El presidente catalán, Carles Puigdemont, afronta hoy el plazo final que le dio el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para desistir de la independencia, pero aunque ambos reafirman su disposición al diálogo, sus puntos de partida son tan distintos que todo apunta a que no habrá marcha atrás en el plan secesionista y se desatará una inédita intervención en la comunidad autónoma de Cataluña. 

Puigdemont insiste en que su oferta de diálogo es sincera, aunque quiere hablar únicamente del derecho de autodeterminación de Cataluña que, argumenta, apoyan una mayoría de catalanes que a su juicio se expresaron de forma abrumadora a favor de independizarse de España en el referéndum del 1 de octubre, celebrado bajo prohibición de la Justicia española y represión policial ordenada por el Estado español. 

Para el gobierno de España, en cambio, el diálogo sólo es posible en el marco de la Constitución española, que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y, por lo tanto, no reconoce el derecho de autodeterminación para ninguna de sus comunidades con aspiraciones nacionales. 

El marco constitucional, acordado en la transición posterior a la dictadura franquista, es el único escenario posible de diálogo para Rajoy, quien cree que fuera de la ley lo que hay es “imposición”, en este caso de la minoría independentista que llevó adelante un referéndum ilegal, tal como dictaminó el martes el Tribunal Constitucional. Desde esa posición, el líder conservador desconoce el mandato que dice tener Puigdemont para negociar, cuando se refiere a los los 2,8 millones de catalanes, menos del 40 por ciento del electorado, que votaron en la consulta del 1 de octubre. 

Del otro lado, los independentistas remarcan que el referéndum unilateral era el único camino para canalizar las aspiraciones del pueblo catalán ante la negativa del gobierno español a negociar una consulta pactada, posición que consideran “antidemocrática”. 

La estrategia del movimiento de secesión es precisamente demostrar que los derechos de los catalanes están siendo vulnerados por el Estado español, porque confían en que así forzarán una intervención internacional y una mediación en el conflicto, algo que Rajoy no acepta. 

La represión desatada el 1 de octubre fue motivo de condena de autoridades de la Unión Europea, que al mismo tiempo advirtieron a Puigdemont que el diálogo debía encausarse en el marco de la ley. El gobierno catalán, sin embargo, cree firmemente que el carácter pacífico del movimiento independentista es su principal arma frente a la “tentación represora” del Ejecutivo español en manos del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy y, en el mediano o largo plazo, éste factor terminará decantando la balanza a su favor. 

El encarcelamiento de dos líderes independentistas, y reconocidos pacifistas, como el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por delitos de sedición en relación con el referéndum, no hizo más que reforzar esa idea. De ahí que la vía unilateral tiene ahora más razón de ser que nunca. Por eso, de cara al ultimátum que vence a las 10 de la mañana de hoy, nada indica que Puigdemont vaya a dar marcha atrás. 

Tal como adelantó el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, el mandatario mantendrá su oferta de abrir un diálogo de dos meses “sin condiciones”, y luego evaluará la respuesta del Estado español, que por su parte tiene previsto activar el artículo 155 de la Constitución española. 

“¿Qué es el artículo 155 de la Constitución? ¿Cómo lo aplicarán? Si ocupan las instituciones no nos quedaremos de brazos cruzados, habrá resistencia pacífica”, confió una fuente del gobierno catalán. 

La respuesta que negocia Puigdemont con sus socios anticapitalistas de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) –y como también reclaman las entidades sociales– es realizar una declaración unilateral de independencia y convocar elecciones constituyentes, en el contexto de la nueva república independiente. Pese a este probable escenario, el Ejecutivo central español todavía alberga una mínima esperanza de que Puigdemont recapacite y convoque elecciones regionales. 

“Puigdemont está preocupado, porque comprobó que las empresas huyen de una posible declaración de independencia, lo que podría llevar a Cataluña a la ruina, además de que también comprobó que existe una contestación social de gente que no quiere la ruptura, y que la comunidad internacional tampoco los respalda”, dijo una alta fuente del Ejecutivo español que mantiene comunicación con el líder catalán. “Un sector de las entidades y organizaciones sociales que veían con buenos ojos un referéndum pactado, ahora que ven cerca la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y también presionan para pararla”, remarcó la fuente. 

Si Puigdemont no dice nada sobre la declaración de independencia y convoca elecciones, se entenderá que no hubo una declaración unilateral. Pero cualquier otro camino llevará a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a través de medidas que deberán ser aprobadas por el Senado, y que, según el Ejecutivo central tienen como objetivo “restaurar el orden constitucional y estatutario”. 

“Lo aplicaremos de manera inteligente, con un bisturí, con el objetivo de extraer el ‘tumor’, sin caer en la trampa de los independentistas, que afirman que se suspenderá el autogobierno”, explicó la fuente del Ejecutivo español. El gobierno tiene sobre la mesa varias opciones, que en última instancia derivarán en una convocatoria de elecciones regionales, una competencia que es exclusiva del presidente catalán, quien no sería apartado de su cargo, pero tampoco tendría poderes. 

Una de las posibilidades es que se suspenda toda la autonomía y se nombre una autoridad gubernamental transitoria para dirigir toda la administración, en cuyo caso los ministerios españoles enviarían delegados a Cataluña para dirigir a los 180.000 funcionarios del gobierno regional, que deberán responder a la nueva autoridad. La otra opción es intervenir sólo donde “se incumple la legalidad”, con lo que el desafío es determinar los puntos más conflictivos y aplicar allí la suspensión. Los Mossos d’ Escuadra (policía catalana), son el primer objetivo. 

“El problema está en la cúspide”, remarcó la fuente del gobierno central, quien apuntó que el Senado tramitará las medidas excepcionales en el plazo que sea necesario en busca del máximo consenso, lo que le daría tiempo a Puigdemont –unos cinco días– para convocar él mismo las elecciones para dar salida al conflicto evitando un mal mayor.