En este diciembre de 2023, con el cierre de un ciclo y el inicio de otro, efectuar el típico ejercicio de balance y perspectiva representa un desafío para nuestro movimiento de diversidades sexuales. ¿Hasta dónde nos han llevado estos 40 años de democracia? ¿Que hemos logrado? ¿En qué lugar exacto estamos parados como colectivo social, como movimiento?
El jueves 2 de noviembre por la noche, el periodista Luis Novaresio le preguntó a la entonces diputada electa de La Libertad Avanza, Diana Mondino, qué opinaba del Matrimonio Igualitario. "Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", afirmó la flamante canciller del gobierno de Javier Milei.
El vínculo ideológico entre el “lenguaje de odio” y la “violencia por odio” no es algo nuevo para nuestras comunidades de diversidades sexuales. Para citar un antecedente, el 26 de febrero de 1992, Carlos Jáuregui ya lo hacía notar en un comunicado de prensa de Gays por los Derechos Civiles en el que denunciaba las acciones de una Brigada Anti-gay en la provincia de Mendoza que había asesinado a tres homosexuales y a una lesbiana, aparte de herir a otros. En Buenos Aires, las agrupaciones profundamente preocupadas, vincularon el hecho con declaraciones que representantes de la iglesia católica habían realizado recientemente y las marcaron como aval ideológico a esa ola de violencia.
El comunicado de GaysDC afirmaba: “En los últimos días, el diario Página12 de la Capital Federal informó de la supuesta aparición en la provincia de Mendoza de una organización o ‘brigada moralista’ cuyo móvil para asesinar es la abierta condición de homosexuales de sus víctimas, que hasta el momento asciende al número de cuatro. Toda esta situación no es extraña en un país donde el discurso predominante en ciertos sectores importantes de la sociedad es abiertamente discriminatorio o represivo.
Recordemos, entre otras expresiones, las del Padre Lombardero afirmando que, a veces, matar no era malo cuando se trataba de homosexuales y travestis o las más recientes del Arzobispo de Buenos Aires, intentando descalificar a la homosexualidad por considerarla una "desviación de la naturaleza, grosera y hasta estúpida". Estos discursos no hacen más que avalar a los asesinos y sus instigadores.
Las declaraciones del Sr. Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio Quarracino habían tomado estado público solo cuatro días antes de la emisión de este comunicado. Las acciones de GaysDC no se limitaban a denunciar el vínculo entre ambas situaciones; sino que también hacía uso del litigio estratégico para poner en evidencia el estado de indefensión legal en el que las comunidades sexo y genérico diversas enfrentaban tanto frente al lenguaje como a la violencia de odio. Cuando en 1988 se redactaba la Ley Antidiscriminatoria, la Comunidad Homosexual Argentina propuso al entonces senador Fernando de la Rúa, autor del proyecto, que incluyera a las “personas homosexuales” como categoría protegida.
La solicitud no fue atendida en ese momento y como consecuencia, en la actualidad, la Ley Antidiscriminatoria 23.592 no protege a las personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género. A inicios de agosto de 1994, ante las expresiones ostensiblemente segregacionistas de Monseñor Antonio Quarracino en su programa televisivo semanal, GayDC inició por segunda vez acciones judiciales. Con la firma de catorce personas integrantes de las diversas agrupaciones del movimiento, los abogados de GaysDC presentaron la querella al cardenal en base al artículo 212 del Código Penal (incitación a la violencia contra grupos de personas) y en la Ley 23.592 (actos discriminatorios).
En octubre de ese año, el Juez Oyarbide, actuante en la causa, desestimó la querella afirmando que si la ley 23.592 hubiera contemplado la "orientación sexual", sí habría habido delito. En mayo de 1998, un proyecto de modificación de la Ley Antidiscriminatoria que buscaba incluir la “orientación o identidad sexual” entre las categorías protegidas fue presentado por los diputados y diputadas Elisa Carrió, Alicia Castro, Nilda Garré, Diana Conti, Graciela Fernández Meijide, Irma Roy, Alfredo Allende, Luis Brandoni, Alfredo Bravo, Juan Manuel Casella, Ramón Torres Molina, y Juan Domingo Zacarias. Si bien esa propuesta no prosperó, la Comunidad Homosexual Argentina siguió abogando incansablemente hasta el día de hoy por una modificación de la Ley Antidiscriminatoria.
