Es un juego de la gallina entre un Javier Milei que vocifera "es todo o nada" y una oposición amigable que le ruega que se deje ayudar y habilite soluciones intermedias: ninguno quiere ceder, pero la posibilidad de choque -es decir, el rechazo a la Ley Ómnibus- no está tan lejos en el horizonte. Milei se mueve como si no tuviera menos del 15 por ciento de las bancas del Congreso, provoca y llama "coimeros" a los legisladores opositores, pero radicales y lilitos, palomas PRO y pichettistas, se muestran complacientes, exhiben los dientes pero hacen lo posible para diferenciarse de la oposición dura del peronismo. Esta semana comenzará, de acuerdo al cronograma diseñado por Martín Menem, el debate parlamentario, y lo hará en un escenario imposible, de caos y negociaciones truncas en torno a un proyecto inabarcable que no tiene posibilidades de ser aprobado así como está.
Martín Menem ya le puso fecha a la sanción del mega proyecto de 664 artículos: la última semana de enero. Se muestra confiado, presume que "los números están" y enumera: "Nosotros tenemos 38. 37 del PRO, 33 del radicalismo, un importante sector del radicalismo va a apoyar las medidas. Y al bloque de Pichetto lo veo acompañando". Los aludidos, mientras tanto, lo miran con ironía, señalan que todavía no hay nada conformado en Diputados que habilite pensar un rápido tratamiento, y murmuran: "No sé si es torpeza o ingenuidad. Pero es un delirio".
El problema principal es el tamaño del proyecto: son más de 300 páginas que incluyen privatizaciones, endurecimiento de las penas para quienes protestan, flexibilización de normas ambientales, y reformas educativas, impositivas y judiciales. Algunos artículos necesitan, para aprobarse, mayoría simple y otros mayoría absoluta. La eliminación de las PASO requiere un mínimo de 130 votos, mientras que la supresión de la Zona Económica Exclusiva solo necesita tener más votos positivos que negativos.
Después está la cuestión de las competencias afectadas: el mega proyecto debería girar a unas 20 comisiones, pero Menem decidió convocar solo a cuatro (aunque no pudo conformar ninguna todavía). Estas son Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores. En LLA argumentan que esta es la única manera de darle celeridad al debate: "No podemos estar discutiendo seis meses una ley. El período de noviazgo es muy corto. Si esto no lo sacamos de un saque se va a complicar", reconoció un importante operador libertario, blanqueando el cálculo que hacen todos: si hay alguna chance de que el proyecto salga es ahora mientras Milei todavía mantiene una imagen positiva.
Creatividad jurídica y artículos invotables
La pecera en la que Milei puede ir a buscar votos es limitada. Unión por la Patria y la izquierda, así como la cordobesa Natalia de la Sota y los dos socialistas santafesinos, quedan descartados. A los 40 diputados que comanda Cristian Ritondo en el PRO, en cambio, en LLA los cuentan como que ya están adentro. Y se le suman, además, los 39 de la propia bancada oficialista. El resultado depende, entonces, de lo que hagan los 34 de la UCR, los 9 de Innovación Federal (integrado por misioneros, salteños, rionegrinos y santacruceños) y los 23 de Hacemos Coalición Federal (el nuevo bloque integrado por shciarettistas, lilitos y el bloque Migué Ángel Pichetto).
Pichetto, Emilio Monzó, Ignacio García Aresca (Córdoba), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo de Loredo (UCR) y Pamela Caletti (salteña de Gustavo Sáenz) son algunos de los principales interlocutores en Diputados. Se le suman, además, los dirigentes nacionales, como Martín Lousteau, y los gobernadores. De parte de LLA, Milei designó cuatro espadachines: Martín Menem, Victoria Villarruel, Guillermo Francos y Omar de Marchi (el ex PRO que ahora es secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno). Son ellos los que, con cierta dificultad, se encargan de sondear posturas y seducir legisladores.
