corporaciones.
Esta información no tendría otra relevancia que la confirmación de la existencia de la planificación nociva de las grandes empresas para pagar menos impuestos. La cuestión es que esto adquiere urgente actualidad porque en los proyectos enviados por el presidente Javier Milei para el tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso, además de la denominada "ley ómnibus", se encuentra una serie de acuerdos bilaterales para que las corporaciones paguen menos impuestos en el país. Uno de ellos es el Convenio de Doble Imposición (CDI) con el Gran Ducado de Luxemburgo.
Estos fueron negociados por el gobierno de Cambiemos en 2028 y 2019. El de Luxemburgo se firmó en Washington, Estados Unidos, el 13 de abril de 2019. Para que los CDI entren en vigencia tienen que ser aprobados por el Congreso.
Economía no quiere dar el aval
El CDI con Luxemburgo introduce el beneficio sobre las retenciones de impuestos en el país de residencia en pagos de intereses, regalías y servicios de asistencia técnica y dividendos, entre otros. Esta serie de beneficios favorece de manera sustancial a cualquier empresa que le pague intereses o dividendos a su vinculada en Argentina.
El exdirector de Aduanas Guillermo Michel explicó en su cuenta de la red social X que "es un convenio 'tailor-made' para una multinacional con sede en Luxemburgo y actividad en Argentina". Se refiere al Grupo Techint al destacar que es "hecho a medida" del conglomerado de la familia Rocca.
En caso de que se aprueben los CDI incluidos en el temario de extraordinarias en el Congreso (Japón, Luxemburgo, China y Turquía), expertos en materia impositiva calcularon que el fisco perdería de recaudar el equivalente a unos 1500 millones de dólares anuales. Esto generó cortocircuitos en el gobierno de Milei. Hubo una reunión de urgencia de funcionarios de Cancillería y Economía para evaluar qué hacer con el compromiso del Presidente de enviar los CDI para el tratamiento en sesiones extraordinarias. En el Palacio de Hacienda no quieren la aprobación porque debilitaría el frente fiscal.
El convenio con Japón también tiene nombre y apellido: la automotriz Toyota.
Los millones que se pierden en la canaleta de las guaridas fiscales
Tax Justice Network estima que los países dejan de recaudar más de 472 mil millones de dólares al año debido al abuso fiscal internacional. De ese monto, casi 301 mil millones de dólares se pierden porque las corporaciones multinacionales trasladan sus ganancias a guaridas fiscales para informar menos beneficios de los que realmente obtienen en los países donde operan, y, como resultado, pagan menos impuestos de los que deberían. Los restantes 171 mil millones de dólares se pierden porque personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley.
Los expertos de TJN estiman que el perjuicio que generan las facilidades para la evasión ofrecidas por Luxemburgo alcanza los 12 mil millones de dólares de corporaciones y los 16 mil millones de dólares de las personas.
Más rico y menos impuestos quiere pagar
Paolo Rocca, titular del conglomerado siderúrgico, petrolero y de construcción, entre otras actividades, es uno de los más entusiastas empresarios con el gobierno de Milei. Se entiende tanta efusividad: se quedó con el manejo de YPF al colocar cuatro hombres en puestos clave de su petrolera Tecpetrol, se beneficiará con la amplia desregulación del mercado energético y pagará menos impuestos si se aprueba el Convenio de Doble Imposición con Luxemburgo.
Este acuerdo exceptúa de tributación en la fuente las ganancias de capital por venta de acciones que cotizan en bolsa, por reorganizaciones (sin definir el concepto) y por transferencia de inmuebles que se utilicen para la actividad de la empresa. Tampoco habilita la aplicación de la limitación en la deducción de marcas y patentes (80% según artículo 92 de la Ley de Impuesto a las Ganancias) y la aplicación de la ley interna para la deducibilidad de gastos de establecimiento permanente.
Para las regalías fija del 3% al 10% con el agravante de la limitación del 15% para las regalías por contratos de transferencia de tecnología no registrados, cuando por aplicación de la legislación interna la tributación sería del 31,5%. Esto activaría la cláusula de nación más favorecida tanto en los convenios vigentes como en los pendientes de ratificación.
Uno de los hombres más ricos del país, dueño de una de las corporaciones siderúrgicas más poderosas del mundo, pagará menos impuestos en caso de que se apruebe este escandaloso Convenio de Doble Imposición con Luxemburgo.