Ese es también un reclamo constante entre las consignas de las Marchas del Orgullo que cumplieron su 32ª celebración el pasado 4 denoviembre. Desde el año 2007 la Federación Argentina LGBT+ impulsa una nueva ley deprevención y sanción de actos discriminatorios. Los dichos de la actual canciller Mondino, que al hacer uso irrestricto de la libertad de expresión no consideró desde su responsabilidad como funcionaria las consecuencias hacia los sectores más vulnerables de la población de su propio país, son además un recordatorio del nivel de desprotección que al día de hoy tiene nuestra comunidad no solo ante el lenguaje de odio sino también hacia la violencia.
Las leyes de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género, del DNI No Binarie o de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero han sido fundamentales para que nuestras comunidades pudieran integrar productivamente sus proyectos de vida dentro del entramado social nacional. Sin embargo, no son suficientes frente a las expresiones de odio que luego se materializan en violencia concreta. Tampoco lo son los ministerios y funcionariado especifico que ante la nueva administración gubernamental se esfumaron como pompas de jabón.
¿En qué nos equivocamos?
Hace un par de días un querido amigo activista me preguntaba en qué nos habíamos equivocado como movimiento. Honestamente, no creo que haya error. El reclamo por una ley que proteja a nuestras comunidades ha sido una constante llevada adelante por varias organizaciones a lo largo de los últimos 35 años de historia de nuestro movimiento, contando con integrantes aliados de diversos sectores partidarios que han intentado avanzar esas iniciativas. Sin embargo, a 40 años de democracia, aquí estamos, con el mismo nivel de exposición al odio y a la violencia.
Para quienes consideramos que nuestra sociedad debe fundarse siempre sobre la base del respeto y la igualdad, tanto el lenguaje de odio como la violencia con motivos discriminatorios son un menoscabo a la conciencia democrática republicana, que es la única garantía de las sociedades modernas. Por esa razón creemos firmemente en la importancia, y más aún en momentos como el presente, de insistir imperturbablemente en que se promulgue una legislación que nos proteja. Aunque mas no sea para recordar a quienes ejercen roles emblemáticos, ya sea como funcionarios públicos o líderes espirituales, que nada está más alejado de sus deberes que fomentar con sus dichos el odio, la discordia y la violencia, y que les ayude a tomar conciencia de que desde siempre todas las sociedades estuvieron y están conformadas por las personas más diversas que pacíficamente trabajan, sufren y gozan, como también lo hacen dentro de esta gran sociedad que es el pueblo argentino.
Relaciones pacíficas que el alto rol de sus deberes les llama a proteger y defender. Por otra parte, no debemos olvidar que están esperando recibir sanción definitiva en el senado la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (A-69)” y la “Convención Interamericana contra el racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68)”. Ambas normas que habían sido aprobadas por los Estados miembro de la OEA en junio de 2013 en Guatemala y firmada por nuestro país en ese momento, ya tienen media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación. El 27 de octubre de 2021, por iniciativa y autoría de los Diputados Maximiliano Ferraro (Coalicion Cívica) y Enrique Estévez (Partido Socialista) entre otrxs; la Cámara giró al Senado los dos proyectos de ley que adhieren a esos dos tratados internacionales.
Apenas el mes pasado; la Federación Argentina LGBT+, emitió un comunicado solicitando al Senado de la Nación dar sanción definitiva urgentemente a estas Convenciones para dotarlas de rango Constitucional en los términos y condiciones del art. 75, inc. 22, de la Constitución de la Nación Argentina. La ratificación de estos documentos, que manifiestan en forma explícita el compromiso de los Estados parte en la lucha contra toda forma de discriminación, incluyendo aquella basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género constituye un paso fundamental que dotará anuestro país de las herramientas adecuadas para evitar que el uso irresponsable del poder fomente la violencia hacia cualquier sector minoritario de la sociedad, y ayuden a generar la paz necesaria para el sano crecimiento de una nación democrática.
*Activista feminista defensor de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos desde 1987, Miembro de la Comunidad Homosexual Argentina y de Gays
DC.
