Fue el escenario del trágico incendio del año 2009 en el que murieron seis niños. Sede de un banco hasta mediados de los '80, abandonado y ocupado desde entonces y hasta el incendio, el histórico edificio de Almirante Brown y Suárez, barrio de La Boca, cuenta desde hace más de diez años con una ley que prevé su expropiación para destinarlo a la construcción de un jardín de infantes en un barrio con una situación crítica en materia de vacantes. La ley, sin embargo, nunca se cumplió y el plazo de expropiación caducó. Ahora los vecinos y vecinas de La Boca, agrupados en distintas organizaciones, reclaman que se reactive el proyecto que, aseguran, "reúne el consenso de todo el barrio".

La madrugada del 10 de enero de 2009 las llamas hicieron colapsar la estructura interna del viejo edificio de dos plantas de Suárez al 400, esquina Almirante Brown. Allí vivían hacinadas, para entonces, unas 25 familias que ocupaban el lugar. Por el incendio murieron seis hermanos: dos nenas de 1 y 4 años, y cuatro varones de 7, 9, 11 y 13. La tragedia destruyó el interior del edificio pero dejó en pie toda la estructura exterior. En su fachada, ennegrecido por las llamas sobre la puerta tapiada, todavía se lee el nombre de la entidad dueña del edificio hasta 1985, año de su quiebra: Banco Italia y Río de la Plata (BIRP). 

La parte baja, en tanto, fue intervenida con grafitis por las diversas organizaciones que trabajan en el barrio y con algunos carteles que sostienen el reclamo que levantan desde hace más de una década: "Acá falta un jardín", dicen los afiches. "Todos los años tenemos terribles problemas de vacantes que se terminan judicializando y el hecho de que funcione un jardín ahí serviría para aliviar un poco esa situación. Desde el punto de vista urbanístico, además, hoy el edificio es una mole en una esquina que no tiene ninguna utilidad y que podría ser un edificio nuevo. Por donde lo mires es necesario, por eso reúne el consenso de todo el barrio", dice a Página 12 Natalia Quinto, integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone (LBRyP), una de las organizaciones barriales que impulsa la iniciativa. 

En el año 2012, la Legislatura porteña aprobó la norma que parecía darle la derecha a los vecinos y vecinas. La Ley N°4.088 declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble en su totalidad y establecía que debía ser "destinado a la creación de una escuela infantil de jornada completa que incluya jardín maternal y jardín de infantes"; es decir, para alumnos y alumnas de los 45 días a los seis años. Curiosamente, el proyecto que remarcaba "la necesidad que existe en el barrio de dicho establecimiento en homenaje a los niños fallecidos en el lugar”, llevaba la firma del actual secretario de Seguridad y jefe de la Policía porteña, Diego Kravetz. Años atrás, en 2006, su esposa y ahora exministra de Educación, Soledad Acuña, había firmado una iniciativa de carácter similar. 

"Fue ella quien, como funcionaria, no cumplió con la ley que se promulgó", advierte la integrante de LBRyP. "Las leyes que involucran la expropiación de inmuebles siempre están sujetas a la Ley de Expropiaciones de la Ciudad, que prevé un plazo límite de cinco años para realizarla. Si no se hace en ese lapso, se cae, y como en este caso se dejó vencer el plazo ahora habría que hacer otra ley, pero se han presentado proyectos posteriores que no trataron ni en comisiones", agrega. A mediados de diciembre, LBRyP junto al gremio UTE-Ctera y otras agrupaciones del barrio, como Vecinos de La Boca y Encuentro por la Memoria La Boca - Barracas, realizaron un acto con radio abierta y señalización al edificio para volver a reclamar el jardín. 

Según advierten, las vacantes disponibles para el nivel inicial escasean en todo el barrio. Si bien en los últimos años se han sumado otros dispositivos como los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) y Centros de Primera Infancia (CPI), ninguno de ellos cuenta con las características propias un jardín de infantes. "Son lugares en donde se cuida a los niños, donde se los deja con ese objetivo, pero sin proyecto pedagógico", sostiene Quinto, que añade que, incluso en esos dispositivos, "a veces hay lugar y a veces no". 

La falta de establecimientos educativos y su consecuente crisis de vacantes es uno de los tantos puntos por los que La Boca está declarado por ley en "emergencia urbanística y ambiental en lo referido a vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas" desde el año 2006. La integrante de LBRyP cuenta que en las discusiones de la unidad ejecutora de recuperación del barrio, de la que participan representantes de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Vivienda de la Ciudad, "está incluida la propuesta por el jardín, que quedó dentro de los lineamientos, pero la verdad es que nunca avanzó".