El Ministerio Público de la Acusación de Rosario tuvo ayer sus dos primeras audiencias imputativas en relación a la ley de microtráfico, sancionada en diciembre pasado y vigente desde el viernes, previo a la feria judicial. Ambos casos están relacionados con el intento de ingresar y suministrar material estupefaciente a internos de la cárcel de Piñero. Las imputaciones recayeron sobre un hombre y una mujer, cuyos hijos están presos. Ambos fueron acusados por el fiscal Mariano Ríos Artacho, quien les achacó el delito de suministro gratuito de estupefacientes, en grado de tentativa. Los dos recuperaron la libertad por un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, por cuestiones como la falta de antecedentes, con reglas de conducta que deberán cumplir por un año, según ordenó la jueza Silvia Castelli.
La primera imputación recayó sobre Miguel A., acusado por ingresar material estupefaciente a su hijo, que cumple condena en esa unidad penitenciaria. En audiencia imputativa el fiscal le atribuyó al acusado de 74 años el delito de suministro gratuito de estupefacientes en grado de tentativa. La acusación indica que intentó ingresar el material mencionado, a las 9.30 del 30 de diciembre, en el interior de un recipiente hermético que contenía comida mezclada con 119 envoltorios. El análisis del contenido dio resultado positivo para cannabis, con un peso aproximado de 85 gramos.
En tanto, Teresa B. fue acusada de intentar ingresar 136 envoltorios de cannabis a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, el mismo día, pasadas las 16. Ríos Artacho detalló que el material estupefaciente intentó ser ingresado en un recipiente hermético que contenía comida mezclada con los envoltorios termosellados. Al analizarlos, el test arrojó resultados positivos para cannabis, por unos 38 gramos. El recipiente fue secuestrado por personal del Servicio Penitenciario luego de la requisa de los elementos que portaba la visitante de 76 años.
Uno de los presos en cuestión, Ángel Arce, cumple condena por tentativa de homicidio; mientras que Omar Biausitti es un preso de alto perfil acusado por portación de arma, robo calificado y asociación ilícita.
Ambas audiencias tuvieron que ver con la ley aprobada el 18 de diciembre pasado que desfederalizó la persecución penal del microtráficos de drogas y determinó que el MPA tiene competencia en casos de fraccionamiento.
Resolución
La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, firmó la resolución 467 que define los lineamientos institucionales sobre la implementación de la nueva competencia legal que le otorga al MPA la ley provincial 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
En su resolución, señala que “esta instancia es una ampliación al trabajo conjunto ya existente entre el MPA y la Procuración General de Nación, y particularmente con la Procunar, en el marco de casos de criminalidad organizada, siendo la presente una oportunidad para profundizar, extender e institucionalizar el trabajo conjunto”.
La resolución advierte que la tarea que realizará el MPA será gradual y progresiva hasta tanto “se reúnan las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa”. En tal sentido, Vranicich enumera las “reformas legales a la ley provincial 13.013; al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y la creación definitiva de la Agencia Especial de Inteligencia, recursos humanos y equipamiento”.
En este marco se dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará en el ámbito de la Fiscalía General las gestiones sobre esta materia, integrado por las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el Subdirector provincial de Investigaciones Criminales del OI, Víctor Moloeznik; y la Secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.
"Todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos alcanzados por la desfederalización. La actuación fiscal se regirá de acuerdo a las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo, que tendrán difusión institucional previo a la entrada en vigencia de la ley”, expresa.
Asimismo, Vranicich agregó que este equipo trabaja para delinear junto a personal del Ministerio de Seguridad los protocolos conjuntos que aplicará la Policía de Investigaciones bajo la modalidad de directivas estandarizadas.
