Dirigentes políticos del peronismo con representación en el Senado, como es el caso del senador José Mayans, y de la rama sindical, principalmente de la conducción de la CGT, recibieron en las últimas horas detallados informes técnicos sobre las consecuencias y alcances del decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei el 20 de diciembre. Allí se detalla, "artículo por artículo del DNU, a quién beneficia y a quiénes perjudica la medida en el sector que está involucrado", confió una fuente cercana a los encargados de ordenar las conclusiones de, por lo menos, nueve informes recibidos por las autoridades políticas y sindicales de la principal fuerza de oposición. 

"Empresas monopólicas que se beneficiarán por la mejora en las condiciones para exportar, sectores que quedarán quebrados por la invasión de importaciones, empresas vinculadas a funcionarios de primerísima línea altamente beneficiadas, todo está reflejado en el trabajo", sostuvo la misma fuente. El material aludido sería la base de las denuncias que, en pocos días más, empezarían a hacerse públicas en respuesta a lo que fue considerado "un golpe de Estado" por el avasallamiento a las normas constitucionales. Algunos de los especialistas que colaboraron y coordinador equipos para estos trabajos con el economista Miguel Polanski y el constitucionalista Alberto García Lema, según pudo averiguar Página/12.

"Aprobar este DNU y la ley ómnibus de Milei es cerrarle las puertas al Congreso", manifestó este sábado en una entrevista con una emisora radial José Mayans, senador y jefe del interbloque Unión por la Patria en la cámara alta. El legislador formoseño no hizo referencia al frondoso estudio que ya a esa hora tenía en su despacho, pero aludió al estado de confrontación política que habrá con el modelo económico que se intenta imponer.

Los elementos que reúne el informe consolidado de los diferentes estudios técnicos le darán más argumentos a los dirigentes que se enfrenten a los profundos cambios económicos que impulsa el DNU de Milei. Sobre todo, porque identifica detrás de cada modificación de retenciones a las exportaciones, a quiénes beneficia en cada rubro y cómo puede afectar esa misma medida a la actividad económica en su conjunto.

Una de las características muy marcadas en la secuencia de anuncios de estas semanas fue la marcha y contramarcha habida. Primero fue el ministro Luis Caputo, en un mensaje grabado y demorado varias veces en su horario de emisión, quien termina anunciando, dos semanas atrás, una suba de las retenciones a las exportaciones generalizada al 15 por ciento, con la sola excepción de los subproductos de la soja, que del 31 pasarían al 33 por ciento. Estos cambios se implementarían mediante un proyecto de ley a enviar al Congreso. Pero no llegó a cumplirse ese trámite, ya que una semana después, ese anuncio era rectificado por el secretario de Bioeconomía (antes, Agricultura y Ganadería), Fernando Vilella. 

En el interín, se movieron diversos intereses, o "lobbies", que fueron los que le dieron el formato final al proyecto. Todos los productos regionales del listado de exportaciones dejaron de estar en la franja de retenciones del 15 por ciento, y pasaron al cero por ciento. Pero, además, hubo dos rubros industriales que estaban en el grupo de productos con el 15 por ciento,  y pasaron al 8: productos vitivinícolas y aceite esencial de limón. El resto de productos de origen agrícola con agregado de valor industrial, quedaron en el 15 por ciento. 

¿Quiénes se movieron y lograron semejantes virajes? ¿Y a favor de quién? La documentación en manos de algunos dirigentes ya mencionados, y otros de igual nivel, lo describen con pulcritud. El caso de la exportación de subproductos de limón es emblemático. Es un negocio que mueve más de 500 millones de dólares al año, el 75 por ciento tiene origen en Tucumán y la mayor parte del negocio está concentrada en tres empresas. 

Dos de ellas tienen vínculos directos con la familia Macri: San Miguel y Argenti Lemon. La primera, una firma familiar de casi 70 años, tuvo dos momentos bisagra en su historia: la compra del paquete accionario principal por los grupos Otero Monsegur y Miguens-Bemberg, y la fusión con la firma Citrus Trade Famaillá, del grupo Socma (familia Macri). Después de que Citrus Trade pasara a formar parte de San Miguel, la familia Macri creó otra empresa, Argenti Lemon, que no perdió vínculos con la anterior, ya que tuvieron más de un director compartido, que pasaban de una empresa a otra. Además, San Miguel surge como una de las principales firmas aportantes a las campañas presidenciales de Mauricio Macri. La identidad con el color amarillo los une, y no es el único interés en común. 

San Miguel y sus dos colegas menores son las grandes beneficiarias de la baja de retenciones propuesta para 2024 al 8 por ciento. 

El tema de la producción de aceitunas, el aceite de oliva y la vitivinicultura aparecen entrecruzados aunque con intereses contradictorios. El nuevo esquema establece que la exportación de aceitunas no pagará retenciones, pero el principal producto elaborado con ese fruto, el aceite de oliva, pagará el 15 por ciento. La vitivinicultura se liga a esos dos productos sólo por cercanía regional, pero tuvo un tratamiento fiscal diferente a las dos: quedó en el 8 por ciento de retenciones, lo cual le mejoró en 7 puntos la situación con respecto al resto de la industria.

La medida que favoreció a las exportaciones de aceituna por sobre los fabricantes de aceite de oliva amenaza con provocar una crisis sectorial importante. Quitarle retenciones a la aceituna alienta su exportación, pero además incrementa el precio interno del producto, lo cual podría tener un impacto negativo importante en varios fabricantes de aceite de oliva, particularmente en los medianos y locales. Distinta es la situación de aquellas empresas integradas que tienen a dicho producto como uno más en un abanico amplio de ofertas de productos alimenticios. Uno de los principales exportadores de aceituna es la firma Nucete, a la cual está vinculada el ex gobernador tucumano y actual senador Juan Manzur. 

Por otra parte, se presume que el impacto de una caída de la oferta de aceite de oliva y el aumento del costo para quienes sobrevivan a la crisis, dejaría espacio para más importaciones del producto. Hay oferentes en Uruguay muy interesados en esa perspectiva, y se trata de empresas de dueños argentinos, de los que se presume que habrían tenido peso en las decisiones que son motivo de esta nota.

En cuanto a la vitivinicultura, los informes señalan que la mejora en su posición fiscal tuvo doble respaldo: los capitales chilenos que se han hecho fuertes en el sector en los últimos años y el gobierno de Mendoza, que no oculta sus vínculos con esos sectores empresarios. La bodega Trivento, del grupo trasandino Concha y Toro, se ha convertido en un activo exportador de vinos hacia su país, desde donde el producto sigue viaje, pasando por el puerto de Valparaíso, rumbo a países asiáticos. El negocio de esta firma, que cruza más de una docena de camiones diarios por los túneles debajo de la Cordillera, tuvo, como se ve, benefactores de los que careció la industria del aceite de oliva.

En el informe consolidado aparecen menciones, además, a beneficios para los negocios de Aceitera General Dehesa, las empresas en el Sur (Mirgor y Newsan) de Nicolás (Nicky) Caputo y las de su primo,el ministro Luis Caputo, con inversiones en tierras agrícolas en provincias del centro oeste del país, dentro de un volumen muy grande de información, que le ha hecho decir a uno de los coordinadores del trabajo: "No es contra un modelo económico, sino contra un modelo de negocios que estamos peleando, que si sigue avanzando va a terminar con muchos sectores, se va a perder mucho empleo y va a provocar un encarecimiento brutal en el precio de los alimentos para todos los argentinos".