La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que se conformó dos semanas atrás, presentó ante la justicia una acción de amparo colectivo para que suspenda la vigencia del mega-decreto 70/23 del presidente Javier Milei, que “quebranta principios constitucionales superiores” y acarrea “nefastas consecuencias socioeconómicos”. El escrito lleva las firmas de Claudia Rocca por la Asociación Argentina de Juristas, Cynthia Benzion por la Asociación de Abogados Laboralistas y Matías Fachal por la Federación Judicial Argentina, entre otros, con el patrocinio de Eduardo Barcesat y otros abogados constitucionalistas, y tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3.

El decreto arrasa con principios como “el respeto a la división de poderes, la forma republicana de gobierno y la división tripartita del Poder Constituido, pudiendo generarse una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación”, alerta la Red, que procura con su acción “la tutela jurisdiccional de los intereses de los distintos colectivos que integran las asociaciones que aquí representamos”. Entre los firmantes están también la ex ministra Sabina Frederic como titular del Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia en Foco, Iris Pereyra de Avellaneda por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y Adolfo Pérez Esquivel, Ana Almada y Elizabeth Quintero por el SERPAJ.

El amparo pretende que se declare la inconstitucionalidad del DNU y de “toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fuere dictado en su cumplimiento”. Sobre la pretendida “necesidad y urgencia”, argumentan que el DNU no tiene una fundamentación que avale los cambios que pretende imponer el ordenamiento jurídico sino solamente “afirmaciones dogmáticas”. “No existen razones para evitar el tratamiento de las medidas propuestas por el Congreso, porque no hay motivos que impidan su funcionamiento, máximo cuando ha sido convocado a sesiones extraordinarias”, recuerdan.

Enumeran vicios administrativos y en el procedimiento, y califican de “imperante la intervención urgente del Poder Judicial para realizar el debido control de razonabilidad del decreto”. Alertan sobre las “nefastas consecuencias socioeconómicas y la vulneración de los derechos constitucionales y convencionales” que implica la puesta en vigencia del decreto, que “deroga y/o modifica de forma permanente y en sentido regresivo y más perjudicial para trabajadores y trabajadoras cuantiosas y variadas disposiciones legales en materia de Derecho del Trabajo, de raigambre constitucional, y pone en grave peligro con su aplicación derechos humanos laborales fundamentales”.