Pese al desprecio sistemático de Milei al Congreso desde que asumió, la mayoría de los voceros opositores se muestran receptivos y se desviven tirándole salvavidas que el presidente, sistemáticamente, se rehúsa a agarrar. El radicalismo le propuso, primero, enviar leyes espejo al DNU para sortear el prurito republicano que genera el decretazo que elimina de un plumazo más de 50 años de trabajo legislativo. Después, cuando llegó la Ley Ómnibus, le pidió tratarlo por partes. Lo mismo la Coalición Cívica, que viene cuestionando al gobierno con dureza: Elisa Carrió mandó a sus alfiles a celebrar públicamente que la Ley Ómnibus incluyera la ratificación del DNU. La interpretación - o "creatividad jurídica", como lo llaman en UxP - es que, al incluirse el decreto dentro del texto del proyecto, se podría tratar el DNU por partes, reemplazando lo que sostiene la Ley 26.122 (que establece que el DNU debe aprobarse o rechazarse en su totalidad). Cabe destacar que sus socios radicales no están de acuerdo.
El objetivo es agotar todos las alternativas posibles al rechazo. "Estamos de acuerdo en el 90 por ciento de las cosas que proponen", argumentan en el radicalismo y el monzoismo. El camino que encontraron es quejarse de las "formas", es decir: la megalomanía de enviar una ley inabarcable que solo puede votarse como un todo y que pretende, entre otras cosas, que le den facultades extraordinarias al presidente. En el PRO y LLA observan esta postura con cierta indignación: "El primer escolta del libre comercio fue Macri. Se la pasaban hablando en contra del populismo y después ponen excusas. Olvidate de las formas, ¿estás de acuerdo o no?", masculló un dirigente de LLA.
La realidad es que ninguno de los ex socios cambiemitas quiere quedar pegado al kirchnerismo. No de momento, al menos. Aunque sí advierten que no planean entregar un cheque en blanco y que hay aspectos de la nueva ley que no acompañarán. Una es el incremento de las retenciones, otra es la suspensión de la fórmula jubilatoria y la otra es la delegación de facultades legislativas a Milei por dos años. Se suma, a su vez, la privatización de las 41 empresas públicas: muchos están de acuerdo en privatizar algunas - como Aerolíneas Argentinas -, pero no todas e insisten que hay que tratarlas por separado. Pichetto, por ejemplo, sugirió sancionar una ley marco que obligue a que la privatización de cada empresa tenga que pasar por el Congreso. "Ni Menem se animó a tanto", se quejan en su bloque.
Párrafo aparte merece la reforma electoral que propone modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones. Fue uno de los temas que generó más debate interno la semana pasada en el radicalismo, con dirigentes que sugerían considerarlo y otros que, en cambio, aseguraban que era absolutamente inconstitucional (además de perjudicial para las provincias más pequeñas).
Cada bancada hace sus objeciones y marca sus límites, buscando darle a entender a Milei que la ley que envió al Congreso no será la que el Congreso termine aprobando (o rechanzando). Apuntan a modificar artículos, bochar otros y, así, finalmente, terminar con un texto más razonable con el que estén cómodos de acompañar.
El futuro del DNU: la batalla de UxP
El peronismo, mientras tanto, apunta sus cañones al DNU y al debate de la Bicameral de Trámite Legislativo. "Nuestra gesto de rebeldía tiene que ser rechazar el DNU. Porque ya empezó a regir", afirma una de las espadas de la bancada que comanda Germán Martínez. Muchos están convencidos de que es el DNU lo que realmente le interesa a Milei y que la Ley Ómnibus no es más que una distracción. Están a la espera de la convocatoria de la Bicameral: el Ejecutivo tiene ahora 10 días para enviar el DNU al Congreso y, entonces, la comisión debe reunirse para discutirlo. "Nos faltan 20 votos", suelen repetir en el peronismo, aludiendo al número que manejan junto a la izquierda. Pero saben que, pese al rechazo de otros partidos, el escenario es difícil debido al apoyo popular que Milei todavía arrastra. "Del Twitter al culito en la banca hay un trecho, veremos", deslizó un dirigente.
