El cuento Dailan Kifki, de María Elena Walsh, se inicia con una situación disparatada: un elefante es abandonado en la puerta de la casa de una niña con una nota en la boca. Esta imagen viene a mi mente cuando intento pensar en los artículos de la Ley ÓMNIBUS, con la diferencia de que en lugar de una nota, se trata de una montaña de papeles con artículos detrás de los cuales se pretende hacer pasar un elefante.

La filosofía del sistema de Fomento del cine fue crear un apoyo para que la industria sea competitiva como lo hacen todos los estados exitosos: en base al fortalecimiento de la producción, y vía créditos a tasas preferenciales. Esa ley existe desde 1957 y ha pasado por gobiernos de todos los signos políticos. Es el sistema que dio por resultado el cine argentino que conocemos: el talento que exportamos, las cinco nominaciones a los Oscar (y los dos premios conseguidos), la calidad de nuestros técnicos, actores, directores, guionistas y productores, formados en nuestras escuelas y fogueados en nuestras producciones de diversos tamaños y formatos ¿Perfectible? Seguramente. 

Hay varias propuestas que materializan la diversidad del sector y proponen herramientas posibles de desarrollo que contemplan los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y los nuevos actores de la producción. No es el caso de la ley, que apunta a destruirlo. El proyecto presentado en la Ley Omnibus no cierra el INCAA, pero le propina un golpe mortal a la producción audiovisual, ya que destruye el Fondo de fomento dejándolo con una sola vía de financiación (el 10 por ciento de las entradas de cine que serían girados por el Poder Ejecutivo), quitándole las otras dos vías existentes: el 25 por ciento del gravamen proveniente del Enacom a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y el 10 por ciento del precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, lo que anula la posibilidad de que las plataformas inscriptas en Argentinas (Netflix, Amazon,etc.) paguen una parte del IVA al INCAA.

Al mismo tiempo, habilita a bancos privados a otorgar créditos a tasa de mercado y otorga algunos subsidios de manera no definida con el magro presupuesto restante. Con el agravante de que quien tome uno de esos subsidios no podrá tomar otro en dos años. Todo ello garantiza que ninguna productora mediana o pequeña argentina (ni director/productor) pueda seguir trabajando, ya que sin continuidad no puede sostener la producción. En espejo a lo que propone el Presidente de la Nación para el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley concentra todo el poder en la figura de su Director del INCAA, quien tendría la facultad de nombrar a los miembros del Consejo Asesor (órgano de co-gobierno) y decidir el destino de los recursos. 

Exactamente lo que se dice que se quiere desarticular. En la actualidad, tanto los Comités de selección de películas como el Consejo Asesor están formados por representantes de las distintas asociaciones del sector a nivel nacional y por los sindicatos de técnicos y actores que tienen la función de que las decisiones representen esa diversidad sin estar sometidos al poder de turno. Queda por analizar la manera en que los intersticios de la ley habilitan que empresas o personas extranjeras puedan utilizar los fondos del INCAA argentino para la producción de películas. La consecuencia de la ley es la desaparición inmediata de puestos de trabajo. 

Para tener idea de la magnitud de la contribución total del cine en el empleo (considerando efectos indirectos e inducidos) el sector alcanza al 3,1 por ciento del empleo de la economía, con 634.465 puestos de trabajo. Si multiplicamos por personas o familias afectadas son más de 2 millones de personas que están afectadas por este flujo de capital. En cuanto a la planta permanente, el proyecto reduce del 50 al 25 por ciento los gastos de personal y funcionamiento del INCAA con el consiguiente despido de personal. Otro dato que causó estupor es que el ENERC, la Escuela de Cine del Instituto, pública y gratuita, ejemplo de Escuela a nivel mundial, desaparece y ni siquiera se menciona su financiamiento. 

En consonancia con todo lo anterior, se han quitado artículos que protegían la cuota de pantalla, que es la herramienta ideada para proteger la siempre magra cuota de películas argentinas en las salas y se quita el apoyo y protección a los espacios culturales y a la preservación de las salas de cine. Asimismo, se ha quitado la obligatoriedad de que las películas no contengan publicidad explicita o implícita y de manera llamativa e inexplicable se ha suprimido la prohibición de que las películas apoyadas por el INCAA contengan escenas de sexo aberrantes o de incitación a la violencia.

Si pensamos que el proyecto del Cine viene de la mano con el cierre del Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y las Bibliotecas populares, podemos concluir que no se trata solo de una cuestión de presupuesto. Estas decisiones tienen un sesgo ideológico y recuerdan las prohibiciones de libros durante la dictadura, como Dailan Kifki. Quizás en ese momento también se hayan desvelado pensando por qué lo prohibían. Y quizás solamente sea, como decía mi tío de 100 años, porque “en este país el poder verdadero no quiere que se fabrique ni un tornillo que sea nacional”.

*Directora, guionista, productora. Egresada de la ENERC, ex asesora del Consejo asesor. Directora de Retiros (in)voluntarios, (entre otras películas).