“El Inadi no es sólo nuestro trabajo, el Inadi son también tus derechos”, dice una de las piezas de cartelería de la campaña que impulsan trabajadores y trabajadoras del INADI en un clima que describen como de “gran preocupación tanto por los puestos de trabajo como por el sentido del organismo, lo que su desaparición representaría”.

La semana pasada profundizaron este estado de alerta, cuando se dieron a conocer los detalles del llamado proyecto de ley Ómnibus, para la reforma de la administración pública, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto propone entre muchos otros puntos, que conforman un plan de ajuste, privatización y desmantelamiento de lo público, la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En el artículo número 348 del apartado de Justicia, el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515, cuyo objeto fue la creación del Inadi como entidad descentralizada.

Eliminar o degradar

Hoy hubo un encuentro con el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona y el Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños en la cual participaron, en representación de los y las trabajadores del Estado, Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital, Rubén López (ATE Capital) y la secretaria de la junta interna de ATE Justicia, Paola Pendrondici, Secretaria General de la Junta Interna de ATE Justicia y la Secretaria Adjunta Ana González Reherman. El presente y futuro del Inadi formó parte central del temario de la reunión, ya que este organismo es uno de los que están bajo amenaza directa de derogación en el Congreso, en el proyecto que espera ser tratado en el Congreso el 25 de enero.

“Según expresiones públicas de Cuneo Libarona y según sabemos formalmente a través de nuestra representación gremial, sobre lo conversado en ese encuentro, el Gobierno ratificó que su decisión es que, en caso de que no prospere la derogación, el INADI pase a la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos, en una versión acotada a lo que es hoy. Pierda su autonomía y también gran parte de sus funciones. Es decir, un achicamiento de estructura y de funcionalidad, y con ello de capacidad de implementación de políticas públicas antidiscriminatorias”. La que habla es Cristina Pérez, delegada de ATE, del Inadi, e integrante de la junta interna de ese sindicato del Ministerio de Justicia. Pérez también le informó a Página12 que hasta el momento no hubo designación, ni contacto directo de parte de la nueva gestión con nadie del Inadi, “lo que demuestra el desprecio por un organismo que es faro a nivel regional e internacional, en materia antidiscriminatoria”.

Desde los gremios sostienen (y ya lo ha hecho el Gobierno reiteradas veces) que la intención de la cartera de Cuneo Libarona más allá de que se apruebe o no el proyecto Ómnibus es la de reducir al Inadi, quitarle el diseño federal, las políticas públicas en el sentido amplio en el cual las lleva adelante. “Quieren vaciarlo de contenidos y degradarlo a la mera recepción de denuncias y en una estructura centralista (no federal), lo que representaría un impacto para la comunidad y también para quienes encarnan esas políticas públicas”.

Qué es y qué hace el Inadi

El Inadi es un organismo que tiene a cargo el cumplimiento de la ley anti discriminación votada por unanimidad en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsin. Amparado por normativa internacional, fue creado en 1995, para promover políticas públicas y, a largo plazo, cambios culturales contra racismo, xenofobia y discriminación. Fue creado en el marco de la respuesta del Estado luego de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

En la conformación de su directorio están involucradas organizaciones de la sociedad civil y articula permanentemente con organizaciones que representan a comunidades de las llamadas minorías, históricamente vulnerabilizadas (personas con discapacidad, afrodescendientes, organizaciones de la diversidad sexual, personas privadas de su libertad). 

En 2005, en la Argentina se aprobó por decreto un Plan Nacional Contra la Discriminación, elaborado por sectores sociales, académicos y políticos, la Secretaría de Derechos Humanos y el Inadi. La lucha contra la discriminación pasó entonces a ser política de Estado y también en su órbita se alimentaron discusiones en torno a leyes que incluso empezaron a superar lo que el propio plan contemplaba. Por ejemplo, el plan hablaba entonces de unión civil, en lugar de matrimonio igualitario.

Tiene entre sus objetivos elaborar políticas nacionales, diseñar campañas educativas, centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias y llevar un registro de ellas. Así como también asesorar a grupos o sectores discriminados, otorgar patrocinio gratuito en actuaciones judiciales o administrativas sobre el tema a las víctimas y, brindar asesoramiento técnico especializado a los tribunales y al Ministerio Público. Se llevan adelante además capacitaciones y trabajo territorial, en todo el país, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales.

Desaparecer, ¿sin más?

La reforma de 1994 elevó a rango constitucional (art. 75) diversos documentos internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (elevada a rango constitucional) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también con rango constitucional). Estas convenciones, tal como lo confirmó más de una vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran por encima de otros tratados internacionales y por encima de la legislación nacional o provincial.

¿Se puede entonces hacer desaparecer así, sin más, al organismo encargado de custodiar esas convenciones, amparado como está por normativa internacional? Desde los gremios entienden que no: que aun en un escenario en el que se aprobara su derogación -contenida en el megaproyecto ómnibus-, debido al rango constitucional de los tratados internacionales a los que responde el Instituto, no es posible eliminarlo tan sencillamente.

Las razones, según la mirada de Cristina Pérez, hay que buscarlas por el lado de un golpe simbólico: “Es ideológico y responde a afianzar a su electorado, desde una lógica antiderechos, de reducción del Estado y de abandonar a quienes a su amparo han conquistado reconocimiento y una vida mejor. Por todo eso el objetivo principal, a lo que apelan, es a lo simbólico, a golpear todo lo que el Inadi representa”.

“Somos aproximadamente 400 personas trabajando en delegaciones en todo el país, donde no solamente se reciben denuncias y se asesora a quienes se acercan, también se articula con los gobiernos locales. Se hace trabajo territorial, capacitaciones. Se diseñan campañas de acuerdo a las características y necesidades de cada territorio. El Inadi hace en toda la Argentina un trabajo fundamental que está siendo invisibilizado, con este discurso no sólo del Ministro de Justicia sino de todo el espacio político que gobierna”, concluye Pérez.