El expresidente boliviano Evo Morales volvió a criticar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo inhabilitó para presentarse como candidato a un nuevo mandato en 2025, al afirmar que "nunca hubo prohibición a la reelección discontinua". El tribunal dictaminó que un presidente, vicepresidente y otros cargos electivos no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua, en un fallo sin posibilidad de apelación que establece que la reelección indefinida "no es un derecho humano". Ante esta situación el Movimiento al Socialismo (MAS) se declaró en alerta ante la "arremetida" contra Morales y el movimiento indígena y campesino, por lo que "si tocan a Evo, tocan a todos".
Un "nuevo ataque fallido" de la justicia
Morales aseguró que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que usa como base el fallo en Bolivia se refiere a la reelección de presidentes que están en el poder. "Por eso el hermano Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil de manera discontinua", manifestó Morales en referencia a que el líder de los Partidos de los Trabajadores (PT) cumplió dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010 y asumió el tercero a principios de este año, tras ganar las elecciones.
"Existe jurisprudencia", sostuvo el líder indígena, que ya ejerció la presidencia durante tres periodos seguidos entre 2006 y 2019. La sentencia del TCP impide a Morales presentarse al frente de la boleta para presidente en los próximos comicios de 2025, una candidatura que impulsa un sector del gobernante MAS.
"Denunciamos que dos magistrados autoprorrogados prevaricaron el 29 de diciembre para introducir de contrabando en la parte considerativa de la sentencia temas de la reelección que no corresponden a la resolución", apuntó Morales en su cuenta de la red social X. "Este nuevo ataque fallido primero a la detención, ahora a la inhabilitación, es contra el MAS-IPSP, pero nos fortalece. Diría que esos magistrados son nuestros mejores jefes de campaña", explicó.
Morales explicó que aún puede presentarse como candidato presidencial, ya que la resolución del TCP respondía un "amparo por libertad de expresión y no por la habilitación o inhabilitación" del exmandatario. "Evo sigue habilitado, esa es mi interpretación, ni la comisión política de Estado ni la opinión consultiva establece ninguna limitación para la reelección discontinua", señaló Morales.
En paralelo el exmandatario renovó sus críticas al Ejecutivo luego de que el sábado acusara al actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido y con quien está enemistado, de "conspirar con la derecha paraproscribir su candidatura". Morales dijo que Bolivia "está siendo gobernada por una mafia", porque a través de operativos policiales extorsionan a los "narco-detenidos" en el Trópico del Cochabamba, mientras se permite desde los ministerios de Gobierno, Defensa, Economía y de Obras Públicas, que salgan toneladas de droga hacia el exterior.
"Esos operativos se utilizaron para beneficios personales y de grupo porque (según sus policías informantes) la plata que sacan no llega a la tropa. Pagaron dos palos y un palo significa 100 mil dólares y en ese operativo sacaron 200 mil dólares a dos narco-detenidos", afirmó en su programa televisivo Evo es pueblo líder de los humildes. También comparó a Arce con el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien luego de haber sido promovido candidato por el partido del exmandatario Rafael Correa, se distanció de él una vez en el gobierno.
La polémica con el Tribunal Constitucional
La semana pasada Morales denunció que se había organizado un operativo para detenerlo, con más de 50 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), pero desde la policía desmintieron esas declaraciones. El dictamen comunicado esta semana por el tribunal boliviano anula otro emitido por el mismo Constitucional en 2017, cuando los anteriores magistrados autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato, con el argumento de que se trataba de un "derecho humano".
Ese fallo generó controversia, ya que la Constitución establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos y, en 2016, los bolivianos rechazaron en un referendo modificar la Carta Magna para habilitar una nueva postulación. Morales finalmente se presentó en 2019 para un cuarto mandato, pero ese mismo año renunció en medio de convulsiones sociales con acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A su salida del país asumió Jeanine Áñez, quien actualmente enfrenta juicios y condenas vinculados a acusaciones de golpe de Estado.
El MAS está dividido en dos bandos, unos que apoyan a Morales y otros adeptos a Arce, debido a las tensiones internas en el partido oficialista que empezó a finales de 2021 ante los pedidos del exgobernante de cambiar algunos ministros, algo que el presidente no hizo. Morales señaló que hay un "plan negro" en su contra e indicó ser víctima del gobierno, el imperialismo y la derecha boliviana que pretenden el "exterminio del movimiento indígena". El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo le respondió que una "pésima lectura del entorno desde el 2016 puso en riesgo la vida de miles de personas, que lamentablemente muchas fueron exiliadas, perseguidas, encarceladas, torturadas y otras incluso perdieron la vida".
