“Es un argumento casi fascista”

El presidente Mauricio Macri dijo que Milagro Sala debe estar detenida y lo justificó en la idea de que es lo “cree” él y también la mayor parte de los argentinos. Las declaraciones del Presidente en Chapadmalal generaron manifestaciones de repudio del equipo de abogados de la líder de la Tupac Amaru: “Es un argumento casi fascista y es antirepublicano porque pensar que la detención de un ciudadano va a depender de lo que la mayoría de la gente cree o no, habla de que tenemos un serio problema”, señaló la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. “Esto lo está diciendo el Presidente de la Nación sobre una dirigente social y política luego de un reclamo del que se hizo eco un grupo de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretario general de la OEA.”

Menos de 24 horas después de la difusión del comunicado de la CIDH que vuelve a exigirle al gobierno argentino el cumplimiento inmediato de la disposición de Naciones Unidas, el Presidente volvió a justificar la detención de Milagro Sala. En la rueda de prensa luego del retiro espiritual con sus ministros, volvió a insistir por un lado con el argumento de que es un problema de la Justicia de Jujuy, aunque se viene diciendo desde el primer día que la contraparte de los organismos internacionales son los gobiernos federales. Pero, por otro lado, asumió en forma personal como no lo había hecho antes, la defensa de la detención, al considerar que él mismo como la mayoría de los argentinos “cree” que está bien detenida por “todas esas causas que tiene abiertas”.

Esta posición volvió a preocupar a los ya sorprendidos abogados de Milagro Sala. “Hasta ahora habíamos escuchado muchísimas declaraciones de ese tipo del contador (y gobernador jujeño Gerardo) Morales. La más conocida entre las últimas fue cuando dijo: ‘Yo no voy a dejar libre a esa mujer’. Y estos dichos fueron hechos por un gobernador, sobre una persona detenida que supuestamente está a disposición del Poder Judicial. Cualquier ciudadano al escucharlo, se tiene que agarrar de los pelos porque con 33 años de gobiernos democráticos no se puede decir eso. En ese momento lo que hubo fue un reconocimiento muy explícito de que está detenida a disposición del Poder Ejecutivo de Jujuy”, dijo la abogada Gómez Alcorta. “Creo que los dichos de Macri, ahora, demuestran dos cosas”, agregó. “Por un lado, nos pareció que está asumiendo en primera persona que él también entiende que tiene que estar detenida porque Milagro cometió muchos delitos. Y segundo, lo más grave, es que dijo que tiene que estar detenida porque la mayoría de los argentinos cree que cometió delitos. Esto es un argumento cuasi fascista y anti-republicano, en la lógica en la que la alianza Cambiemos lo planteó en su campaña y aquí es una idea que no pudo sostener. Pensar que la detención de un ciudadano va estar pendiente de lo que la mayoría de la gente crea o no, habla de que tenemos un serio problema si uno lo logra poner en su lugar. Esto lo está diciendo el Presidente de la Nación sobre una dirigente social y política con un reclamo del que se hizo eco un grupo de Naciones Unidas, la CIDH y el secretario general de la OEA”.

Gómez Alcorta explicó que las resoluciones y comunicados de los organismos de derechos humanos cambiaron las expectativas sobre la detención. “Hasta el 27 de octubre, que fue la fecha en la que salió la resolución 31 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, teníamos todas las instancias cerradas. En Jujuy no hay justicia posible. Es un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo. Por lo tanto, no hay expectativa ninguna, sólo estábamos esperando que el reclamo llegara a la Corte, pero eso calculamos que será el año que viene. Sabíamos que teníamos que irnos de Jujuy. Jujuy es el Estado de excepción, no es el Estado de Derecho”, explicó. “Ahora, desde el 27 de octubre, estamos perplejos porque las resoluciones generaron una ruptura dentro de la alianza del Gobierno y del propio PRO. Hay muchos como (la canciller Susana) Malcorra con trabajo en el ámbito internacional de la ONU que entienden perfectamente la gravedad que tiene esto”. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, ya manifestó a este diario que las resoluciones de la ONU deben cumplirse. Y según Gómez Alcorta, el ministro de Justicia, Germán Garavano, es uno de los que “entiende perfectamente la cantidad de barbaridades que se están haciendo en Jujuy. Uno puede disentir en cuestiones políticas, pero es una persona técnicamente formada. Y cuando uno le muestra los casos, entiende”. 

En ese contexto, la abogada advirtió que están esperando que el Gobierno cumpla con la resolución. “Para nosotros es impensable que el Gobierno no cumpla –dijo–: antes o después”. También explicó que la ley de fueros parlamentarios está vigente. Y que pese a la negativa dada hasta ahora por los tribunales jujeños, los legisladores electos tienen inmunidad de arresto desde el día que son elegidos y de opinión desde que asumen el mandato. Recordó, en ese contexto, que en las causas contra Milagro Sala ningún juez declaró la inconstitucionalidad de la ley de fueros, que es el trámite que debieron haber hecho para detenerla. Y explicó las razones por las que sitúan a Jujuy como Estado de excepción. Dijo que, en menos de 15 días tras su asunción como gobernador, el 10 de diciembre del año pasado, Morales mandó un proyecto de ley para ampliar de cinco a nueve a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia; dos diputados que levantaron la mano fueron designados al otro día en el Superior Tribunal; luego creó el Ministerio Público de la Acusación, como Procuración, y colocó a Sergio Lello el fiscal a cargo de la acusación de Sala. “Tenemos las dos cabezas del Poder Judicial en la provincia que en menos de quince días quedaron absolutamente dependientes del Ejecutivo”, explicó. Y contó que Milagro Sala “está ansiosa porque le cuesta comprender cómo es que el Gobierno no está cumpliendo con una resolución de Naciones Unidas”.