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El Decreto 7023 y el Proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley Ómnibus) sobrevuelan el Congreso, el primero con poder de vigencia y el segundo como un animal agazapado esperando a su presa. “No la ven”, es la frase desplegada sobre la fachada de la Casa Rosada dirigida a quienes rechazan el shock, el ajuste y la demolición de la mayoría de los acuerdos que hizo la política en los últimos cuarenta años.
“Hay que aguantar, dos, tres meses, un año. Lo que está caro no se compra y listo. La carne va a bajar solita. Yo sé que hay gente que lo puede sufrir un montón, pero era necesario”. Es la voz de un hombre que camina por Chacarita y es interceptado por un cronista que está midiendo el clásico termómetro de la calle en las primeras horas del 2024.
El presidente Javier Milei, horas antes, saluda en cadena nacional advirtiendo que si obstaculizan sus planes -un mensaje directo al Congreso Nacional- habrá “una catástrofe de proporciones bíblicas”. Su mensaje insiste en el primer esfuerzo necesario, la asimilación del shock y aguantar, eso mismo que dice el entrevistado en Chacarita. La pregunta que decanta es ¿cuánto? y el presidente tiene una hipótesis que también esboza en su último mensaje de 2023: "Estoy seguro de que habrá luz al final del camino. En un lapso de 45 años, con nuestras medidas económicas, podríamos aumentar en un 10 por ciento nuestro PBI per cápita".
La gestión libertaria se inauguró con una devaluación del 118 por ciento y un paquete de medidas anunciadas por el Ministro de Economía Luis Caputo al día siguiente de la asunción. Una semana después, el presidente presentó en cadena nacional el Decreto que modifica 366 artículos, 35 leyes y 6 decretos, la base para esta batería de reformas es la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. El tercer casillero por el que pasó la gestión de Milei durante el mes de diciembre, fue el Proyecto de la Ley Ómnibus, que en la línea del decreto y con 644 artículos le solicita al Congreso “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
A la espera de los distintos vericuetos por los que puede pasar la aprobación o rechazo del DNU y el tratamiento del proyecto de Ley, el contenido resulta inabarcable y esa podría ser una de sus fortalezas. Va directo al hueso de la desregulación y favorece a un establishment que pone en práctica rápidamente los beneficios que el DNU en vigencia le trae: derogación de la Ley de Alquileres, liberalización de la compra de tierras para extranjeros, privatización de las empresas públicas, desregulación de las prepagas y de los precios en las góndolas, son apenas un puñado de las medidas que transfieren de manera inmediata ingresos a las corporaciones a las que se les hace agua la boca mientras se regocijan corroborando que la casta era el pueblo. A eso se le suman modificaciones en leyes que estructuran el derecho al trabajo, estirando el período de prueba de tres a ocho meses, facilitando los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limita el derecho a huelga. Este capítulo del DNU fue el único suspendido por una cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo a partir de una presentación que hizo la Confederación General del Trabajo (CGT) la semana pasada.
Las reacciones entran por las rendijas de un gobierno que bombea medidas para reactivar el mecanismo del shock y no da respiro: salarios licuados, precios descontrolados, despidos en el sector público y privado fueron la antesala para que la administración de Milei, además, quitara la devolución del IVA y suspendiera los créditos de ANSES para trabajdorxs y jubilados. Entonces ¿Hasta cuándo?
Alguna luz al final de algún túnel
Dos meses, diciembre de 2025 o 45 años, son los lapsos de tiempo en los cuales se puede prender o apagar la luz al final del túnel que promete el líder libertario, mientras tanto frente al DNU se desplegaron estrategias de rechazo que empiezan a aparecer de manera incipiente y que van desde la calle, pasan por la arena judicial y ponen la mirada en el Congreso: asambleas barriales surgidas al calor de los cacerolazos en repudio al DNU el mismo 20 de diciembre en el que también se puso en práctica el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, organización por parte de los sectores afectados directamente por las medidas y la convocatoria a un Paro General con movilización para el 24 de enero por parte de la CGT.
El Proyecto de la Ley Ómnibus apunta a temas claves como la criminalización de la protesta, la modificación de los parámetros de la legítima defensa o la actual ley de salud mental, en donde la nueva legislación favorecería las internaciones involuntarias y abriría posibilidades para la creación de manicomios e instituciones privadas. También hay modificaciones en la Ley de los 1000 días que de ser aplicadas provocarían un enorme retroceso en discusiones saldadas con la aprobación de la Ley IVE, reforzando el rol de las mujeres como madres y desarmando las ideas en torno a la diversidad y disidencia sexual. En el ámbito cultural se propone el cierre de instituciones como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro como así también el desfinanciamiento del INCCA.
Frente a semejante atropello a los acuerdos democráticos y el rol del poder legislativo, el amperímetro está conformado por el apoyo que conserva o no el actual presidente por parte de sus votantes, la respuesta de las y los legisladores, la respuesta de la calle y el paro del próximo 24 de enero.
