El Gobierno de Ecuador dio a conocer este miércoles a la prensa local las 11 preguntas que el presidente, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional para una consulta popular a celebrarse en marzo próximo, que hacen foco en cuestiones vinculadas a políticas de seguridad y al ámbito judicial. Una cuestión clave es que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna.
Cada pregunta contiene anexos puntuales sobre los que se basa la propuesta del mandatario, sus especificaciones y limitaciones y donde se proponen las reformas legales que permitan viabilizar las propuestas, informó CNN. La Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse tras la presentación del pliego de preguntas. Si el dictamen es favorable el Gobierno notificará al Consejo Nacional Electoral, que será el organismo encargado de convocar el proceso electoral y organizarlo.
El contenido de la consulta
Las primeras preguntas a revisar por la Corte tienen que ver con qué opina la sociedad ecuatoriana respecto de la incorporación plena de las FFAA en el combate a las bandas criminales. "¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?", dice la primera pregunta, según transcriben los medios locales.
"¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal?", agrega otra de las preguntas.
Otras preguntas tienen que ver con incrementos de penas para ciertos delitos y leyes que no permitan la salida anticipada de presos. La consulta también propone una evaluación de los funcionarios de la Función Judicial y una auditoría a sus declaraciones patrimoniales.
Juegos de azar
La última pregunta es la única que no está relacionada con temas de seguridad y justicia. Noboa propone que se permita el funcionamiento de casinos o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. En el documento presentado a la Corte, el Gobierno fundamenta que se trata de una medida para generar empleo. "Es una solución que, siempre y cuando sea regulada de manera cuidadosa, contribuirá a fortalecer la estabilidad económica y en consecuencia, mitigar la inseguridad en zonas de peligrosidad", cita el medio Primicias.
La eliminación de este tipo de negocios se planteó en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, impulsada por el expresidente Rafael Correa. En ese momento, el exmandatario aseguró que el objetivo de eliminar los casinos era crear un ambiente más sano para los jóvenes y evitar que por el vicio del juego los padres de familia pierdan sus ingresos. Incluso, el funcionamiento de estos negocios en el país está definido como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en octubre de 2013. Las personas que lo administren pueden enfrentar una pena de cárcel de uno a tres años y una multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
Los últimos referendos
Ahora bien, a lo largo del último año los ecuatorianos ya participaron de otros referendos. Por empezar, en febrero del año pasado, fueron a una consulta popular convocada por el entonces presidente Guillermo Lasso y el No ganó en las ocho preguntas planteadas por el gobierno, que referían a temas de seguridad, democracia y protección del medioambiente. El resultado marcó, de alguna manera, la profundización de la caída de Lasso en la consideración popular, y apenas meses después el Congreso avanzó en un proceso de juicio político en su contra, que finalmente derivó en la llamada “muerte cruzada”, con el cierre de la Asamblea Nacional (AN) y el llamado a elecciones. Noboa completa por eso el mandato de Lasso, hasta mayo del año próximo.
Otras dos consultas tuvieron lugar el 15 de octubre pasado, en simultáneo a las elecciones: se decidió entonces terminar con la explotación petrolera en el bloque 43 de la Amazonía denominado Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Yasuní, y suspender la extracción de recursos de la reserva del Chocó Andino, en la provincia de Pichincha.
