En una de sus primeras medidas sustantivas sobre el comercio exterior, la administración Milei barrió con el sistema de licencias no automáticas de importación (LNA) al implementar el “Sistema Estadístico de Importaciones”.

Concretamente, se eliminó el requerimiento de tramitar un permiso oficial para poder importar un amplio grupo de bienes (mayor al 40 por ciento del total) regulado hasta acá bajo el régimen de licencias, aun cuando siguen en pie controles vinculados tanto a la capacidad económica y financiera de los operadores comerciales como respecto al cumplimiento de exigencias y estándares de naturaleza sanitaria, fitosanitaria, técnica, ambiental, entre otros, dependiendo del producto.

Las consecuencias de este giro aperturista, que será complementado con otras acciones de “facilitación del comercio”, no requieren ser detalladas. Cada oleada neoliberal repite iguales secuelas con diferencias en el grado de destrucción del tejido socio-productivo de acuerdo a la intensidad con que se aplican las recetas liberalizadoras.

Tan cierto como ello es que las crisis que históricamente desataron ese tipo de ideas llevaron a disímiles administraciones a cambiar el sentido de la política comercial, a fin de dar respuesta a otras necesidades --de índole fiscal o cambiarias, mayormente--, como sucedió tanto en la década del 1980 con los controles a las importaciones, a inicios de los años 2000 con los derechos de exportación o luego de 2018, con el restablecimiento de los derechos de exportación y la suba de la tasa de estadística en las operaciones de importación.

Etapas

Las LNA se erigieron en las últimas décadas como uno de los instrumentos predilectos para intervenir en el comercio exterior. El recurso, en particular, adquirió mayor intensidad en cuatro coyunturas. En primer lugar, al calor de la crisis internacional de 2007-2009, cuando su uso se extendió con fines proteccionistas, abarcando en promedio el 7 por ciento de las posiciones arancelarias con el objeto de resguardar a “sectores sensibles” como calzados, textiles, juguetes, motocicletas, máquinas y aparatos o productos metalúrgicos. Los plazos de otorgamiento de las licencias, en este marco, empezaron a superar sistemáticamente los 60 días estipulados en la normativa.

En segundo lugar, y habiendo constituido una efectiva barrera de contención que tendió a reducir las importaciones, en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández se avanzó hacia un esquema reforzado en un marco de restricción externa, reemplazando las LNA por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, que cubrieron la inmensa mayoría de las importaciones y, a su vez, le otorgaron al Estado nacional un control sin precedentes sobre las compras externas y, junto a ello, la oportunidad de lograr otros acuerdos con grandes operadores respecto a precios, condiciones de abastecimiento y/o inversiones. 

Esta fase concluyó en 2015 como consecuencia de un fallo adverso en la Organización Mundial del Comercio, producto de un reclamo efectuado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, en razón del cual el país se comprometió a eliminar dicho sistema.

La tercera etapa se produjo durante el macrismo, con la efectiva derogación de las DJAI y el restablecimiento del sistema de licencias no automáticas, que contempló en ese entonces más del 10 por ciento del universo de posiciones arancelarias, pero en un contexto general de apertura, por lo que su efecto como mecanismo de dilatación o de restricción de las importaciones fue menor. En rigor, en esta etapa se alcanzó un déficit comercial histórico. Durante el gobierno de Alberto Fernández, finalmente, el sistema siguió en pie, pero se acrecentó considerablemente su cobertura a medida que la escasez de divisas se tornó más crítica.

Instrumentos

Naturalmente, la administración de importaciones suele ser conflictiva y lo es todavía, más en esquemas rígidos y de extenso alcance. No obstante, su utilización es un lugar común puesto que la dominancia de las necesidades macroeconómicas sobre la política comercial externa resulta un elemento inalterable desde la vuelta de la democracia. 

Dicho esto, como contracara, esta alternativa conlleva otros contratiempos, al afectar la producción, el abastecimiento y los precios. A su vez, y en tanto la estructura productiva nacional es altamente dependiente de las compras externas, impedir el ingreso de insumos o productos críticos condiciona el “normal desenvolvimiento” productivo.

Ahora bien, y tomando distancia del caso argentino, cabe advertir que el modo en que nuestro país utiliza tradicionalmente las LNA dista de representar un lugar común en términos internacionales. El mundo se rige bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio que, aun en crisis, sigue definiendo los lineamientos que enmarcan las relaciones comerciales a nivel global, de acuerdo al mantra del “libre comercio”. Por ello, buena parte de las prácticas proteccionistas fueron dejadas de lado; con especial énfasis, aquellas que supieron utilizar tanto los países desarrollados como algunos a países de industrialización reciente para subir la escalera del desarrollo.

En el caso de las licencias, por ejemplo, existen compromisos a nivel multilateral desde hace más de cuatro décadas –en tiempos del GATT-, que con el establecimiento de la OMC a mediados de los 1990 adquirieron un carácter obligatorio. 

Allí se estipula, por caso, que el trámite de las licencias no debe restringir o impedir las importaciones. Pero el “caso atípico argentino” respecto a las LNA no supone que la desaparición de las prácticas proteccionistas a nivel global tenga asidero: el mundo desarrollado siguió utilizando diversos instrumentos con espíritu proteccionista y, en la actualidad, está en pleno giro hacia un neoproteccionismo, donde tallan fuerte otras políticas comerciales e industrial como los subsidios, los aranceles, las compras públicas, la inversión en I+D y el fomento exportador.

Neoproteccionismo

El caso estadounidense es particularmente ilustrativo en ese sentido. El gobierno de Biden lanzó en los últimos tiempos múltiples medidas --Chips and Science Act, Inflation Reduction Act, or Buy America Build America-- invirtiendo miles de millones de dólares con el objeto de responder tanto a los desafíos que presenta tanto China como al incremento de la desigualdad en su propio territorio, el cambio climático y la necesidad de construir una cadena de proveedores más resiliente ante la inestabilidad que se produjo luego de un conjunto de eventos disruptivos, como la pandemia.

En este escenario, la insistencia liberalizadora como solución a los problemas nacionales resulta un nuevo retroceso de consecuencias gravosas, además de ser un planteo cada día más anacrónico en los tiempos que corren. 

Lamentablemente, darle un nuevo sentido a la política comercial, calibrando distintos instrumentos para alcanzar un equilibrio entre la necesaria protección y la facilitación comercial a efectos de robustecer el comercio exterior nacional hoy resulta una quimera, dado el peculiar mix entre la visión ultra-ideologizada del gobierno de Milei y los intereses de determinados sectores del capital que pugnan por reconfigurar el accionar estatal a su favor.

Construir una alternativa, entonces, será otra de las tareas indispensables para un futuro hoy incierto, en el cual de todas formas será tan necesario como lo fue en los últimos años replantear estructuralmente la política industrial, comercial y tecnológica para lograr producir una transformación sustancial de la estructura socio-productiva acorde al objetivo de construir una sociedad más justa.