Para las organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, haber participado del confederal de la CGT que definió el paro del 24 de enero es la confirmación de que la central finalmente los considera parte del movimiento obrero. El jueves, después de esa votación, los referentes de la UTEP fueron también al plenario con el que las dos CTA se sumaron a la jornada de protesta. Ese es el perfil que quieren darse para la etapa abierta por la llegada de Javier Milei al gobierno: el de movimientos con trabajo territorial pero mucho más coordinados con las centrales sindicales. Y al mismo tiempo, que apunten a un armado multisectorial. Consideran que la que viene no será una etapa cualquiera, ya que -lamentablemente- muchos más van a acercarse a sus organizaciones, caídos de la clase media a los sectores populares producto del ajuste brutal con que se inició el Gobierno de ultraderecha. 

La UTEP tiene nueva conducción desde noviembre, encabezada por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita, el sector interno que más fichas le puso al acercamiento a la central obrera. “La CGT va a salir a la calle, porque si no sale, la pasan por arriba”, consideran sobre el futuro inmediato los referentes de esa organización social.

A su vez, Héctor Daer, cotitular de la CGT, tuvo un gesto hacia los referentes de la UTEP presentes en el Salón Felipe Vallese, ya que los hizo pararse para que los dirigentes de los gremios los aplaudieran.  

En el confederal de la CGT, Gramajo fue quien propuso hacer plenarios de aquí al 24 de enero, en todo el país, para sumar voluntades al paro activo.

“Las y los trabajadores de la economía popular que constituimos la UTEP participaremos de los plenarios regionales citados para el día 10 de enero. Creemos indispensable la acción en unidad y sincronía de todos los sectores del movimiento obrero argentino para frenar el DNU y la Ley Ómnibus”, planteó la organización de los trabajadores de la economía popular en un comunicado. 

Asambleas mediante, los movimientos sociales de la UTEP buscarán llegar a la marcha que acompañará al paro del 24 de enero con un número más fuerte que el de la multitudinaria movilización del miércoles pasado.

Una de sus líneas de trabajo es la de no salir a la calle sin contar con masividad. Esta medida precautoria -es decir, vinculada al cuidado extra a tener ante las amenazas de represión y criminalización de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, además se vincula a que algunas organizaciones sociales de este sector necesitan de un tiempo para recuperar la gimnasia de salir a la calle, que fueron perdiendo durante la gestión del Frente de Todos.

Los comedores, sin respuesta

Desde el Gobierno, mientras tanto, hubo un giro discursivo. De la promesa inicial de "mantener la billetera abierta" para la asistencia social, el mileísmo pasó a declararle la guerra a la dirigencia de las organizaciones sociales, y cada día suma alguna acción para emparentar la protesta social con el delito  ("el que corta no cobra")  o la corrupción (asimilando el trabajo de las organizaciones a una intermediación). En este sentido, el embate para deslegitimar a los movimientos ha sido más duro que la postura hacia los gremios, con los que el gobierno apuesta a abrir negociaciones.

Una de las consecuencias de este endurecimiento es que continúan trabadas  las negociaciones para el envío de los alimentos con los que el ministerio de Capital Humano debería  garantizar el funcionamiento de los comedores y merenderos de los barrios populares.  Se trata de comedores que están inscriptos en un registro oficial y que contaban con convenios con el Estado.  

El más reciente de estos reclamos fue impulsado por Somos Barrios de Pie, que el viernes llevó al Ministerio de Capital Humano su abanico de planteos. 

"La devaluación y la desregulación de los precios que lleva adelante Milei produjo que tengamos las ollas vacías y cada vez más gente pidiendo un plato de comida en los comedores", explicó Norma Morales, coordinadora de esta organización.

"Necesitamos respuestas frente al escenario que se está viviendo. Le presentamos a la ministra el petitorio pero  no tuvimos más respuesta que la policía federal enfrentando a las cocineras. Es algo vergonzoso. Parece que quieren ignorar la realidad de miles de familias, más ocupados en darle beneficios a la casta que en hacer llegar los alimentos para que las infancias puedan tener todas sus comidas al día".