Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización violenta Revolución Federal, acumula procesamientos por amenazas y coacción, además de incitación a la violencia colectiva, sin prisión preventiva. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo responsabilizó al terminar el 2023 por amenazar al periodista Víctor Hugo Morales y al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ya había sido procesado por acciones de amedrentamiento contra figuras políticas, por provocar daños en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y por agitar ataques --incluso hablar de asesinar a la exPresidenta-- en la plataforma Twitter Spaces. Todas esas resoluciones definen lo que hacía este grupo de ultraderecha hasta que ocurrió el intento de magnicidio contra CFK. En ese momento se cortaron también los pagos que recibía Morel del Grupo Caputo, de al menos 15 millones de pesos, por supuestos trabajos de carpintería. Pero esa pata de la investigación, la que debe determinar si la finalidad era financiar a la agrupación, se dilata y sigue inconclusa. Ningún Caputo fue citado a indagatoria. 

Con el último procesamiento por amenazas y coacción, el juez mantuvo el embargo ya fijado a Morel de 4,2 millones de pesos. Los casos puntuales por los que quedó nuevamente comprometido fueron las expresiones respecto de Víctor Hugo en la plataforma de Twitter donde Revolución Federal hacía reuniones que llegaban a tener 2000 participantes. A cada evento le ponían un nombre. El del 19 de agosto de 2022 se llamó "No llegan a diciembre". Allí Morel dijo al mostrar al periodista en la televisión: "Viejo pelotudo. La gente está harta de escuchar a personas como vos... por favor. ¡Prendería fuego C5N! Y agradecé que somos sesenta, ¡si somos doscientos... pero desaparecen! ¡Uno por uno desaparecen!". "Lo cagaría a trompadas, hasta desfigurarle la cara... que viejo pelotudo". 

El episodio que tuvo como blanco a Ferraresi, cuando era ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ocurrió el 4 de julio de ese 2022. Fue cerca de la Casa Rosada, cuando Morel empezó a perseguirlo por la calle y le gritaba: "Traidor a la patria, te vamos a prender fuego, la concha de tu madre. Vamos a matarlos, uno por uno los vamos a bajar a estos hijos de puta". Para ambos casos el delito que aplicó Martínez de Giorgi es el castiga con seis meses a dos años de prisión al que "el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas". 

En los inicios de la investigación sobre Revolución Federal, el juez y el fiscal Gerardo Pollicita trazaron una relación entre los hechos de violencia que generaba este grupo (las bolsas mortuorias en Casa Rosada, las antorchas arrojadas también allí, la marcha con la famosa guillotina --entre otras--, las charlas en Twitter, siempre con consignas de muerte y/o prisión) y el atentado a CFK. Sostuvieron que este hecho había sido el punto máximo de una escalada de violencia política alimentada por ese tipo de hechos. Les adjudicaron una forma de asociación ilícita que consiste en intentar imponer sus ideas por la fuerza, que prevé de tres a ocho años de cárcel. 

Al comienzo, en octubre de 2022, estuvieron detenidos Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. La Cámara Federal los liberó y cambió la imputación por incitación a la violencia colectiva, con una pena máxima de seis años. Sosa y Guerra son lo que visitaron a la vecina del piso de arriba de la exvicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto, en los mismos días en que transcurrían las marchas para respaldarla durante el juicio por la obra pública. Guerra hasta dijo que le hacía arreglos. Nunca se investigó. 

El año pasado Morel y Sosa tuvieron otro procesamiento por incidentes junto al domicilio de CFK en Recoleta el 22 de agosto de 2022, el día que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ella. Arrancaron una valla como para tener a mano algo que arrojar y también fue procesado otro miembro del grupo, Natanael Rinstein Menin, quien llevaba una preparación tipo molotov y quiso morder a un policía que intentaba frenarlo. En la misma jornada, comenzaron movilizaciones en aval a Cristina Kirchner que siguieron 11 días, hasta que el 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel intentó matarla, pero falló. Se hizo pasar por militante y llegó a estar a centímetros de ella, la misma idea que Morel dijo que tenía en las charlas en Twitter. Decía que no podía hacerlo porque lo conocían "los nenes de La Cámpora". 

El financiamiento

Morel declaró en su momento que desde hacía algo más de un año (en 2021) tenía una carpintería, y que había aprendido el oficio por Youtube. Dijo que un día pasó por el pequeño taller en Boulogne --que no tenía cartel en la puerta-- Rossana Pía Caputo, una de las hermanas del actual ministro Luis "Toto" Caputo, y que le compró unas banquetas para su casa en un country. Como se le rompieron le pidió que fuera a repararlas, y ahí mismo le ofreció un negoción para Caputo Hermanos (empresa de grandes emprendimientos inmobiliarios): equipar todo un edificio de 60 departamentos en Añelo, Neuquén, o sea, a más de 1000 kilómetros. Le encargó 144 mesas de luz, 144 respaldos de camas, 60 sillas y 48 banquetas. Hasta sommiers, colchones y almohadas le pidió. La defensa de Caputo Hermanos es del estudio de Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia. 

Como es obvio, su diminuto taller no tenía capacidad de hacer eso. Facturaron en su nombre varios conocidos suyos, y proveedores, alguno ya ligado a Caputo. Su expareja y su novia, por ejemplo, se anotaron especialmente en el monotributo y la querella de CFK reveló que parte se pagó en efectivo. Los pagos empezaron el 24 de mayo de 2022, un día antes de la primera marcha con antorchas de Revolución Federal y terminaron a fines de agosto, antes del atentado. Dos testigos empleados de Caputo Hermanos declararon que no se solía pagar en efectivo pero aquí fue distinto, que Morel retiró 1.500.000 de pesos y Rossana Caputo no tenía un papel en la empresa. Según el Tribunal de Tasación los muebles costaron con IVA unos 15,5 millones pero no aparece el valor del flete, del que se habría ocupado Morel. Las querellas reclaman la indagatoria al menos de Rossana Caputo hace meses. No tienen dudas de que la agrupación fue financiada para generar violencia.